Sociedades y grandes patrimonios son los objetivos en los que se va a centrar Hacienda de entrada en el contexto de la reforma fiscal que tiene encima de la mesa y que ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación. Desde el Fisco se descartan ahora mismo actuaciones inmediatas en tributación medioambiental y grandes modificaciones en IRPF e IVA, todo ello a la espera de lo que se dirima en el debate europeo sobre las reglas fiscales.
Este escenario está en consonancia con el Plan Normativo para 2022 que ha presentado recientemente el Gobierno, que en el capítulo de Hacienda ni siquiera menciona la reforma fiscal, ni para decir que hay un comité de expertos trabajando en un informe al respecto. Y es acorde a los tiempos políticos que se avecinan, con dos años con comicios autonómicos y elecciones generales en el horizonte, que dificultarán que el Gobierno impulse subidas de impuestos y que el Congreso apruebe grandes proyectos normativos en este sentido. Por no hablar de subidas fiscales del diésel o a billetes de avión, que el Ejecutivo viene postergando por su impopularidad. Es decir, si los Estados miembros deciden volver a un planteamiento sobre consolidación fiscal similar al anterior a la pandemia, que en el caso español implicaría una exigencia de ajuste de más de 25.000 millones, el Gobierno activaría una reforma fiscal más profunda.
España se juega mucho con posible el retorno de estas reglas si el debate entre los Veintisiete para reformarlas no llega a buen puerto. En concreto, el objetivo de déficit público marcado por el Gobierno para este año se sitúa aún en el 5% del PIB, dos puntos por encima del límite del 3%; mientras que la deuda pública se reducirá hasta el 115,1%, todavía casi duplicando la regla del 60%. Un debate político abierto en el que podría mantenerse el objetivo del 3% y elevarse el de deuda al entorno del 100%, plantea Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.
De momento, están en el punto de mira los Impuestos sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, candidatos menos problemáticos desde el punto de vista político. En el caso de Sociedades, las empresas volverán a ser el objeto de las subidas, de entrada a partir de un recorte de deducciones. Y a la espera de las modificaciones que deban hacerse en el tipo mínimo del 15% en vigor desde el pasado 1 de enero, cuando la OCDE quiere tener la nueva tasa global a multinacionales operativa en 2023 y la Comisión Europea trata de sacar un proyecto comunitario en este sentido.
En lo que respecta a las deducciones, en el Plan de Recuperación se plantea que hay un grupo interno en Hacienda analizando las de varios impuestos, entre ellos, Sociedades. En concreto, el Gobierno se compromete a revisar 15 beneficios fiscales que "distorsionan la progresividad y la redistribución", en la estela de la revisión que recomienda la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha analizado 13 beneficios fiscales en Sociedades, IVA e IRPF que, en conjunto, reducen los ingresos del Estado en 35.000 millones de euros.
Una armonización al alza en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para obligar a la Comunidad de Madrid a subirlos está en el programa político del Gobierno y entre los objetivos que ha marcado al comité de expertos que le asesora en la reforma fiscal. Que quiera hacerse y que no se oculte, al contrario, no significa que pueda hacerse y, en este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó ayer en la rueda de prensa de presentación de la recaudación de 2021 que debe articularse en una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades (Lofca), lo que se antoja complicado, con las comunidades del PP en contra y en periodo electoral. Pero el objetivo está señalado y no impide otras subidas de las figuras patrimoniales.
Los impuestos verdes de Hacienda
La imposición medioambiental ocupa un lugar destacado en los objetivos de la reforma fiscal y en los compromisos del Plan de Recuperación con Bruselas. Sin embargo, parte de los compromisos llevan tiempo encima de la mesa de Hacienda, que no se atreve a lanzarlos. Una subida del diésel para equipararlo a la gasolina estaba en el programa del PSOE. No entró en los fallidos Presupuestos de 2019 porque no era del agrado de Podemos. Finalmente, sí se incluyó en los Presupuestos de 2021, pero se cayó en la negociación de enmiendas a instancias del PNV y Ciudadanos. Con el objetivo de recaudar 500 millones de euros, el tipo impositivo pasaba a 34,5 céntimos el litro, frente a los 30,7 céntimos actuales, aún por debajo de los 40,07 céntimos con que está gravado el consumo de gasolina. Esto suponía un incremento de 3,8 céntimos por litro, o lo que es lo mismo, 3,45 euros más al mes para un consumidor que haga unos 15.000 kilómetros al año.
Pero es que en el Plan de Recuperación, el Gobierno se compromete a la "revisión de las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante". Y se marca este hito para antes de junio. Fuentes de Hacienda consultadas por este compromiso echan ahora balones fuera. Montero planteó ayer que la recaudación de estas figuras no sería elevada y descartó que los expertos planteen nuevos impuestos verdes. Los expertos sí proponen subida de gasolina y la equiparación de diésel y gasolina, lo que puede hacerse de una vez o en etapas y que puede llegar a recaudar, sólo en los hidrocarburos, hasta 8.500 millones. A su vez, desde el Fisco se apunta a que se va a esperar a ver cómo desarrolla la propia Comisión Europea sus planes de subidas en estos impuestos.
