Telefónica se prepara para salir de Perú. Pero antes de consumar su venta, tal y como avanzó este periódico, la filial de la compañía de telecomunicaciones ha de ir cumpliendo los hitos del concurso de acreedores, al que se acogió el pasado viernes.

La petición de insolvencia es histórica para la compañía y las telecomunicaciones, puesto que nunca antes una operadora de tal magnitud, como Telefónica, había dado tal paso. La empresa emitió un hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España y en Perú informando de esta decisión. En el escrito, se apuntó directamente a las instituciones peruanas de la delicadísima situación financiera de la filial.

“La situación se ha agravado por las decisiones administrativas que han colocado a la compañía en una posición de desventaja competitiva en un entorno de mercado particularmente desafiante. En relación con las antes referidas contingencias fiscales, Telefónica mantiene abierto a la fecha un arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversión (CIADI)", puntualizó la empresa.

La filial peruana se encuentra en un momento crítico y, de acuerdo a las fuentes consultadas, todo hace indicar que la compañía “eludirá mediante los mecanismos legales” los pagos a corto plazo. Según el informe auditado por PWC, las obligaciones a acreedores ascienden a 4.838 millones de soles, que equivalen a unos 1.241 millones de euros. 

Resulta conveniente destacar que el mayor acreedor de la filial de la empresa de telecomunicaciones en Perú es el propio Estado. De acuerdo a la información aportada por el auditor, Telefónica debe un montante total de 2.473 millones de soles, unos 634,5 millones de euros. Este dinero se lo debe a la Hacienda peruana, denominada Sunat. Por detrás se sitúan los bonistas, con un montante de 606 millones de euros. Buena parte de ellos son sociedades especializadas en planes de pensiones de ciudadanos peruanos.

Así, las fuentes consultadas por este periódico, explican que uno de los motivos por los que Telefónica del Perú presentó el concurso de acreedores es evitar el pago a la Hacienda del país lationamericano, con el que mantiene importantes diferencias y litigios que están en curso, en el que se juegan más de 1.000 millones de euros.

Esta semana arrancan las sesiones del pleito en el que Telefónica reclama esa cantidad por daños y perjuicios fiscales. El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, fijó para mediados de febrero las audiencias para atender las reclamaciones de ambas partes y resolver si se incumplió un acuerdo bilateral de inversión entre España y Perú.

Problemas de liquidez

No obstante, desde la compañía se asegura que los acreedores van a recibir el dinero adeudado. “Tenemos un plan y nuestra idea, desde luego, es reestructurar la compañía y aislar toda esa deuda financiera para ir pagándola. No solamente es la deuda con el Estado. Tenemos dos grandes acreedores, los bonistas y el Estado, y no hay grandes diferencias. Eso significa que ellos controlarían la Junta de Acreedores”, señaló la presidenta de Telefónica del Perú, Elena Maestre.

Fuentes consultadas por este periódico apuntan que “a pesar de que la deuda con el Estado ha ido bajando, Telefónica no tiene liquidez para afrontar estos pagos. Está en un grave problema”.

Ante la necesidad imperiosa de liquidez inmediata, Telefónica del Perú pidió ayuda a su matriz (Telefónica Hispam) para afrontar pagos. Bien es cierto que la cantidad prestada, con un tipo de interés del 29%, es infinitamente inferior a la que adeuda a sus acreedores. 

Así, para continuar ofreciendo servicio, y evitar los impagos a proveedores y empleados, Telefónica Hispam, de la que depende societariamente la filial peruana, ha inyectado mediante un crédito 394 millones de euros (1.549 millones de soles peruanos), con un vencimiento de 18 meses, que servirán para hacer frente a las necesidades inmediatas de pagos hasta que se celebre esa Junta de Acreedores.

Durante 2024, Telefónica Hispam ya le otorgó un crédito de 531 millones de euros y capitalizó préstamos que había concedido tiempo atrás por valor de 715 millones de euros. 

Telefónica cuenta ahora un período de espera puesto que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tiene 90 días para contestar a la solicitud del concurso de acreedores. Será a partir de este momento cuando la operadora pueda presentar un plan de reestructuración de la deuda en la Junta de Acreedores. 

“El proceso concursal en Indecopi les da la facilidad de no pagar sus deudas y los acreedores no podrán ejercer las garantías, que en muchos casos son activos de la misma Telefónica del Perú, que tendrá tiempo para reunirse con sus acreedores y acordar facilidades de pago”, señalan las fuentes consultadas por este periódico.

Con todo, el auditor refleja un alto grado de pesimismo en el estudio realizado: “Estas circunstancias, junto con otras condiciones (...), indican que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha".

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