El Govern de Quim Torra ha dado luz verde a un plan que, bajo el nombre de "estrategia de lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la integridad pública", pretende acabar con los posibles desmanes económicos de las administraciones en Cataluña. El plan se aplicará a la Generalitat y a las entidades del sector público y, en su ejecución, participarán las consejerías de Transparencia, Presidencia, Economía y Hacienda y Administración y Función Pública.
El nuevo plan establece un total de 25 actuaciones a ejecutar en los dos próximos años. Entre ellas destaca la relativa a la protección de quienes denuncien posibles casos de corrupción en la Administración autonómica. Para ellos se abrirán "buzones de denuncia 100% anónimos", según ha informado el Ejecutivo de Torra. Una protección que, por ejemplo, no recibió Montserrat Gassull, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra y cuyas denuncias, más de una veintena, permitieron abrir la causa del 3%, que afecta directamente a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), partido ahora integrado en JxCat y en el Govern que acaba de aprobar este plan contra la corrupción.
El caso de Gassull, fallecida en 2017, fue paradigmático en lo que a la falta de protección de quienes denuncian la corrupción se refiere. Ni siquiera el líder de su partido, Oriol Junqueras, entonces y ahora socio de CDC en la Generalitat, quiso apoyarla en su cruzada contra la corrupción en Torredembarra, a pesar de que esta acabó con la imputación de Convergencia por financiación irregular.
No se puede obviar que, por otro lado, la misma portavoz de JxCat en el Congreso, la diputada Laura Borràs, que también fue consejera de Cultura del equipo de Torra, está actualmente imputada por supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Todo ello por la adjudicación de contratos presuntamente irregulares a su amigo informático Isaías Herrero.
Agendas públicas
El nuevo plan, por otro lado, prevé que los Mossos reciban formación específica sobre los delitos asociados a la corrupción. Este cuerpo policial, además, colaborará con la Agencia Tributaria en la detección de posibles casos. El plan también contempla que se hagan públicas las agendas de reuniones del personal técnico de mayor rango y la supervisión de los procesos de selección del personal directivo "basados en méritos y capacidades".
A esta "estrategia" se asociará un "modelo de gobernanza" que, según la Generalitat, permitirá asegurar que se implantan las medidas previstas en el plazo fijado y "el rendimiento de cuentas del proceso de implementación y de los resultados". Con estos objetivos, se crearán un grupo director y otro ejecutivo, además de un programa de apoyo y un espacio de participación ciudadana de seguimiento.
La elaboración del plan fue aprobada en junio del año pasado, dentro del llamado Plan de Gobierno Abierto, que "incluye diversos objetivos y actuaciones en materia de lucha contra la corrupción y el fraude y de impulso de la integridad pública". Además, está vinculado a la Agenda 2030 de la ONU, que, entre otros objetivos, persigue la creación de "unas instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles".
