El Ministerio de Seguridad Social trabaja contrarreloj para lograr un acuerdo con los agentes sociales y poder aprobar este año un primer paquete de la reforma de las pensiones, tal y como el Gobierno ha prometido a Bruselas, pero reconocen que "van justos" para que les dé tiempo a hacerlo en plazo.
"Con la Comisión Europea nos hemos comprometido a aprobarlo antes de final de año… pues, no les engaño, vamos a ir muy justos", admitía esta semana en el Senado Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social, quien ha reconocido que las fechas acordadas con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos les han descolocado el calendario.
Cuando en octubre de 2020 la Comisión del Pacto de Toledo emitió sus recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá pensó que tendría tiempo para poder trabajar en la traslación de esos consejos a normas.
"Son recomendaciones bastante genéricas, es el precio que hay que pagar para tener un consenso amplio, así que no es fácil trasladarlas a una norma que requiere detalle mayor. Detrás de esas recomendaciones no todos los grupos vemos lo mismo… nosotros estamos intentando trasladarlas de la manera más honesta y responsable sin dañar el espíritu de las recomendaciones", explicaba.
El Ministerio pensaba llevar a cabo ese proceso con calma, pero el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación aprobado este miércoles por la Comisión a aprobar un primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones en 2021 y, si no lo hace, no podrá seguir accediendo a los fondos europeos.
Seis meses para lograr el acuerdo con patronal y sindicatos
Este año el país va a recibir 19.000 millones de euros (9.000 de anticipo a finales de julio y 10.000 previsiblemente en diciembre), que están ya garantizados por reformas que se han aprobado o están a punto de aprobarse; pero para recibir fondos en 2022 y poder acceder al siguiente desembolso -que seguramente será en junio y de 12.000 millones-, el Gobierno tiene que aprobar un nuevo sistema de revalorización de las pensiones y medidas para alargar la edad efectiva de jubilación.
"Se ha complicado todo porque nos han marcado unos plazos que no era con los que inicialmente contábamos. Lo que ha supuesto ha sido comprimir mucho los plazos del diálogo social", señalaba el secretario de estado, que agradecía a sindicatos y patronal que estén teniendo "tan buena disposición para hacer tantas reuniones" y avanzar lo más rápido posible.
El sistema de revalorización de las pensiones, conforme al IPC del año anterior y sin penalizar en caso de IPC negativo, saldrá adelante con acuerdo con cierta facilidad en la mesa de diálogo, pero la mayor dificultad la encontrará el Gobierno para conseguir en sólo seis meses el acuerdo de patronal y sindicatos en el alargamiento de la edad efectiva de jubilación, que quieren que se acerque poco a poco a la legal (de 67 años).
Los sindicatos se muestran reticentes a que en algunas profesiones se demore el momento de la jubilación, mientras que la patronal no ve con buenos ojos que se prohíba o dificulte la jubilación forzosa, se dificulte la jubilación anticipada y se promueva la jubilación demorada.
Las empresas ven un riesgo en el atraso de la jubilación
Para las compañías, estas medidas supondrán un incremento de los costes laborales, ya que les obliga a tener en plantilla a personal de avanzada edad, que normalmente cobra sueldos más elevados y que, en algunas ocasiones, presentan niveles de productividad inferiores a los de los jóvenes, por lo que incluso podría suponer una pérdida de competitividad.
Pese a las diferencias, el Ejecutivo tendrá que hacer malabares para conseguir aprobar las medidas con el acuerdo social y poder presentarlas a Bruselas, ya que si no lo consigue no podrá seguir recibiendo el maná de los fondos europeos.
