La intención de la Comunidad de Madrid de reducir en un tercio el número de parlamentarios regionales, que probablemente no será refrendada por la Asamblea, ha abierto el debate de si la actividad legislativa debería hacerse en la actualidad con menos políticos y sobre todo con un menor coste de todas las partidas adscritas. Supondría un ejemplo para iniciar un proceso de reducción del gasto público improductivo y estructural en todas las Administraciones que bajaría el déficit.

Además, aportaría un margen para proceder a una reducción de impuestos que mitigue las dificultades de los ciudadanos para llegar a fin de mes ante la escalada inflacionista, y ayudaría a evitar la caída del PIB. Facilitaría también el aumento del gasto en otras partidas que ahora son más urgentes, como la sanidad o la aportación de España a la OTAN. Lo que es evidente es que las Administraciones Públicas españolas salen cada vez más caras, con más efectivos pese a la inversión tecnológica y el trabajo telemático, y también la actividad legislativa.

Según los presupuestos del Parlamento nacional (Congreso y Senado) y de las 17 cámaras regionales, los 1.817 diputados existentes en España (se excluyen los 50 de Ceuta y Melilla) supondrán en 2022 un gasto total 625,2 millones de euros. Lo que equivale a un presupuesto medio por cada político de 344.000 euros tanto de sus nóminas como de las indemnizaciones que reciben, las subvenciones a los grupos políticos y toda la generación de gastos de personal y corrientes que suponen.

En los últimos años, se ha producido un repunte sustancial de este coste. Por ejemplo, desde que la economía empezó a tener tasas de crecimiento positivo en 2015 (último año en que la mayoría de los parlamentos permiten comparar sus cuentas) tras la gran depresión, el Presupuesto consolidado de los 19 parlamentos ha crecido más del 22%. Ha pasado de 513,6 millones a esos 625,2 millones previstos para este ejercicio (122 millones más). Idéntico porcentaje ha subido el presupuesto por diputado, que ha pasado de 283.200 euros en 2015 a esos 344.000 euros en 2022.

Un ajuste en los parlamentos aportaría margen para proceder a una reducción de impuestos, básica para mitigar las dificultades de los ciudadanos para llegar a fin de mes ante la escalada inflacionista

En todo caso, la actividad legislativa (con más de 45 años de antigüedad) se puede hacer con menos políticos. Es decir, se hace cada vez más necesaria una revisión que reduzca el número de diputados (cambiando las viejas normas que regulan su número) para que las cámaras sean más productivas (lo mismo que se exige a empresas y trabajadores); y sobre todo convendría aplicar un tijeretazo ejemplificador al cúmulo de partidas, algunas de ellas exageradas y sin sentido, que motean estos presupuestos. Es evidente además que la actividad legislativa no ha sido un modelo de eficiencia ni de ejemplo (presencial al menos) en los últimos años de la crisis ni durante las distintas fases de la pandemia.

Salvo en contadas excepciones, la información pública de las partidas de la actividad legislativa es más un ejercicio de mero compromiso que de transparencia. La mayor parte de la información genérica de los presupuestos no se encuentra en cada cámara sino en las comunidades. Hay parlamentos que, a la hora de aportar el detalle de los gastos, sólo facilitan datos de conceptos y subconceptos (Madrid, por ejemplo), meramente numéricos. Hay que descifrar los códigos para saber a qué gasto real corresponde. Otras muchas regiones también que han cambiado de capítulo las partidas relativas, por ejemplo, a dietas, locomoción e indemnizaciones por razón de servicio de ‘sus señorías’ o las mezclan con las que corresponden al presupuesto de los funcionarios y personal laboral.

Hay otras cámaras, por ejemplo el Parlamento Vasco, que incluye en el capítulo de gastos corrientes las subvenciones a los grupos parlamentarios cuando deberían figurar en el de transferencias corrientes. Hay también órganos que tienen partidas de gastos financieros como consecuencia de los intereses de los créditos suscritos con entidades bancarias (el Senado presupuesta 353.000 euros y las Cortes Valencianas 40.000 euros). Y, en general, hay mucha letra pequeña en partidas superfluas, que bien podría revisarse o suprimirse sin más.

