La deuda pública ya ha crecido en 400.000 millones respecto a mayo de 2018, justo antes de la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al poder. Desde entonces el pasivo de las administraciones públicas no ha dejado de crecer y en febrero alcanzó el máximo histórico de 1,603 billones, según los datos difundidos este lunes por el Banco de España.

En mayo de 2018 la deuda de las administraciones públicas se situaba en los 1,194 billones de euros. Son casi 408.000 millones más. El incremento de la deuda se ha extendido más allá de la excepcionalidad de la pandemia. De media crece a razón de 7.000 millones al mes, 70.000 millones al año, 200 millones al día, 8 millones a la hora y 2.000 euros al segundo.

En términos relativos, el aumento de la deuda pública respecto a mayo de 2018 es del 34%. Sólo en el último año, este mes de febrero respecto al anterior, ha aumentado un 5,4%. Si se mira por habitante, la deuda pública ya equivale a unos 34.000 euros por persona.

En relación al producto interior bruto (PIB), España es el cuarto país de la Unión Europea con más deuda pública, un 107,7% a cierre de 2023, según confirmó este lunes también Eurostat. Esto pese a la ayuda que ha supuesto el crecimiento de la economía española, que se toma como denominador para expresar su salud financiera.

De hecho, España es también uno de los Estados miembros con mayor incremento de la ratio deuda/PIB respecto a los niveles prepandemia (diciembre de 2019), cuando la deuda pública se situaba en el 98,2% del producto interior bruto. Si se compara con diciembre de 2018, cuando estaba en el 100,4%, también sigue 7,3 puntos por encima.

17 millones de nóminas públicas

Gran parte del incremento de la deuda de las administraciones viene dado por el aumento que ha experimentado en este tiempo el gasto en nóminas públicas. En España hay más de medio millón de personas más con una renta del Estado que hace casi seis años, cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

Entre pensionistas, desempleados con prestación y empleados públicos, el número de personas que 'dependen' del Estado asciende a 16,6 millones, frente a las 15,8 millones con las que se cerró el año 2018. La primera cifra sería aún mayor si se suma también a aquellos que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno en mayo de 2020, unos 300.000 beneficiarios, alcanzando las 17 millones de nóminas.

Preocupan especialmente las pensiones, con un peso clave y creciente en el gasto público. Además, la sostenibilidad de la reforma, que se inició en 2021 con una primera parte y se completó en marzo de 2023, ha quedado en entredicho en el informe de los técnicos de Bruselas en el que arrojan hasta 5 puntos más de gasto y el doble de déficit que antes de la reforma.

Los ajustes, a la vuelta de la esquina

La Comisión Europea lleva tiempo alertando de que el riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo es alto. Bruselas espera recibir la hoja de ruta planteada por nuestro Gobierno para los próximos cuatro años en septiembre, coincidiendo con la presentación del Proyecto de Presupuestos para 2025 y con la reactivación de las reglas fiscales en 2025.

Si se tiene en cuenta el tradicional objetivo de deuda pública del 60% que lleva más de cuatro años suspendido por la pandemia, España lleva 13 años incumpliéndolo, desde el año 2010. A cierre de 2023, pese a la mejora que ha destacado el Gobierno recientemente en sus comunicados, estaba casi 48 puntos por encima de ese objetivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez debería garantizar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre ajustes del 0,6% del PIB anual durante el periodo 2025-2028, pero ya ha manifestado su intención de rebajarlos al 0,4% y extenderlos hasta el 2031 con la excusa de que hay reformas e inversiones en marcha con fondos europeos que apoyan el crecimiento y la sostenibilidad.

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