En dos años, todas las empresas con más de cincuenta trabajadores y todas las Administraciones Públicas tendrán que haber instalado canales de denuncia para que sus empleados puedan señalar prácticas que consideren delictivas, sabiendo que la empresa garantizará su confidencialidad y no revelará que esa persona ha sido la denunciante.
Esta tarea, para cumplir con una directiva que afecta a todos los países de la Unión Europea, puede parecer más sencilla para una gran compañía, pero las pequeñas y medianas empresas (pymes) en muchos casos no dispondrán ni de las infraestructuras ni del presupuesto para gestionar la implantación interna de este canal de denuncia, por lo que tendrán que recurrir a la CEOE o bien a las patronales sectoriales para que canalicen todas las denuncias.
El proveedor lógico de este tipo de servicio son los bufetes de abogados especializados en derecho Laboral, que ya están asesorando a algunas compañías sobre cómo pueden proceder y sobre qué será y no legal, pero estos reconocen que las patronales podrían también ofrecer este servicio a las empresas más pequeñas.
"Tendría sentido que lo hicieran las organizaciones patronales para canalizarlo, o incluso los colegios profesionales, para que canalizaran todas las denuncias", reconoce Luis Enrique Fernández, socio de Laboral del despacho Pérez-Llorca, quien precisa que actuarían como "asesores externos" para dotar de objetividad a la investigación.
Proteger a los chivatos
¿En qué consiste la directiva del 'whistleblowing'? Esta normativa quiere establecer un canal de denuncias para que tanto clientes, como trabajadores o proveedores, de una empresa puedan denunciar incumplimientos estando seguros de que tienen garantizada su confidencialidad y de que no sufrirán consecuencias laborales negativas por presentar esta denuncia. También tienen este derecho los exempleados, exclientes y exproveedores.
Adriana de Buerba, socia de Penal Económico e Investigaciones de ese mismo bufete, explica que "la protección del denunciante está sujeta a algunos requisitos: tienen que actuar de buena fe y tener motivos para pensar que lo que comunican es veraz y tienen que usar correctamente los canales de denuncia". "Quedan excluidas las denuncias de mala fe, no sólo las malintencionadas sino también las frívolas que no tengan una base razonable", explica.
Cuando el denunciante cumpla todos los preceptos legales, la empresa estará obligada a tramitar la denuncia garantizando su confidencial
Los abogados advierten, de todos modos, de que aunque está garantizada la confidencialidad eso no implica un total anonimato del denunciante. Esto se debe a que el denunciado también tiene unos derechos, entre los que figura el derecho a conocer la identidad de las personas que le acusan y poder defenderse ante ellos.
"Llegado el juicio, si la defensa exige conocer la identidad del denunciante, el juez está obligado a revelárselo. Esto debe tenerlo en cuenta el legislador porque es un obstáculo para el denunciante el saber que en última instancia el denunciado puede conocer su identidad, podría ser un obstáculo", apuntan.
Sanciones a empresas y denuncias falsas
Otro aspecto a tener en cuenta es que el denunciante está protegido mientras use los canales de denuncia (internos o externos), pero no lo está si divulga esa información en un medio de comunicación. "Si se lo da a un periodista no está protegido por la ley, sólo lo estará si previamente lo ha denunciado por los canales interno o externo, o cuando exista riesgo de algún tipo si no lo hace público".
Cuando el denunciante cumpla todos los preceptos legales, la empresa estará obligada a tramitar la denuncia garantizando su confidencial y, en caso de que no lo haga, se tendrá que enfrentara a sanciones.
"Va a haber sanciones a las empresas denunciadas que obstaculicen las denuncias, que hagan vejaciones a los denunciantes o que revelen quiénes son", explica Fernando Ruiz, también socio de Laboral de Pérez-Llorca, y también habrá sanciones para los que "presenten denuncias falsas". "La directiva no es nada pueril", advierte.
