Economía

Grandes inmobiliarias sopesan sacar su sede de España ante el cerco del Gobierno a las socimis

El acuerdo del PSOE con Sumar para poner fin al regimen fiscal alimenta incipientes dudas latentes en algunas de las grandes patrimonialistas españolas

  • La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez -

El acuerdo de intenciones del PSOE con Sumar para poner fin al regimen fiscal socimi alimenta dudas ya latentes en el mercado. Y es que algunos de sus exponentes, tanto del residencial de larga duración como de residencias de diferente índole, oficinas, hoteles, naves logísticas y centros de datos han comenzado a estudiar, de forma incipiente, tanto la viabilidad de la venta de carteras como las posibilidades que tendrían de mudar su sede a otro país donde tengan algún tipo de presencia mercantil ante una eventual pérdida de los beneficios fiscales en España.

Así lo dejan trascender a Vozpópuli diferentes fuentes del propio sector de las socimis, que inciden en que el citado contexto ya ha hecho que algunos inversores con activos en España se decanten por iniciar los trámites para cotizar en otros mercados europeos, como Euronext París. Paralelamente, desde dos de las grandes empresas del sector aseguran que no hay intención de mudanza alguna bajo la asunción, eso sí, de que lo que acabará haciendo el Gobierno -que necesita en cualquier caso del apoyo de PNV y Junts- no será acabar con el regimen socimi en general sino que introducirá cambios para "acabar con las socimis fantasma que cotizan sin free float solo para obtener beneficios fiscales".

Los socios del Gobierno de coalición de izquierdas llevan tiempo coqueteando con la idea de endurecer progresivamente la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario -ya introdujeron en 2021 un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos, una medida que ha resultado casi inocua-. Pero el último acuerdo alcanzado este lunes en el Congreso eleva la 'amenaza' hasta una "supresión" del regimen fiscal en su conjunto "que no ha servido para mejorar la oferta de vivienda".

A este regimen están adheridas las principales inmobiliarias patrimonialistas del país, tanto comerciales como Colonial, Merlin, General de Galerías Comerciales, GMP Property, Lar, Arima, Zambal, Emperador, Castellana, Millenium, La Finca o Meridia, como las más vinculadas al residencial, como Testa, Fidere o Albirana -todas ellas, del fondo Blackstone-, Vivenio, Elix, KtesiosVitruvio, All Iron, Smart Living Properties, Home Capital Rentals, Primero H Socimi, Techo, Saint Croix o Adriano.

Aunque más atomizadas, las socimis enfocadas exclusivamente en vivienda representan cerca del 40% de los vehículos acogidos al regimen, financiados en buena medida por capital extranjero con brazo mercantil en ubicaciones como Luxemburgo o Francia -y, alternativamente, por fortunas familiares españolas. En los últimos meses, varios de estos vehículos han comenzado a sopesar la viabilidad de mudar inversiones en vivienda para alquiler en España a otras modalidades, como el alquiler turístico o el flex living ante las limitaciones introducidas por la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de izquierdas en 2023. 

Boom inversor la última década

Las socimis configuran un tipo de vehículos de inversión que paga impuestos, pero no prácticamente de sociedades -sino solo sobre los beneficios-, lo que ha facilitado la llegada de inversiones que no entrarían de otra forma, según han reivindicado desde el sector y lo muestra la propia evolución de la inversión inmobiliaria internacional en España, casi inexistente antes de 2013.

Fue el Ejecutivo del propio José Luis Rodríguez Zapatero el que sentó en 2009 las bases para su implementación, si bien fue el ministerio de Economía y Hacienda de Cristóbal Montoro, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el que la desarrolló hasta su puesta en marcha. Entre sus obligaciones aparece el deber de cotizar y el reparto al menos del 80% de su beneficio anual entre sus accionistas.

La figura del reit tiene su origen ya en la década de 1960 en los Estados Unidos aunque se ha extendido también por Europa, donde varias de las principales socimis cotizadas en España tienen también presencia y/o al menos sus accionistas mayoritarios. En la última década, España fue de hecho el país que más socimis incorporó, aunque su capitalización bursátil agregada se sitúa lejos de la de EEUU -más de un billón- y detrás de la de países como Singapur, Reino Unido o Francia -aunque por delante de otros como México o Bélgica.

Actualmente, el mercado de las socimis españolas suma una capitalización de alrededor de 25.000 millones de euros, según un reciente estudio de la consultora Atlas Value Management. Estos vehículos sumarían activos en España por más de 50.000 millones que aglutinan la práctica totalidad del incipiente mercado de vivienda en alquiler de gestión profesional.

 

 

 

 

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