El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se ha reunido este lunes en Génova con la plana mayor autonómica del partido para explicarles la la reforma de la Ley de Estabilidad que hará el Ejecutivo, según ha podido saber Vozpópuli. Con esta reforma, el Gobierno busca poder aprobar los nuevos objetivos de déficit a pesar de estar en funciones y que las comunidades puedan elaborar sus presupuestos.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las intenciones del Ejecutivo. Y ahora Montoro ha querido contárselo con más detalle a los consejeros de Hacienda de las autonomías en las que gobierna y a los portavoces de aquellas en las que el partido está en la oposición.
De hecho, es un encuentro bastante habitual antes de cualquier Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión menos amable en la que el ministro también se tiene que ver las caras con los consejeros de otros partidos políticos. Aún no hay fecha para el próximo CPFF, pero es bastante probable que sea a lo largo del mes de octubre, puesto que el Gobierno pretende aprobar muy rápidamente los cambios en la norma.
¿Qué va a hacer el ministro? Modificar la Ley de Estabilidad porque tal y como está redactada no permite a un gobierno en funciones aprobar los objetivos de estabilidad sin aprobar el techo de gasto. Montoro quiere cambiar esto para no entorpecer la labor de las comunidades, de forma que puedan preparar con seguridad jurídica sus presupuestos para el próximo ejercicio.
Incluirá una salvedad en el artículo 15 para cuando se produzcan situaciones excepcionales como la actual
Para conseguirlo, tendrá que plantear una reforma del artículo 15 de la norma, que es el que fija cómo se establecen los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para el conjunto de las administraciones. Incluirá una salvedad para cuando se produzcan dos situaciones excepcionales: que la UE apruebe una nueva senda de estabilidad para España y que el gobierno no tenga capacidad para aprobar esa actualización.
De esta forma, el Gobierno podrá sacar adelante los nuevos objetivos de déficit aprobados por la Comisión Europea y también la senda del ejercicio que viene, que todavía no se ha decidido. Previsiblemente, el objetivo de 2016 se fijará en el 0,7%, cifra que ya cuenta con el visto bueno de Bruselas, aunque el margen extra de dos años para salir del procedimiento de déficit excesivo puede suponer alguna alegría extra para las regiones.
En cualquier caso, la reforma la presentará presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ya que el Gobierno no puede aprobar un proyecto de ley mientras siga en funciones. A pesar de lo fragmentada que está la Cámara, el ministro ha asegurado que ya ha hablado con todos los grupos y que la disposición, en general, es positiva. De hecho, se mostró convencido de que la iniciativa tendrá" mayoría suficiente" para su aprobación de urgencia en lectura única.
También les ha facilitado información sobre la liquidación del año 2015, la previsión de cierre del presente ejercicio y la de los ingresos que recibirán en 2017
Esto es lo que ha explicado Montoro a la plana autonómica del PP. Además, les ha facilitado información sobre la liquidación del año 2015, la previsión de cierre del presente ejercicio y la de los ingresos que recibirán del sistema de financiación autonómica en 2017. De hecho, el ministro ha aprovechado para recordarles que enviará una carta esta semana a todos los presidentes autonómicos con la fórmula precisa para que elaboren sus presupuestos.
También ha aprovechado para detallarles el cambio en el Impuesto de Sociedades, que consiste en recuperar el mínimo obligatorio del pago fraccionado para poner freno al desplome de la recaudación del tributo, que cayó un 32% hasta agosto y que sólo habría recaudado unos 12.000 millones si no se hubiera puesto en marcha esta modificación.
El nuevo mínimo se fija en e el 23% y en 25% para la banca. Afecta a todas las empresas que facturen más de 10 millones de euros, unas 9.000 compañías. Entró en vigor el mismo viernes y se aplicará, al menos, durante tres ejercicios: 2016, 2017 y 2018. Permitirá recaudar al Gobierno unos 8.000 millones antes de que acabe el año.
