Las principales empresas eléctricas europeas, entre las que se incluyen Iberdrola y Endesa, han intensificado las reuniones con la Comisión Europea para acelerar los planes de la electrificación para la economía española, siendo el coche eléctrico el protagonista de las reuniones. 

En concreto, las asociaciones las asociaciones para la electrificación, Avere y ChargeUP junto a Euroelectric (patronal de las principales compañías eléctricas) y EuropeOn se han visto con los vicepresidentes ejecutivos Teresa Ribera y Stéphane Séjourné, y con los comisarios Wopke Hoekstra y Apostolos Tzitzikostas, en varias sesiones para edificar el futuro eléctrico en Europa, tal y como explican fuentes del sector energético a este periódico.

En este contexto, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica también ha enviado una carta a la que ha tenido acceso este periódico en el que demanda varias peticiones para que el coche eléctrico sea uno de los ejes estratégicos de la economía europea.  

En dicha misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, se recogen las peticiones del sector eléctrico a la Comisión Europea, que también es partidaria de la electrificación de la economía. Estas reuniones, a su vez, se producen en un momento crucial para el sector petrolero puesto que están en el punto de mira de las instituciones y también del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya prepara un nuevo impuesto para el diésel.

“Ustedes (CE) tienen la responsabilidad crucial de mantener el marco de 2035 como base para  el crecimiento de este ecosistema. El acuerdo Clean Industrial Deal debe fundamentarse en estos cimientos para ayudar a nuestras industrias a competir con China y Estados  Unidos, que hasta ahora han preparado mejor a sus empresas para el éxito”, recoge el documento.

A su vez, las asociaciones alertan a Bruselas que en caso de que no se lleven a cabo los planes establecidos con fecha de caducidad en 2035, podría provocar un situación “devastadora” para el sector. Además, argumentan que de no continuar con las inversiones tanto Estados Unidos como de China, Europa podría correr el peligro de poner en peligro “muchos de los 220.000  nuevos puestos de trabajo que Europa puede crear por el despliegue de infraestructuras de recarga, y los 190.000 empleos derivados de su capacidad prevista en el desarrollo  industrial de baterías”.

El sector, durante las reuniones que van a mantener durante esta semana, va a pedir que se desbloqueen ayudas adicionales por valor de 300.000 millones de euros gracias “a la transición hacia el vehículo eléctrico”. 

El fururo de Ribera, en el aire

Las conversaciones entre diferentes actores del sector energético se han producido con la incertidumbre sobre Teresa Ribera. La candidata a ser la número de las decisiones políticas en la transición energética tuvo que responder el pasado martes a las cuestiones de los eurodiputados. Pero, más allá de las contestaciones y del argumentario dirigido a los eurorepresentantes, la aún ministra va a tener que sudar de lo lindo para sacar su nuevo puesto adelante.

El Partido Popular Europeo se está planteando dar el visto bueno al nombramiento, una vez que el PP inició una campaña contra Ribera por su gestión de la Dana. Las nuevas condiciones impuestas por la derecha europea buscarían también el apoyo de los socialdemócratas y de los liberales a otros dos miembros del ejecutivo de Ursula Von der Leyen: el italiano Raffaelle Fitto y el húngaro Olivér Varhelyi. Las tres grandes familias de la Eurocámara habían pactado este lunes que la evaluación de los seis vicepresidentes se realizase de forma conjunta. De esta forma, los socialistas hacían la vista gorda con Fitto y los populares validaban a Ribera.

Impuesto al diésel

Las reuniones se van a producir en un momento crucial para el sector energético. Las elecciones en Estados Unidos han provocado un giro de 180 grados ya que Donald Trump tiene unos planes completamente diferentes a los que hasta ahora tenía la Administración Biden. El nuevo presidente electo es partidario por apostar por los combustibles fósiles y prepara una batería de medidas para que la burocracia para extraer crudo sea menor. Por tanto, Europa tiene ante sí una gran oportunidad para liderar la transición energética, más aún con Teresa Ribera. La hasta ahora ministra de la cartera energética del Gobierno de Pedro Sánchez quiere poner coto a las materias primas fósiles. 

Como prueba irrefutable de ello, el Ministerio de Transición Ecológica junto al de Hacienda planean un gravamen al diésel, que repercutirá notablemente en el precio de este carburante.

En concreto, el Gobierno subirá el impuesto de hidrocarburos que paga el gasóleo de automoción en 9,37 céntimos por litro (el tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros) para equipararse al de la gasolina. En realidad, la subida será de 11,33 céntimos el litro porque el impuesto especial forma parte de la base del IVA. Los carburantes llevan IVA al 21%, que gira sobre el precio total, Impuestos Especiales incluidos.

La subida del impuesto de hidrocarburos para el diésel, además, está ligada a las exigencias que vienen desde Europa. Cabe recordar que la Unión Europea supedita las partidas de los fondos Next Generation a cumplir una serie de hitos. En la quinta ayuda que espera España recibir, el Gobierno se compromete a incrementar la recaudación vía gravámenes. Además, espera recibir unos 6.500 millones de euros y, además, podrá solicitar una ayuda adicional de unos 500 millones de euros en concepto de préstamo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya activó una iniciativa similar en el año 2021, pero no contó con el apoyo del resto de partidos políticos y, finalmente, ante la presión de varios sectores como el automovilístico o el petrolero se decidió posponer el gravamen.

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