Las pymes y los autónomos no están viendo llegar los 7.000 millones de ayudas directas prometidos por el Gobierno. Aunque las inyecciones monetarias fueron anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de marzo para paliar los daños de la pandemia, ha sido después del verano cuando los empresarios han empezado a recibir las primeras, algo que explican por la necesidad de que las ayudas fueran canalizadas por las comunidades autónomas.
No obstante, el problema con el que se está topando el Gobierno es que "queda más de la mitad del dinero por repartir", insisten las fuentes consultadas, que explican que han sido "muy pocos" quienes han solicitado las ayudas. Pese a que el Ejecutivo ya ha decidido ampliar el plazo para repartirlas más allá del previsto 31 de diciembre, con el objetivo de captar más interesados, las pymes y los autónomos consideran que el número no crecerá si no se modifica el fondo y la forma de estas inyecciones.
En concreto, tanto desde la patronal Cepyme como desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncian, por un lado, "el tedioso procedimiento burocrático" necesario para beneficiarse de estas ayudas, que en muchos casos ha impedido que las solicitudes sean mayores; por otro, reseñan, los requisitos como la necesidad de contar con deudas a 31 de mayo "perjudica a muchos empresarios que han pagado a tiempo, pero que siguen necesitando esta ayuda".
"Está sobrando dinero y la cuantía final de beneficiarios es muy reducida. La carga burocrática que lleva esta ayuda desalienta a pedirla", aseguran fuentes de Cepyme. Desde ATA, por su parte, recalcan que según sus estimaciones no habrá más de 300.000 solicitudes de los casi 3,2 millones de autónomos. "Eso demuestra lo difícil que es cumplir los requisitos", apostillan.
Las CCAA valoran los casos
Las líneas de ayudas anunciadas por el Ejecutivo están compuestas de dos compartimentos. El primero, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas. El segundo, de 2.000 millones, será para Canarias y Baleares, por tratarse de los territorios más castigados por la pandemia por la caída del turismo. Las ayudas se reparten por comunidades según una serie de criterios: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil.
Aunque el Gobierno declina detallar si accede a la modificación de algunos de los criterios exigidos y cuáles serán, algunas comunidades ya han comenzado a hacerlo tras contactar con el ministerio que dirige Nadia Calviño. Es el caso, por ejemplo, de Navarra, que esta semana anunció que va a modificar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para "flexibilizarlas y ampliar tanto el número de potenciales beneficiarios como las cuantías a percibir".
El Ejecutivo Foral enmarcó este cambio como una decisión "tras las conversaciones mantenidas en las últimas semanas con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital", ampliando tanto el plazo de solicitud como las actividades beneficiadas. "También con el afán de ampliar el número de posibles beneficiarios, la finalidad de estas ayudas no se limitará a partir de ahora a la satisfacción de deudas y pagos, ya que con la modificación de las bases reguladoras se incluye la posibilidad de que las ayudas se puedan aplicar a la compensación de pérdidas contables", explicó el Gobierno de Navarra, que señaló que autónomos y empresas tendrán que haber incurrido en ellas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de este año.
"Es verdad que el ritmo de ejecución de las CCAA está siendo muy desigual y hay algunas que nos han anunciado que van a terminar de ejecutarlas en breve y otras van más rezagadas", insistió Calviño ante las críticas de los empresarios por la tardanza en recibir las ayudas. Si Bruselas da el visto bueno, el plazo para recibirlas se ampliará hasta 2022.