La mayor partida de gasto de los 19 parlamentos corresponde a las nóminas de los 1.817 representantes políticos, así como de los casi dos millares de asesores y al cúmulo de empleados públicos adscritos

Por ejemplo, el Congreso y el Senado suman 32,2 millones para material de oficina mientras que la partida que subvenciona sus bares y restaurantes se ha integrado en otras (en la Cámara Baja supera los 1,5 millones y en la Alta los 400.000 euros); y la mayoría de las cámaras incorporan créditos para gastos de representación de sus altos cargos (Navarra tiene 158.000 euros, Murcia cuenta con 85.000 euros y el parlamento de La Rioja dispone de 20.000 euros).

Existen además gastos genéricos de subvenciones para "otras instituciones" o "a familias e instituciones sin ánimo de lucro (tres millones figuran en el presupuesto de las Cortes Generales); la normalización y formación lingüística de los parlamentarios vascos (70.000 euros); conciertos para la sanidad privada (la Asamblea de Extremadura cuenta con 15.000 euros); catering con profesionales y empresas privadas (el parlamento andaluz dispone de 132.000 euros); seguridad privada (Andalucía tiene habilitados unos 900.000 euros); seguros de los diputados y de los vehículos oficiales; indemnizaciones por cese (Murcia dispone de 11.000 euros); subvenciones mediante convenios (Navarra facilita 184.000 euros a las universidades y al Intergrupo Sáhara) y Castilla y León destina 1,2 millones a la Fundación Villalar.

La factura de personal de los parlamentos

La mayor partida de gasto de los 19 parlamentos corresponde a las nóminas de los 1.817 representantes políticos, así como de los casi dos millares de asesores y al cúmulo de empleados públicos adscritos (no hay posibilidad de saber cuántos son pero se calcula que más de 8.000). Los gastos de personal representan el 60% del presupuesto total (370,3 millones, unos noventa millones más que en 2015). El Congreso, el Senado y las Cortes Generales acumulan más de 137 millones de este gasto (un 33% más que hace siete años).

En cuanto a los parlamentos regionales, Cataluña es quien más destina a esta partida (41,4 millones frente a los 25,4 millones en 2015 y un 61% más desde el referéndum independentista de 2017). Le siguen: Madrid con 24 millones; Comunidad Valenciana (21,1 millones), Andalucía (20 millones), País Vasco (15,3 millones) y, por ejemplo, Canarias (12,8 millones). Casi un tercio de estos gastos totales de personal (unos 106 millones, un 20% más que en 2015) van destinados a las retribuciones directas de los políticos. Pero, la cantidad es superior porque en este apartado no se consignan los gastos de las cotizaciones que abona el empleador (aparece en la información global de todo el personal de las cámaras). Y un 10% de este gasto (unos 38 millones, un 42% más que hace siete años) se emplea para pagar a los asesores contratados a dedo los grupos parlamentarios.

Cataluña es la CCAA que más destina a esta partida: 41,4 millones frente a los 25,4 millones en 2015 y un 61% más desde el referéndum independentista de 2017

En cuanto al reparto de las retribuciones de los diputados, el Congreso y el Senado destinan más de 38 millones en nóminas directas para ‘sus señorías’ mientras que Cataluña emplea 11,2 millones; Madrid, 8,2 millones; País Vasco, 5,9 millones; Comunidad Valenciana, 5,8 millones; y Andalucía 5,6 millones. Cantabria, que gasta un millón, Castilla La Mancha (1,6 millones) y La Rioja (también 1,6 millones) son las que menos presupuesto tienen para sus políticos.

