Merlin Properties, la mayor inmobiliaria por capitalización bursátil en el Ibex 35, ha sido la primera en alzar la voz ante el mercado tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar para suprimir el regimen socimi. Como avanzó ya Vozpópuli, varias de las grandes compañías del sector en España, en especial aquellas con presencia mercantil en otros países, han empezado a valorar diferentes planes de choque, como un traslado de sede. Al cabo de este martes, desde Merlin han informado no excluir "ninguna posibilidad legal" a su alcance. Este miércoles se ha sumado el presidente de Colonial, Juan José Brugera, lanzando advertencias sobre la posible necesidad de reevaluar "su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica".
Y es que las dos socimis españolas cotizadas en el Ibex, tanto Merlin como Colonial, tienen presencia en otras regiones de Europa, a través de activos e incluso la cotización de acciones en otros países, como Portugal o Francia respectivamente, si bien por el momento tienen su sede radicada en España. El acuerdo de intenciones de los socios de izquierdas del Gobierno para poner fin al regimen fiscal de las socimis ha disparado las alarmas, provocando caídas en la cotización de las grandes inmobiliarias españolas superiores al 5% este martes.
"A la vista de las circunstancias, la compañía evalúa en estos momentos distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, para el supuesto de que dicha aprobación se produzca", han informado desde Merlin a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional", ha apuntado por su parte Brugera.
"La evaluación se centra, a corto plazo, en calcular el impacto efectivo en cash flow de esta propuesta, que prevemos limitado por el efecto conjunto de diversas normas fiscales. A medio y largo plazo, se centra en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los citados accionistas, clientes y empleados, sin excluir ninguna posibilidad legal a nuestro alcance".
Por lo pronto, como también informó este medio, la posición de partida de esta y otras grandes socimis pasa por medidas a corto plazo bajo la premisa de que, en palabras de Merlin, "no consta" que el acuerdo de medidas fiscales del PSOE y Sumar que incluiría la supresión del regimen socimi "cuente con suficiente consenso político y técnico para su aprobación".
Y es que el mismo precisaría del improbable apoyo de PNV y Junts para su aprobación en el Congreso. Así las cosas, en diferentes inmobiliarias existe de momento la presunción de que el saldo de las negociaciones parlamentarias no será el fin del regimen socimi en general sino, en última instancia, la introducción de cambios para "acabar con las socimis fantasma que cotizan sin free float solo para obtener beneficios fiscales".
No solo viviendas
El argumentario de PSOE y Sumar en su acuerdo parte de que el regimen socimi "no ha servido para mejorar la oferta de vivienda", frente al que compañías como Merlin oponen que su negocio no incluye el residencial.
"Se vienen utilizando, de forma reiterada, argumentos que vinculan a las SOCIMI con la vivienda, ya sea por las subidas de rentas o precios o la restricción actual de oferta en España. La realidad es que ni Merlin, ni ninguna de las otras tres SOCIMI que actualmente cotizan en el Mercado Continuo, operan en vivienda, como tampoco lo hacen multitud de commercial REITs internacionales con los que competimos", han apuntado desde la principal inmobiliaria cotizada en el Ibex, con una capitalización superior a los 5.000 millones.
"La compañía siempre ha tenido clara la justificación económica de la versión española del régimen REIT internacional, basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias, modernas y sostenibles para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía), todo ello con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos", han incidido desde la compañía que encabeza ejecutivamente Ismael Clemente y que acaba de afrontar una megaampliación de capital en favor de su proyecto de data centers en la Península.
"(El) régimen tributario (socimi) permite eliminar la doble imposición al tiempo que garantiza equilibradamente un determinado nivel de tributación efectiva, la distribución puntual de beneficios y la rentabilidad de ahorradores e inversores. Este régimen es un gran activo para el crecimiento de la economía española".
Afluente inversor la última década
Las socimis constituyen un tipo de vehículo de inversión extendido a nivel internacional que paga impuestos, pero no de sociedades sino solo sobre los beneficios. Su aplicación en España ha facilitado la llegada de inversiones que no entrarían de otra forma, según han reivindicado desde el sector y lo muestra la propia evolución de la inversión inmobiliaria internacional en nuestro país, casi inexistente antes de 2013.
El Ejecutivo del propio José Luis Rodríguez Zapatero fue el que sentó en 2009 las bases para su implementación, si bien fue el ministerio de Economía y Hacienda de Cristóbal Montoro, ya durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el que la desarrolló hasta su puesta en marcha. Entre sus obligaciones aparece el deber de cotizar y el reparto al menos del 80% de su beneficio anual entre sus accionistas.
El origen de la figura del reit se remonta a la década de 1960 en los Estados Unidos, aunque se ha extendido también por Europa. En la última década, España fue de hecho el país que más socimis incorporó, aunque su capitalización bursátil agregada se sitúa lejos de la de EEUU -más de un billón- y detrás de la de países como Singapur, Reino Unido o Francia.
Actualmente, el mercado de las socimis españolas suma una capitalización de alrededor de 25.000 millones de euros, de acuerdo a la consultora Atlas Value Management. Los vehículos sumarían activos en España por más de 50.000 millones que aglutinarían la práctica totalidad del incipiente mercado de vivienda en alquiler de gestión profesional.
