España registró en 2012 el triple de casos de empresas en quiebra que antes de la crisis, al pasar de 2.528 en 2008 a 7.799 en ese ejercicio, según un informe de la Comisión Europea sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la UE. Un año después, en 2013, las cifras se dispararon un 30%, tocando techo a finales de ese año. El peligro sigue existiendo para las empresas españolas pese a la suma de varios trimestres de crecimiento económico positivo. El 39,8% de las empresas españolas tiene riesgo de quebrar. La cifra se incrementa ligeramente en el caso de las pymes, que alcanza el 41,75%.
Las cifras salen de un estudio elaborado por la firma de servicios de consultoría y asesoría SFAI Spain basándose en los datos obtenidos de las cuentas anuales de las empresas depositadas en 2013. La insolvencia ha descendido de forma ligera, ya que las empresas que se encontraban en una zona de riesgo en 2013 eran el 49,71% del total. El porcentaje de las empresas con bajas probabilidades de caer en insolvencia también tuvieron un pequeño crecimiento, pasando de 49,71% al 50,33%, a lo largo de 2014.
Analizando la probabilidad de insolvencia de las empresas según el número de trabajadores, se observa que a medida que la compañía crece en tamaño el riesgo de quiebra disminuye. Así, de las más de 400.000 empresas con una plantilla entre 0 y 10 empleados, el 48,87% están clasificadas sin riesgo de insolvencia (frente al 47,04% del ejercicio anterior). El porcentaje de alto riesgo de quiebra también sufre un descenso significativo, pasando del 43,61% al 41,75%.
A medida que crece el tamaño de las empresas, se observa que el riesgo disminuye de forma importante, tanto para las empresas con una plantilla entre 11 y 50 empleados y entre 51 y 200 empleados, con unas cifras muy similares. En el grupo de las empresas más grandes, con plantillas superiores a los 200 trabajadores, el riesgo de insolvencia se incrementa un poco, hasta alcanzar el 30,20% de compañías que tienen un alto riesgo de quiebra a dos años vista (en comparación al 28,60% de las empresas con 11-50 empleados y al 27,60% de las compañías con plantillas entre 51 y 200 trabajadores).
A medida que crece el tamaño de las empresas, se observa que el riesgo disminuye de forma importante
La primera de las conclusiones que se extrae del informe elaborado por SFAI Spain es que la probabilidad de insolvencia de las compañías españolas ha descendido, independientemente del tamaño de la empresa. Para el director general de SFAI Spain, Joan Díaz, el informe apunta que "esta disminución se debe, entre otras causas, a la reforma laboral y al cambio en el contexto económico en el pasado ejercicio, en el que se redujeron las solicitudes de concurso de acreedores de forma significativa.
Para elaborar este informe, la consultora ha utilizado el método creado por el matemático norteamericano Edward Altman con base en un análisis estadístico de discriminación múltiple en el que se ponderan y suman diversas razones de medición para clasificar las empresas en solventes o insolventes. La precisión del modelo es de un 72% con dos años de antelación con respecto a la fecha de la quiebra, con un porcentaje de entre un 80 y un 90% a la hora de predecir quiebras un año antes de que sucediesen, con un porcentaje de falsos negativos de entre un 15 y un 20%.
El modelo original era aplicable únicamente a entidades públicas que cotizaban en bolsa, por lo que posteriormente desarrolló una solución para aplicar el modelo a las empresas del sector privado.
Precisamente, el alto grado de empresas en situación de quiebra obligó al gobierno a mover pieza para darles un futuro. Así, la que estaba llamada a ser tabla de salvación de las empresas parece haberse convertido en su condena casi segura... aunque tras una lenta agonía. Las empresas, que durante los primeros años de funcionamiento de la nueva Ley Concursal sí vislumbraban que podía ser su flotador, huyen ahora de ella como escaldadas. Así, a lo largo de 2014 menos de un 10% de las compañías en serias dificultades financieras ha terminado por acogerse a esa vía.
El descenso viene siendo continuado desde finales de 2013, e incluso se mantuvo durante gran parte del año pasado. Tampoco ha cambiado mucho el reparto por sectores en los últimos meses: una de cada cuatro empresas concursadas (25%) se dedicaba a la construcción, una quinta parte (20,1%) al comercio y el 15,1% a la industria y la energía. A su vez, casi un tercio (30,6%) tenían un tamaño realmente reducido: su negocio anual no superaba los 250.000 euros -si se eleva esa cifra hasta un millón abarcaría el 60% de los casos- y tenían carácter limitado. Ahora bien, si contamos sólo las pequeñas sociedades y microempresas, que representan el 70% del total, los procedimientos crecieron un 8%. Lo más llamativo, aún así, es que una cuarta parte de las compañías que se declararon en concurso (el 25,5%) tiene una antigüedad de, al menos, 20 años. Es decir, el dato se refiere a empresas ya consolidadas que, pese a resistir al desplome de la economía, han terminado por arrojar la toalla ahora que parece verse una recuperación incipiente. Por el contrario, apenas una de cada 10 (el 10,9%) llevaban cuatro años o menos de funcionamiento, lo que implica que se crearon precisamente en plena crisis e incluso recesión.
