La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha paralizado la concesión de ayudas a empresas estratégicas tras el escándalo de Plus Ultra. En conversaciones con Vozpópuli, varias compañías inmersas en procesos de rescate denuncian que el parón está afectando incluso al calendario de reuniones del Consejo Gestor del Fondo, adscrito al Ministerio de Hacienda y encargado de dar 'luz verde' a las ayudas.
Las empresas consultadas por este periódico critican que el proceso se ha vuelto "extremadamente lento" por "el miedo de la SEPI al qué dirán", lo que "está poniendo en riesgo" su supervivencia. "Es injusto. No sólo están paralizadas las operaciones a aprobar, también los procesos pendientes de asesores, hay una parálisis brutal", comentan las fuentes consultadas por este periódico.
De hecho, ante el temor de que se cuestionen las operaciones aprobadas en el futuro, el organismo público no sólo no está avanzando en los expedientes activos sino que está solicitando a las compañías más avanzadas información adicional. "Están involucrando a más personal en el proceso y pidiendo cosas exageradas. Desde lo de Plus Ultra, se la cogen con papel de fumar", explican las citadas fuentes.
Desde lo de Plus Ultra, se la cogen con papel de fumar"
A día de hoy, medio centenar de empresas han solicitado apoyo a la SEPI por valor de unos 4.000 millones, pero sólo se ha concedido una cuarta parte (cerca de mil millones a cuatro empresas: Air Europa, Plus Ultra, Duro Felguera y Ávoris). Algunas de las afectadas detallan que la parálisis ha afectado incluso a las reuniones del Consejo Gestor de la SEPI.
Desde el Ministerio de Hacienda y desde la SEPI aseguran que "no se han suspendido las reuniones" y el Consejo Gestor "sigue reuniéndose con la misma normalidad de siempre", pero no aclaran cuántas veces se ha reunido el Consejo Gestor desde el 16 de marzo.
50 días sin aprobar ni una ayuda
El Consejo Gestor de la SEPI está formado por el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y el secretario general y del Consejo y director jurídico de SEPI, Javier Loriente.
Fuentes cercanas al fondo comentan que la SEPI suele autorizar los rescates una vez que las empresas han presentado toda la información solicitada y normalmente una semana antes de que lleguen al Consejo de Ministros. El rescate de Plus Ultra se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo comunicó en rueda de prensa.
Precisamente, la última ayuda que aprobó el Consejo Gestor de la SEPI fue ese mismo 9 de mayo. En concreto, autorizó la concesión de 320 millones a Ávoris Corporación Empresarial el pasado 9 de marzo, tal y como adelantó Vozpópuli. Y como es habitual en estos procesos, la inyección recibió luz verde del Gobierno una semana más tarde, en el Consejo de Ministros del 16 de marzo.
Nueva presidenta y causa judicial
Desde entonces, no se ha aprobado ninguna operación. Las empresas han trasladado su descontento a la SEPI, que, según señalan, justifica los retrasos en la necesidad de que la presidenta participe en los procesos. El Consejo de Ministros nombró el pasado 30 de marzo a Belén Gualda González, actual presidenta de Navantia, nueva presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El cargo llevaba vacante desde octubre de 2019 y, mientras tanto, el vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, ha ejercido esta labor de forma interina. El nombramiento de Gualda llegó cuando ya se habían efectuado los únicos cuatro rescates aprobados hasta ahora y en plena polémica por el de la aerolínea Plus Ultra.
De hecho, recientemente, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha abierto una investigación contra Bartolomé Lora y el resto del consejo de la SEPI por un supuesto delito de malversación de fondos públicos. La magistrada, que de momento no ha realizado ninguna citación, ha empezado por reclamar el expediente completo por el que se otorgó el rescate a la aerolínea.
La polémica de Plus Ultra
La aerolínea ha sido rescatada con un fondo destinado a empresas que fueran "estratégicas" para la economía española antes de la pandemia, acrediten no estar en crisis a 31 de diciembre de 2019 y presenten un plan de viabilidad a medio-largo plazo. Sin embargo, en 2019 Plus Ultra sólo operaba el 0,03% de los vuelos con cuatro aviones y la empresa acumulaba pérdidas desde su creación en 2011.
Además, la aerolínea, cuyos principales accionistas están vinculados con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, únicamente ha contado con un avión en flota durante los últimos meses. Según ha podido comprobar este periódico a través de la herramienta FlightRadar24, trasladó un segundo avión de Malta a Madrid el pasado 26 de marzo, aunque desde entonces no ha operado ningún vuelo comercial con él.
El Gobierno justifica la ayuda con que la aerolínea es estratégica para algunas conexiones entre España y Latinoamérica y la propia aerolínea destaca también que, si desapareciese, podría producirse un monopolio en la ruta a Caracas cuando se formalice la compra de Air Europa por parte de Iberia.
