La transición energética ha sido, con diferencia, la materia en la que más pasos adelante se han dado en el Gobierno socialista. Las bases se han fijado de tal modo que resultará complicado para un nuevo Ejecutivo introducir modificaciones sustanciales. En cualquier caso, la legislatura está abocada a abrirse con la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo proceso quedó encallado por la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de febrero. La norma es fundamental para desarrollar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PIEC), que España deberá presentar, en su versión definitiva, a la Comisión Europea antes de que finalice el presente año.
El plan sienta las bases para la transición energética hasta 2030, con las características del despliegue de las energías renovables y la progresiva reducción de fuentes tradicionales como el carbón y la nuclear. En este último caso, los operadores de las siete plantas aún activas en España acordaron un calendario de cierre con el Gobierno y con Enresa, que se extenderá hasta 2035, lo que hace muy complicado que un hipotético nuevo Ejecutivo que quisiera dar un giro a la política energética pudiera modificar este escenario.
En la propuesta del Partido Popular se asumía el fin del carbón para la generación eléctrica pero se dejaba la puerta abierta a poder prolongar la vida de las centrales nucleares por un periodo no definido, una cuestión que ahora se antoja harto complicada. Tras el citado acuerdo, las compañías ya trabajan en un escenario de cierre de centrales entre 2028 y 2035, lo que hace que todas ellas funcionen algo más de los 40 años que indica su vida útil.
El margen de maniobra que queda está en la Ley de Transición Energética, que debe articular los mecanismos para alcanzar los objetivos fijados en el PIEC. En los borradores que llegaron a circular durante el proceso de tramitación, el punto más polémico fue el referido a la prohibición de vender vehículos de combustión a partir del año 2040, que puso en pie de guerra tanto a la industria del automóvil como a la petrolera.
Reducción de emisiones
En sus últimas propuestas electorales, el PSOE mostró su intención de mantener el veto a los motores tradicionales en favor del vehículo eléctrico, uno de los puntos que más críticas han despertado, tanto por parte de los sectores afectados como de los partidos de la oposición, favorables a la neutralidad tecnológica. Este sería uno de los aspectos del proyecto de Ley que podría sufrir modificaciones en el caso de que el Ejecutivo cambiara de signo.
La normativa también incluía la obligación de restringir la circulación de vehículos privados contaminantes en municipios con más de 50.000 habitantes. La referencia en este caso es la de Madrid Central, que se ha mantenido, aunque con algunas modificaciones, pese al cambio de signo de la corporación municipal tras las elecciones municipales.
El próximo Gobierno también tendrá que afrontar el desafío que supone la progresiva incorporación de las renovables al mix energético, la proliferación del autoconsumo y el aluvión de solicitudes de puntos de conexión, que ha llevado a Red Eléctrica a tener que detener las adjudicaciones debido a que un buen número de estos permisos se ha tramitado con el único fin de especular con ellos en el mercado.
Energía y competitividad
Otro de los asuntos pendientes es el de la situación de la industria electrointensiva, castigada por los elevados precios de la electricidad en España, que reducen sus márgenes y les resta competitividad frente a sus rivales europeos, beneficiados por un marco con mayores interconexiones y materias primas más baratas.
El prometido estatuto para este tipo de grandes consumidores, que también ha sufrido los rigores de la inestabilidad política, aguarda en la casilla de salida, a la espera de la llegada de un Gobierno estable que permita su puesta en marcha y aplicación.
