El guión del saqueo de las antiguas cajas siempre aparece encabezado por los grandes nombres. Blesa, Rato, Olivas, Serra, Moltó, Gayoso, Crespo… Sin embargo, este desgobierno de Taifas tuvo una réplica en cada una de las entidades quebradas. Más allá del ‘caso Bankia’, ‘Novagalicia’ o ‘Catalunya Caixa’, existen otros procesos judiciales que descubren prácticas irregulares similares entre antiguos presidentes y consejeros. El dedo señala también a Santos Llamas, quien mantuvo la presidencia de Caja España pese a dos informes del Banco de España que advertían del riesgo de la concentración de créditos que tenía la entidad con su número uno, que acabó convertido en moroso de más de 70 millones de euros.
Estos dos informes del supervisor, emitidos en 2006 y 2008, se transformaron en papel mojado para los consejeros de Caja España. No sólo desoyeron las recomendaciones del Palacio de Cibeles sino que continuaron autorizando operaciones de refinanciación, líneas de avales e incluso nuevos créditos al grupo empresarial de Santos Llamas.
Esta acusación se contiene en otro informe pericial, firmado por los inspectores del Banco de España que colaboran con la magistrada Rocío González, titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de León, que investiga un posible delito de administración desleal en los antiguos directivos de Caja España, Caja Duero y CEISS, el banco surgido de la fusión de las antiguas entidades castellanoleonesas. En esta caso, al contrario de lo que sucede en el caso Bankia, el informe de los peritos no se cuestiona ni desde la entidad, ahora en manos de Unicaja, ni desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Los peritos confirmaron en su declaración de la pasada semana que la irregularidad de las operaciones de crédito de quien ocupó la presidencia de la caja leonesa entre julio de 2006 y octubre de 2009, y se mantuvo en el consejo de administración hasta octubre de 2012. En sus explicaciones ante la magistrada, los técnicos aseveraron, según fuentes jurídicas, que el Banco de España emitió varios informes en 2006 y 2008, en los que ya hacía indicaciones severas a Caja España y recomendaciones. Ante la inacción de la entidad, el supervisor inició de oficio una nueva investigación a mediados de 2012, para establecer las posibles infracciones que se hubieran cometido.
Esta investigación, firmada por la jefa de la División de Asesoría Jurídica Interna del Banco de España, Rosario Pérez Moreno, analizó 29 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a empresas de Santos Llamas por un total de 67,9 millones y 17 de Caja Duero por 8,8 millones. El 80% de las operaciones firmadas con la entidad que presidía eran de riesgo pero no estaban computadas como tales. De esta manera, el informe advertía que no podía ser ni consejero ni presidente de Caja España dada su condición de moroso con la entidad, como invocaba la ley de cajas de Castilla y León de 2005.
La situación de ilegalidad de Santos Llamas comenzó en enero de 2009 (todavía en la presidencia) cuando obtuvo una reestructuración de su deuda que interrumpió el pago de intereses. Se deduce además que hubo un trato de favor del Consejo con él porque no se le exigieron nuevas garantías, ni había evidencia de que pagaría con la refinanciación ni se le reclamaron los intereses ordinarios pendientes de pago como es preceptivo. Según el informe, la entidad financiera incumplió con Llamas su propia política de riesgos: límite del 60% sobre el valor de tasación del suelo para el préstamo, plazo máximo de dos años o la exigencia del pago de intereses pendientes para aprobar la refinanciación.
Por qué no se le cesó
“Llamas tenía que haber cesado en 2009, porque tenía deudas tanto como persona física como jurídica con la caja que presidía”, sostienen fuentes jurídicas conocedoras del proceso. Sin embargo, el constructor se mantuvo en el consejo de administración hasta 2012. “Fue la compra de su silencio”, admiten las mismas fuentes, “por parte de un consejo que quiso ocultar al Banco de España la contabilidad real de la entidad, para evitar la intervención». Etas actuaciones que provocaron a la entidad financiera un perjuicio de más de 60 millones de euros en impagos, por unos activos que luego Sareb compró como tóxicos por 24 millones.
Los peritos ratificaron en su declaración que no existió ni una sola justificación de los beneficios que obtenía Caja España con las facilidades que otorgaba a su presidente, “más en un momento en el que el sector del ladrillo ya estaba en situación crítica”.