En cuanto a los asesores, que pagan las cámaras y no los partidos a pesar de las subvenciones que reciben, las Cortes nacionales gastan casi 16 millones en abonar sus nóminas, mientras que el parlament catalán destina 4,3 millones, 3,1 millones la cámara vasca y 2,1 millones la junta general asturiana. Por su parte, Aragón (200.000 euros) y Cantabria (400.000 euros) son los parlamentos que menos gastan en personal de confianza.

El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios (mantenimiento de las cámaras) alcanza los 138,1 millones. Representa más del 22% de los presupuestos totales de los 19 parlamentos. De ellos, unos 62 millones corresponden al Congreso y Senado. Las cámaras de Cataluña y Andalucía tienen nueve millones cada una, Madrid 8,8 millones y País Vasco 8,2 millones. Bajo este epígrafe se esconden otras retribuciones indirectas de los políticos que curiosamente no tributan a Hacienda (así lo decidieron los parlamentarios en la Ley del IRPF) y que, por ejemplo, en el caso del Congreso y el Senado representan un tercio del total de las remuneraciones que reciben ‘sus señorías’ (los diputados y senadores no elegidos por Madrid cobran 2.000 euros mensuales por 14 pagas).

Cantabria, que gasta un millón, Castilla La Mancha (1,6 millones) y La Rioja (también 1,6 millones) son las que menos presupuesto tienen para sus políticos

Se trata de las llamadas indemnizaciones por razón de servicio (un complemento para sufragar hipotéticos gastos aunque también los miembros de las cámaras disponen de dietas) que muchas autonomías mezclan en los presupuestos con los gastos de locomoción o viajes. Suponen un coste total de más de 33 millones (el 55% corresponde al Congreso y Senado) sin contar a Asturias, que no hace constar el dato.

El capítulo de transferencias corrientes alcanza los 93 millones (uno de cada seis euros del conjunto de gastos de los parlamentos). Aquí, en muchos casos bajo el eufemístico concepto de “A familias e instituciones sin ánimo de lucro”, se encuentran las subvenciones a los grupos políticos. La partida concreta destinada a financiar a los grupos políticos es de 88 millones. De ellos, 22 millones van destinados para los partidos representados en el Congreso y Senado y, por ejemplo, casi 13 millones reciben los partidos catalanes, 10,7 millones los grupos en el parlamento andaluz y 4,9 millones los partidos en la asamblea de Madrid. Mientras, el capítulo de inversiones reales llega a casi 22 millones (un 65% más que en 2015). Llama la atención que el parlamento catalán gaste en obras (2,6 millones) lo mismo que el Senado.

De media sale que un diputado acarrea un gasto presupuestario total de 344.000 euros para ejercer la actividad legislativa. Es Cataluña quien lidera este gasto per capita por parlamentario. Llega a 486.000 euros (un 26% más que en 2015). Le siguen: País Vasco (432.000 euros); Andalucía (378.000); Canarias (375.000); Congreso y Senado (371.000); Castilla La Mancha (370.000); Asturias (353.000); Aragón (322.000); Comunidad Valenciana (310.000); Murcia (304.000); Navarra (292.000); Madrid (288.000); Castilla y León (270.000); La Rioja (264.000); Baleares (263.000); Galicia (251.000); Cantabria (240.000); y Extremadura (222.000 euros).

La asamblea de Madrid, que ahora tendrá que decidir si reduce o no el número de diputados a petición de la comunidad (aunque no ha manifestado su intención de dar un tijeretazo al gasto disponible restante), es el único parlamento que ha incrementado el número de diputados en los últimos años (pasó de 132 a 136 en 2021 por el aumento de la población). Tras el Congreso y el Senado (615 parlamentarios), Madrid lidera este ranking. Cataluña tiene 135 representantes, Andalucía 109 (pese a tener más población que las anteriores) y 99 la Comunidad Valenciana. Castilla y La Mancha, ambas con 33 diputados, son las cámaras con menor número. Es evidente que existe una inflación de políticos y de su coste.

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