El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lleva hoy al Consejo de Ministros los planes de empleo -junto con la subida del SMI a 1.000 euros y la prórroga de los ERTE covid-, y lo hace sin acuerdo y con muy poca negociación, según denuncian patronal y sindicatos. "Se ha empeñado en aprobarlos ya, van sin acuerdo y con muy poca negociación", trasladan fuentes conocedoras. Esta revolución en los planes de pensiones en contra de los individuales y en la que se introduce control estatal que presentó en primera vuelta el pasado 23 de noviembre no era del agrado de los agentes sociales, pero ha habido poco margen de acercamiento. Y una vez que se vio que no había respaldo de los agentes sociales al último borrador, estos no han vuelto a tener noticias.
El propio Escrivá salió en tromba el viernes y aseguró: "Nunca aspiramos en este tema a que hubiera una firma con los agentes sociales”, y añadió que tiene “la sensación que hay bastante acuerdo sobre este anteproyecto, que pretende convertirse en una norma muy positiva que ofrezca fórmulas de ahorro a largo plazo mucho más atractivas”. El foco en esta falta de acuerdo se ha esquivado por parte del Gobierno no informando de cuándo se reunía la mesa para este asunto y evitando dar pistas sobre cuándo se preveía que se aprobara. El viernes el ministro trató de desactivar el mensaje. No es que no haya acuerdo, es que ni siquiera lo ha intentado, admitió.
Se trata de la segunda vez que aprueba una parte de la reforma de las pensiones sin acuerdo, como ya ocurrió el pasado noviembre con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la clave de bóveda de la primera parte de la reforma de las pensiones, el mecanismo que Bruselas exige para que el sistema sea sostenible. Pues bien, Escrivá acordó con los sindicatos a espaldas de la patronal una subida de cotizaciones de 0,6 puntos de los que 0,5 puntos recaen sobre las empresas, una iniciativa que el FMI, la OCDE, Banco de España, Standard & Poor's o Fedea han advertido de que no es sostenible. Tampoco equitativa, el segundo requisito que exige Bruselas.
Los Convenios, acuerdos y anexos que el Gobierno ha firmado con la Comisión Europea y el Consejo Europeo sobre el Plan de Recuperación se comprometen a que las reformas sociales se aprueben con acuerdo de los agentes sociales. Y, en todo caso, como subraya la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con negociación. Lo que este este caso no se puede decir que haya existido plenamente, como han dado fe patronal y sindicatos a Vozpópuli. Precisamente, el próximo 28 de febrero aterrizan en España los hombres de negro de Bruselas para fiscalizar las reformas del segundo tramo del Plan de Recuperación, entre las que está la primera pata de la de las pensiones.
Sí que ha habido mejoras en el texto para empresas, gestoras y el sector financiero y asegurador en lo relativo a la gobernanza y a incentivos a las empresas, a las que se ofrece una rebaja de la base de las cotizaciones sociales de 80 euros por trabajador al mes, cuyo efecto real es un ahorro de 24 euros. A esto se añade que se ha reducido la presencia de la Administración en la comisión de control de los fondos y que no habrá derecho a veto sobre las decisiones de inversión. También se ha eliminado la exigencia a las gestoras que tengan un volumen de gestión de fondos superior a 1.000 millones de euros.
El último borrador contiene otra novedad: se permitirá que los trabajadores aporten más dinero que la empresa, cuando hasta ahora se equiparaba la participación. El asalariado podrá aumentar su aportación en función de la de la empresa, con límites, mecanismo que no incluye a quien tengan ingresos de más de 60.000 euros. Para José Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones en LoRIS, se trata de un mecanismo muy rígido y poco eficaz. Y del único punto en el que el autónomo sale mejor parado que los trabajadores por cuenta ajena, ya que no tiene estas constricciones.
Fuentes conocedoras trasladan que el ministro buscaba incentivos fiscales que la Dirección General de Tributos no ha avalado, pero subrayan que hay muchas más cosas que se podían haber mejorado con negociación más allá de Hacienda.
En el último borrador que el Gobierno ha mostrado a los agentes sociales de los planes de empleo no hay mejoras en el golpe fiscal que se asesta a los autónomos, que mantienen su situación de desventaja respecto a los asalariados en un texto que supone la culminación del golpe a los planes de pensiones individuales que abandera el ministro, precisamente a los que más recurren los autónomos: el 40% los tiene, frente al 10% de asalariados.
El pasado 23 de noviembre, el ministro presentó el borrador de los planes de empleo en primera vuelta en el Consejo de Ministros apelando a que esta revolución en los planes de pensiones que pasarían a focalizarse las empresas y a tener control público traería una mejor fiscalidad, menos comisiones y mayor simplicidad para atraer a trabajadores con rentas bajas, pymes y autónomos y en detrimento de los -a su juicio- fallidos planes individuales. Se trata de la culminación del golpe a los planes de pensiones individuales que abandera el ministro, precisamente a los que más recurren los autónomos: el 40% los tiene, frente al 10% de asalariados.
Golpe fiscal a los autónomos
Sin embargo, el golpe fiscal a los autónomos se mantiene. En los Presupuestos de 2021 y 2022, el Gobierno viene limitando la desgravación que cabe aplicar en las aportaciones a planes individuales, que ha pasado de 8.000 euros a 1.500, en aras de la de planes de empleo o de empresa. Pues bien, en el esquema fiscal que ha ideado Inclusión, los autónomos salen perjudicados. Y lo hacen cuando más de la mitad del colectivo tiene una media de edad por encima de los 50 años.
La propia reforma les perjudica al orillar los planes individuales. Pero es que además el proyecto contempla que los trabajadores por cuenta ajena que entren en el nuevo sistema puedan desgravarse hasta 10.000 euros en sus aportaciones, por la suma de los 1.500 euros para planes individuales (reducción que operan los Presupuestos de 2022) y los 8.500 para planes de empresa. No obstante, este tope se reduce casi a la mitad para los autónomos, a 5.725 euros en concreto, ya que se elimina la mitad de la aportación de la empresa. Eso sí, esto implicaría que cotizarán más, lo que puede incrementar su protección social.
Al ir disminuyendo los incentivos de los planes individuales y elevando los de empresa sin un sistema de compensación, los autónomos quedan en desventaja. Esta situación era menos palpable hasta ahora porque los planes de empresa son menos atractivos y muy poco utilizados. En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha subrayado que los planes individuales han funcionado muy bien para los más de un millón de autónomos que los tienen contratados.
Desde el Ministerio han subrayado que los autónomos mejoran fiscalmente respecto al marco ahora vigente, pero es cierto que en el nuevo marco que pretende revolucionar el sector y atraer a este perfil de trabajadores quedan en desventaja respecto a los asalariados.
El Gobierno prevé que esta ley esté en vigor en junio. En paralelo, se perfila muy complicado llegar a acuerdo en la reforma para que los autónomos coticen según sus ingresos reales, tanto como conseguir el aval del Parlamento. La última propuesta de Inclusión ha suscitado el rechazo frontal de Podemos.
