Trabajo reforzará la plantilla de inspectores para tratar de "reforzar la lucha contra el fraude". En concreto, el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto que los gastos de personal asciendan en 2022 a 166 millones de euros, un 16,3% más que el año anterior.
Según consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), presentado este miércoles, este aumento se debe a la incorporación a su plantilla de nuevos trabajadores, con el objetivo de combatir el fraude en ámbitos como los ERTE.
Hoy, en base a los datos que manejan los sindicatos, la plantilla del organismo dedicado a la inspección no llega a 2.000 personas, entre inspectores, cerca de 1.000, y subinspectores, que superan ligeramente los 900. A estos hay que sumar personal funcionario de apoyo y personal laboral, pero "suponen muy poca parte de la plantilla", explican desde CCOO.
En 2022, recogen los PGE, se incorporarán nuevos empleados, lo que hará que aumente el gasto en esta partida considerablemente, aunque desde Trabajo no han trasladado detalles de cuántos trabajadores serán. No en vano, la decisión del ministerio que dirige Yolanda Díaz llega poco después de haber autorizado la prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero, para lo que también tienen previsto incrementar el control de la inspección.
De hecho, en esta nueva prórroga el Gobierno pedirá por primera vez a las empresas un listado de los trabajadores que están incluidos en los ERTE con el objetivo de detectar si hay fraude en los mismos, como parte del acuerdo firmado con patronal y sindicatos.
Trabajo se centra en el fraude
El acuerdo firmado entre las partes para ampliar estos expedientes establece como requisito indispensable la presentación de una relación de los trabajadores en el ámbito de aplicación del expediente y que vayan a permanecer incluidos en el mismo, como condición para acceder a las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por desempleo. El listado, que se presentará al Ministerio de Trabajo y Economía Social, se pondrá a disposición de la autoridad laboral competente, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "a los efectos que proceda de acuerdo con sus respectivas competencias".
Aunque este es el quinto acuerdo para prorrogar estos expedientes, es la primera vez que el Ejecutivo decide pedir las listas detalladas con los empleados afectados. Hasta ahora, la Inspección de Trabajo ha estado centrada en detectar fraudes en los ERTE ya aplicados, el más habitual de ellos consistente en mantener la actividad del negocio aunque oficialmente la empresa se encontraba en ERTE de suspensión. Según las cifras que maneja Trabajo, la inspección había detectado hasta el 1 de junio 5.459 ERTE fraudulentos, por los que ha impuesto sanciones por más de 26 millones de euros.
