Economía

La negativa de Podemos a subir el diésel deja en el aire 7.000 millones de fondos UE

La subida de la fiscalidad del diésel comprometida con Bruselas parece cada vez más lejana, mientras se acerca inexorable la fecha tope de la promesa: antes de que acabe junio.

  • La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, en una imagen de archivo. -

La subida de la fiscalidad del diésel comprometida con Bruselas parece cada vez más lejana, mientras se acerca inexorable la fecha tope de la promesa: antes de que acabe junio. Del cumplimiento de éste y otros hitos del Plan de Recuperación dependen 7.000 millones del tercer tramo de los fondos europeos. Pues bien, mientras el Gobierno echa balones fuera con este asunto que no se atreve a acometer por su impopularidad, su socio en el Ejecutivo plantea su negativa a esta subida. Así lo muestra la propuesta de reforma fiscal que ha presentado Podemos, que ignora esta medida en sus planteamientos sobre imposición medioambiental. Preguntados por la medida, desde la formación morada son claros: No es el momento.

Podemos nunca ha sido partidario de esta medida, que finalmente no entró en los fallidos Presupuestos de 2019. Pero sí que transigió en los Presupuestos de 2021. Con el objetivo de recaudar 500 millones de euros, el tipo impositivo pasaba a 34,5 céntimos el litro, frente a los 30,7 céntimos actuales, aún por debajo de los 40,07 céntimos con que está gravado el consumo de gasolina. Esto suponía un incremento de 3,8 céntimos por litro, o lo que es lo mismo, 3,45 euros más al mes para un consumidor que haga unos 15.000 kilómetros al año.

Finalmente se cayó pero lo hizo en la negociación de enmiendas, a instancias del PNV. También Ciudadanos instó a que no se hiciera. Si Hacienda activa la subida mediante Real Decreto-ley por sorpresa, como suelen hacerse los incrementos de impuestos especiales, va a tener muy difícil la convalidación de la norma en el Congreso.

El Gobierno lleva unos meses tratando de diluir el compromiso. Primero fue la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en noviembre la descartó y dijo que perjudicaría a los más necesitados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también ha corrido un tupido velo y en la presentación de los datos de recaudación de 2021 ha llegado a plantear que la recaudación de estas figuras no sería elevada y ha descartado que los expertos que ha designado para que el asesoren en la reforma fiscal planteen nuevos impuestos verdes.

Los expertos sí proponen subida de gasolina y la equiparación de diésel y gasolina, lo que puede hacerse de una vez o en etapas y que puede llegar a recaudar 8.500 millones. A su vez, desde el Fisco se apunta a que se va a esperar a ver cómo desarrolla la propia Comisión Europea sus planes de subidas en estos impuestos.

Pero el compromiso negro sobre blanco es claro: en el Plan de Recuperación, el Gobierno promete la "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante". Y se marca su aprobación para antes de junio. De este hito, junto con la entrada en vigor de los nuevos impuestos a residuos y plásticos y reformas al alza de los impuestos de matriculación y circulación dependen 7.000 millones de euros. De momento, una de las promesas ya es de imposible cumplimiento: la del impuesto al plástico, que el Grupo Socialista se ha avenido a retrasar hasta al menos enero de 2023 en una enmienda en el Congreso a la Ley de Residuos.

Las propuestas verdes de Podemos

La formación morada realiza unas propuestas en fiscalidad verde que cargan todo el esfuerzo en las empresas. Además de establecer un incremento de 10 puntos porcentuales en el tipo impositivo de las empresas eléctricas en el Impuesto sobre Sociedades por un periodo de cinco años, prorrogable, cuya recaudación se destinaría a compensar los cargos de los consumidores del sistema eléctrico para abaratar la factura de la luz, plantea una batería de iniciativas en esta línea. Así, pide equiparar el tipo aplicable a las actividades relativas al refino y almacenamiento de hidrocarburos al tipo del 30% de entidades que se dedican a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y eliminar la reducción de la base imponible en Sociedades en concepto de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y limitar la compensación de bases imponibles negativas a cuatro años, entre otros recargos.

En cambio, para los consumidores reclama bajar el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos y reformar el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable.

Empresas y grandes patrimonios

Si bien Podemos plantea presión al Gobierno con esta propuesta de subidas fiscales por 30.000 millones de euros, que ha registrado en el Congreso y presentado en sociedad cuando el comité de expertos de la reforma fiscal designado por el Gobierno finaliza sus trabajos, lo cierto que el fondo de los planteamientos de los morados no difiere mucho del del PSOE en el Gobierno, con subidas a empresas y grandes patrimonios en el foco, mucho más fáciles de plantear en general y en los años electorales que se avecinan en particular que medidas muy impopulares como subidas de carburantes.

Y es que además de algunos clásicos podemitas como su reivindicación de un alza del IRPF a partir de los 120.000 euros con nuevos tramos y de una equiparación de rentas del ahorro y del capital, la creación de un impuesto estatal a viviendas vacías y de la novedad de plantear un nuevo tributo que grave los alimentos de mala calidad nutricional, el grueso de la propuesta recae sobre las empresas, a las que quiere imponer el tipo mínimo en Sociedades del 15% sobre cuota en lugar de sobre base imponible, a lo que suma más ajustes en deducciones, además del recargo del 10% en el tipo del Impuesto de Sociedades a las empresas eléctricas.

Asímismo, recupera su propuesta de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas para sustituir el actual tributo al Patrimonio, que se centraría en fortunas a partir de un millón de euros para recaudar 10.000 millones. La iniciativa se acompaña en el texto del discurso en contra de la competencia fiscal de las comunidades para obligar a la Comunidad de Madrid a subir Patrimonio y Sucesiones, en el que coincide plenamente con Hacienda.

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