Unas 225.000 comunidades de vecinos, alrededor del 15% del total, corre el riesgo de sufrir sanciones por parte de la Agencia Tributaria por no contar con un administrador de finca colegiado para gestionar su relación con la Hacienda Pública.
Es la estimación que aportan a este periódico desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. "La pertenencia a un Colegio de Administradores de Fincas garantiza una praxis y una deontología profesional que elimina los riesgos", reivindican desde el sector de los administradores. La empresa Iesa, una tecnológica que ofrece software para administradores de fincas, advierte además de que, de acuerdo a sus estimaciones, uno de cada seis administradores activos en España no están colegiados y hasta un 20% de las comunidades de vecinos opera sin siquiera un administrador de finca.
Los riesgos, en ausencia de un administrador de finca con un conocimiento contrastado, pasan por la creciente complejidad de los requisitos que exige la Administración a las comunidades vecinales (las inspecciones eléctricas, los certificados de eficiencia energética, notificaciones telemáticas, subvenciones, etc.), difícilmente al alcance de un vecino común. Su incumplimiento, por negligencia u omisión, puede acarrear sanciones económicas e incluso responsabilidades de tipo penal dependiendo de la casuística.
Así, entre los peligros sobresalen aquellos que tienen que ver con el incumplimiento de los requisitos de la Agencia Tributaria en lo que respecta a los modelos fiscales a presentar por parte de las comunidades de vecinos. La complejidad de estos modelos también ha tendido a profundizarse en los últimos años y su desconocimiento puede conllevar penalizaciones que sumen multas económicas e intereses de IVAs devengados.
Riesgos
El Colegio de Administradores de Fincas estima de hecho que las obligaciones fiscales de las comunidades de vecinos crecieron un 20% entre 2012 y 2017. Dentro de esas nuevas obligaciones fiscales cabe enumerar ejemplos como el modelo fiscal 347, de aplicación para las comunidades de vecinos con proveedores de servicios con facturas de más de 6.000 euros al año. Si alguno de ellos es autónomo, deberán presentar también otros modelos (111 y 190); y si la comunidad genera ingresos de algún tipo, deberá declarar los IVAs (modelos 303 y 390).
"Contratar a un administrador de finca colegiado supone entre 4 y 10 euros al mes por vecino, es un gasto que creemos claramente rentable. El solo hecho de no estar al día de la obligatoria comunicación electrónica con Hacienda puede acarrear ya una multa de 200 euros para la comunidad de vecinos", reivindican desde Iesa.
Paralelamente, apuntan desde el sector de los administradores de fincas, está el riesgo de incumplir la normativa en materia de riesgos laborales en el caso de aquellas comunidades de vecinos que disponen de jardinero, portero o cualquier otro tipo de profesional contratado o subcontratado.
