La gobernadora en funciones exige celeridad a Moncloa para renovar la cúpula del BdE: “Hay que volver a la normalidad”

La gobernadora en funciones mete prisa al Gobierno para renovar la cúpula del Banco de España. Margarita Delgado, subgobernadora que ha asumido de forma interina las funciones de gobernadora tras expirar el mandato de Pablo Hernández de Cos, ha exigido celeridad para acabar esta excepcionalidad en el organismo.

“Nos gustaría volver a la normalidad”, ha espetado Delgado en un foro financiero organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), patrocinado por BBVA, en Santander. El Gobierno tiene hasta el próximo 10 de septiembre para nombrar a la nueva cúpula, cuando acabará el mandato actual de la subgobernadora. “No es una situación normal”, ha enfatizado.

Los estatutos del Banco de España permiten que la número dos del Banco de España asuma las riendas de la institución en ausencia o vacante del gobernador. Pero, como ha advertido Delgado, impide al banco central nacional votar en las decisiones de política monetaria en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

Sin voto, pero con voz

Ahora bien, ha restado importancia a la pérdida del derecho de voto, ya que, según ha explicado, las decisiones sobre los tipos de interés se toman por consenso y teniendo en cuenta la voz de la actual gobernadora en funciones.

El Gobierno enmarca la renovación de la cúpula dentro de un pacto institucional con el PP que involucre también al poder judicial. Tradicionalmente, el Ejecutivo nombra al gobernador del Banco de España y el principal partido de la oposición al número dos.

Impacto del caso Villarejo en BBVA

En cuanto a la opa de BBVA sobre el Sabadell, se ha limitado a señalar que el BCE sólo analizará el impacto del caso Villarejo una vez que la Audiencia Nacional emita sentencia firme sobre el caso. Sólo en ese momento examinará si tiene efectos sobre la viabilidad de la fusión. El supervisor único dispone de 60 días, prorrogables otros 15 días como máximo, para decidir si tiene algún tipo de objeción a la operación.

BBVA tendrá que incluir en el folleto de la opa el daño reputacional que puede sufrir por el caso Villarejo, después del auto del juez de la Audiencia Nacional en el que pide sentar en el banquillo al banco como persona jurídica. Este riesgo deberá aparecer en todos los documentos a inversores, como ha concretado en el mismo foro el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura.

Amenaza de veto

Ante la amenaza de veto por parte del Gobierno, que tiene la última palabra para dar autorización a la integración con el Sabadell si triunfa la opa, el presidente de la CNMV también ha pedido al grupo de La Vela que concrete el impacto sobre los ahorros en caso de que se cumpla este extremo. BBVA estima unas sinergias de unos 850 millones de euros al año por la fusión, aunque el veto puede complicar la consecución de este objetivo.

En cuanto a los plazos para aprobar la aprobación, que debe contar con el aval de CNMV, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el presidente del supervisor de los mercados ha confiado en que los accionistas del Sabadell cuenten con toda la información antes de que se cierre el periodo de aceptación del canje de acciones.

Plazos de autorizaciones

El movimiento hostil puede dilatar los plazos de BBVA, que consideraba que la opa se extenderá entre seis y ocho meses, en base al caso de CaixaBank y Bankia. Pero desde la CNMC se advierte de que la compra de la antigua caja rescatada se pactó de forma amistosa entre las cúpulas.

Para la CNMV, sin embargo, no se debe asumir que el dictamen de Competencia se retrase más allá del periodo de aceptación, como demuestra la experiencia: de las últimas 20 opa nunca ha habido un desfase de plazos entre las autorizaciones regulatorias.