El ‘impuestazo’ ya es un hecho desde que, en la tarde de este miércoles, se aprobó en el Senado. Las empresas han avisado estos meses del riesgo que tenía no suavizar este gravamen temporal a sus ingresos. Repsol, Cepsa y BP, a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), comunican que las consecuencias se empezarán a notar de manera inminente.
“El sector ha estado a la altura de las circunstancias ayudando a su país cuando la situación lo ha requerido”, explica en un comunicado este jueves. “Lleva años instando a que se le permita tener un papel activo en la transición energética”, añaden. “Nuestra voluntad es ser parte de la solución, pero no se dan las señales regulatorias que pueden permitir al sector afrontar con seguridad las inversiones ya iniciadas. Sin estas inversiones, se va a dejar a mucha población atrás con una transición energética inasumible en términos de costes y lastrando la industria nacional y, con ella, la economía en su conjunto”, sentencia la asociación que también representa a Eni, Galp, Saras y Gunvor.
AOP denuncia que el gravamen temporal energético, promovido por el Gobierno y aprobado ayer en el Senado, penaliza al sector del refino y es incongruente con su política, al no favorecer la transición energética. A juicio de empresas como Repsol y Cepsa, el nuevo gravamen penaliza y desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector.
Estas empresas recuerdan al Gobierno que su negocio del refino ha sido crítico para garantizar la seguridad de suministro en España y para contribuir a paliar el incremento de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania.
“Como sostiene el Gobierno en su Plan +Seguridad Energética el sistema de refino español es único en Europa, por sus características y complejidad en número de refinerías, localización de estas y conexión a la red de oleoductos, dispone de una gran flexibilidad. Este activo estratégico, a diferencia del resto de países europeos, es fruto de las inversiones hechas a riesgo y sin ayuda gubernamental que hoy permiten a España tener garantía de suministro”, apuntan.
Dos ‘rescates’ al Gobierno
Repsol, Cepsa y BP recuerdan que el Gobierno ha solicitado la ayuda del sector en los dos últimos años para hacer frente a momentos críticos. En el primer caso, en 2020, nuestras compañías mantuvieron en funcionamiento las refinerías y abiertas las estaciones de servicio, sosteniendo las pérdidas extraordinarias derivadas del cese casi total de la movilidad. “Unas pérdidas que aún no se han recuperado, pese a ser acusados de obtener beneficios extraordinarios”, afirma la AOP.
En el segundo caso, en 2022, el Gobierno solicitó a las compañías asociadas su colaboración en la mitigación de las consecuencias de la invasión de Ucrania. El resultado fue la implantación de una bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles, y la aportación adicional de al menos 5 céntimos por litro de producto a cargo de las compañías con capacidad de refino. De nuevo, nuestras compañías asociadas demostraron estar a la altura añadiendo, por su cuenta, significativos descuentos adicionales.
Repsol, Cepsa y BP se sienten castigados
Las empresas señalan que, a pesar de todos estos inconvenientes, no han cesado las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde o las de los ecocombustibles, con el empleo que estas conllevan. "Se han realizado gracias a inversiones realizadas a riesgo por nuestras asociadas, ya que desde la administración ni tan siquiera se ha brindado una senda clara del papel de nuestro sector en la transición energética", explican.
Repsol, Cepsa y BP considera cuanto menos desconcertante esta forma de castigar a un sector que es estratégicamente clave y que ha prestado su ayuda siempre que se le ha requerido y en momentos tan duros como la crisis sanitaria o la invasión de Ucrania.
