El informe de los peritos del Banco de España abrió la espita de muchos pequeños ahorradores para poder recuperar la inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia. Una opción, que además de que finalmente quede demostrado que las cuentas de la entidad estaban falseadas, como reconocen los peritos que asesoran al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, está condicionada a determinadas cuestiones técnicas, como las tasas judiciales. De hecho, la actitud de Rafael Catalá, ministro de Justicia, sobre este asunto será crucial para determinar la viabilidad de determinadas demandas colectivas acumuladas que se preparan ya en varios bufetes de abogados.
Despachos como Zunzunegui Abogados, que trabaja en una primera demanda colectiva de 1.000 afectados por la OPV de Bankia, están a la espera de la decisión del titular de Justicia para determinar si esta acción es posible. Catalá debe decidir si únicamente debe pagarse una tasa por este tipo de demandas, en el entorno de 2.300 euros, o sí debe abonarse una por cada uno de los afectados en la acción. En este caso, 1.000 tasas, lo que supondría un desembolso de 2,3 millones de euros. “De ser así, se convierte en inviable la acción que es el objetivo de las tasas”, reconoce el abogado Fernando Zunzunegui.
El letrado considera que el Ministerio de Justicia tendría que respaldar la solución que defiende el departamento de Tributos. Desde su bufete se ha realizado una consulta a la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, dependiente del ministerio de Hacienda, sobre qué tipo de tasa se debe aplicar en estas demandas colectivas. Según consta en la respuesta, el organismo considera que debe abonarse una sola tasa integrada, por una parte, por la parte fija única para todos los demandantes que acumulan (por ejemplo, en un proceso ordinario en el orden civil por todos serían 300 euros), a la que habrá que añadir una parte variable que será la suma de la que corresponda a cada sujeto. En este caso, esta parte variable sería de 2.000 euros que se repartirían entre todos los reclamantes.
De la respuesta del titular de Justicia depende que se paguen 2.300 euros de tasa por una demanda que englobe a 1.000 afectados o, por el contrario, 2,3 millones
La respuesta del organismo dependiente de Hacienda motiva su decisión en el artículo 6.3 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en los supuestos de acumulación de acciones o cuando se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso. En este caso, la cuantía de la tasa vendrá determinada por el pago de una sola tasa integrada.
La decisión de Catalá puede convertirle en un aliado de los intereses de Bankia. Diversos bufetes que trabajan en acciones judiciales contra la salida a Bolsa de Bankia reconocen que muchos posibles afectados descartarán tomar medidas si se desvanece la vía de una reclamación conjunta. Primero, por un tema económico relacionado precisamente con la tasa judicial. Segundo, porque, en este tipo de casos, sino existen acciones colecticas, apenas reclama un 15% de los afectados.
Además, la acumulación de casos en los juzgados de lo civil puede ser otro elemento que lleve a los jueces a desestimar las demandas colectivas, que generan más carga de trabajo, que una demanda individual, lo que puede provocar que no cumplan los cupos mínimos de casos que debe fallar un juzgado anualmente.
Vía penal, administrativa o civil
Buena parte de los despachos consultados por este medio aconsejan a los afectados acudir a la vía civil. El procedimiento penal, a su juicio, es de muy dudoso resultado y, además, se alargan los plazos de posible recuperación del dinero invertido. En cuanto a la vía administrativa, abogados como Zunzunegui consideran que es “complicado” que se condenen a los supervisores financieros, como ha sucedido en anteriores precedentes como en los casos Fórum Filatélico o Afinsa.
La vía civil abre una solución más rápida para los afectados, según los letrados consultados. De media, en España, los procedimientos judiciales de este tipo necesitan de un orden de 270 días para quedar resueltos.
Los diferentes bufetes consideran que el aluvión de demandas se producirá a lo largo del primer trimestre de 2015. De hecho, el mes de mayo parece ser la fecha límite, según defienden, para presentar cualquier tipo de acción penal ya que existen tres años para tomar medidas desde que se conocen la falsedad de las acciones. “Nosotros pensamos que esto sucede desde la publicación de los informes de los peritos, hace apenas unas semanas. Los abogados de los demandados mantendrán que el plazo comienza desde que el nuevo equipo gestor de Goirigolzarri reformula las cuentas”, mantiene Fernando Zunzunegui. Sin embargo, otras fuentes aseguran que no hay motivo para acelerar la presentación de demandas ya que el caso, al estar investigándose ya en la Audiencia Nacional, ya no prescribe.
José Ignacio Goirigolzarri reformuló las cuentas de Bankia apenas quince días después de asumir la presidencia de la entidad, el 8 mayo de 2012, sustituyendo a Rodrigo Rato. Precisamente, el ex vicepresidente del gobierno de José María Aznar capitaneaba la entidad en el salto al parque de Bankia. Una operación que aparece ahora en entredicho y que podría costarle al grupo nacionalizado una factura de 3.100 millones.
