Impuesto a las energéticas: Sánchez usará la 'vía exprés' del Congreso para saltarse al Consejo de Estado

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos van a registrar en el Congreso una proposición de ley que crea el impuesto a las energéticas, fórmula mediante la cual el Gobierno acelera la tramitación y se evita los procesos e informes que necesitan los anteproyectos de ley que aprueba el Consejo de Ministros. En concreto, el borrador se salta los trámites de consulta y audiencia pública, con lo que el texto no será público ni podrán aportar observaciones las empresas afectadas. Y tampoco podrá ser cuestionado por el Consejo de Estado, a pesar de ser un impuesto polémico, que será objeto de pleitos.

A esto se suma el contenido político que se quiere dar a que la norma sea registrada por los dos partidos de la coalición de Gobierno, según trasladan fuentes gubernamentales, texto al que podrán sumarse otras formaciones. Una fórmula que Pedro Sánchez puede usar esta semana en el Debate sobre el Estado de la Nación como oferta a sus socios y para contrarrestar las demandas de que incremente los controles sobre las eléctricas.

Desde Podemos insisten en acelerar el impuesto a las energéticas y plantean recuperar su propuesta de "nacionalizar una eléctrica para tener al menos una gran empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio que nos sube la luz", como ya incluyó su programa electoral.

"Si gobernásemos nosotros solos, nos estaríamos planteando muy en serio aplicar el artículo 128 de la Constitución para nacionalizar a estos buitres", avisó en Twitter el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el 22 de junio.

En este sentido, Pedro Sánchez tuiteó el 25 de julio, tras el Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el Real Decreto-ley que prorroga las medidas contra la guerra: "El Gobierno está diseñando un nuevo tributo para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Será presentado en las próximas semanas como Proposición de Ley por los dos partidos de la coalición. Las cargas de esta situación deben repartirse con justicia".

Una ley no orgánica que crea un impuesto como la que se prepara en principio no necesitaría ser examinada por el Consejo de Estado, su dictamen no sería preceptivo (obligatorio), pero sí que es facultativo, es decir, el Gobierno puede pedirlo y es aconsejable que lo haga para mejorar el texto.

Sin embargo, los juristas a los que ha consultado Vozpópuli trasladan que en este caso sí se necesitaría de informe obligatorio del máximo órgano consultivo por tener el Derecho energético carácter armonizado con la UE. A la espera de ver el detalle de la norma, creen que con toda probabilidad afectará a la Directiva de la Energía y por lo tanto necesitaría del citado dictamen si la aprobara el Consejo de Ministros.

El Gobierno no está obligado a incorporar las observaciones del Consejo de Estado pero es recomendable que las tenga en cuenta, al menos algunas de ellas, para mejorar las leyes y blindarse de pleitos.

En vigor, "cuanto antes"

Además de otros informes, como del Consejo Económico y Social (CES), que la proposición de ley se va a ahorrar. Los pasos previos a que un anteproyecto de ley se apruebe en Consejo de Ministros pueden durar seis meses.

Con esta fórmula, el Gobierno acelera la tramitación, con lo que el Congreso podrá aprobar la ley a tiempo para que entre en vigor este año. O para que esté aprobada a tiempo y tenga los menores problemas de retroactividad posibles.

Según trasladan fuentes próximas a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el impuesto está "muy avanzado". La norma se quiere tramitar con celeridad para que entre en vigor "cuanto antes".

Sánchez primero habló el 25 de junio de que se quería que se aprobara lo antes posible y luego dijo que el impuesto entrará en vigor en enero de 2023. En una calculada ambigüedad, no respondió a la pregunta de si se van a gravar los beneficios de las energéticas de 2022, lo que una nota de Hacienda más tarde aclaró: se gravarán los beneficios de 2022 porque el impuesto se devenga el 31 de diciembre de 2022, pero en principio se pagará en 2023.

En principio. Si la coyuntura empeora y las presiones financieras y de la Comisión Europea se incrementan en otoño, el impuesto puede entrar en vigor en 2022.

El nuevo impuesto español, primero denominado 'a las eléctricas', afectará también a las petroleras. Hacienda contemplaba que así fuera, según avanzó Vozpópuli, posibilidad que ya se da por supuesta e impactará en Repsol, Cepsa o Acciona.