De los 10.600 millones que Pedro Sánchez ha prometido para los afectados por la DANA en Valencia, 5.000 corresponderán a una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), como ya pasara en la época de la pandemia con las empresas. En esta ocasión podrán adherirse a estos créditos las familias que quieran reparar los destrozos de la gota fría en sus viviendas. La cuestión es que se trata de unas cantidades que, al fin y al cabo, tendrán que devolverse a las entidades financieras rpivadas a las que sean solicitadas y no, como puede parecer para muchos, un préstamo a fondo perdido por parte del Estado.
Cuando Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno va a poner en marcha estas necesarias ayudas (10.600 millones) hay que explicar puntillosamente de qué forma se reparten esas cantidades. Además de los 5.000 que salen de los bolsillos —y ahí retornarán— de las entidades privadas, otros 3.500 corresponderán al Consorcio de Seguros, que es el encargado de hacer frente a los pagos en situaciones de catástrofe. El Consorcio, tan mencionado durante las últimas semanas, está conformado para este fin y se mantiene con las cuotas procedenes del resto de productos contratados a las aseguradoras, por lo que no se trata de una partida nueva.
Asimismo, se repartirán otra serie de ayudas ya preparadas para despidos y ceses de actividades, puesto que las empresas ya pagan por ellas para caso de catástrofe, como ha sido la de esta DANA en Valencia.
