La nueva plusvalía municipal que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros gravará las ventas de menos de un año con el fin de que la caída de la recaudación sea lo menor posible. Así lo trasladan fuentes conocedoras del diseño del impuesto, que se va a validar en un Real Decreto-ley que se publicará mañana en el BOE para su inmediata entrada en vigor.
Esta fórmula la contenía el borrador del proyecto de ley que remitió Cristóbal Montoro al Congreso en 2018 para intentar reformar el impuesto después de que el Tribunal Constitucional (TC) lo tumbara en 2017 en casos en que no hubiera ganancia. Un nuevo procedimiento para dar con la base imponible que no presuponga que hay siempre ganancia ni se base en un cálculo lineal puede reducir la recaudación del tributo en más de un 50%, según expertos consultados. La plusvalía municipal supone la segunda fuentes de recaudación de los Ayuntamientos tras el IBI y recauda cerca de 2.500 millones de euros al año.
Mediante este gravamen a las ventas especulativas en el nuevo tributo, Hacienda trata de paliar la pérdida de ingresos para los alcaldes, que vienen reclamando que se habilite un fondo de compensación que desde el Ministerio niegan que sea necesario. Lo ha pedido el PP pero también el presidente de la Federación de Municipios y provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.
Tampoco entienden que sea necesario por los cerca de 15 días que no ha habido impuesto, una vez que el Ministerio de ha decantado por que el Real Decreto-ley no entre en vigor de forma retroactiva desde el 26 de octubre, día en el que el Tribunal Constitucional, lo que ha estado encima de la mesa. Es decir, desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre hay un vacío legal en el que los ayuntamientos no han podido liquidar la plusvalía y en el que ha prescrito el periodo para liquidarla de las ventas de herencias de hace seis meses y de un mes del resto.
Dos métodos de cálculo
El nuevo diseño permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie con el objetivo de que cuando haya una venta a pérdidas no se tenga que pagar. En primer lugar, se podrá seguir calculando a partir del valor catastral del suelo en el momento de la venta con unos nuevos coeficientes. Y en segundo lugar, se podrá calcular sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta. A esto se añade que los ayuntamientos podrán corregir a la baja hasta un 15% el valor catastral del suelo.
