Los aparentes síntomas de mejora para el sector de la construcción parecen esfumarse con la misma facilidad y rapidez con la que aparecieron. Y si en algún lugar es más que evidente esta realidad es ni más ni menos que en Madrid. Los nuevos equipos de gobierno del Ayuntamiento de la capital y de la Comunidad han decretado una especie de estado de excepción en torno al urbanismo y las infraestructuras. Un escenario que supone el golpe de gracia para un sector que no levanta cabeza desde el inicio de la crisis: la industria auxiliar de la construcción. Su situación es tan desesperada que incluso estudia realizar un paro laboral como último intento de dar una voz de alarma que haga volver la mirada hacia las aproximadamente 40.000 familias que viven de las célebres subcontratas.
Durante la campaña de las últimas elecciones municipales y autonómicas, Ahora Madrid, el partido cuya cabeza de lista, Manuela Carmena, tomó el bastón de mando, habló y mucho sobre los grandes proyectos urbanísticos que estaban por entonces planteados en la capital, en un tono nada amable. Al llegar al poder, su discurso se moderó y pasó de la oposición radical a desarrollos como Distrito Castellana Norte (operación Chamartín), la operación Mahou-Calderón y Canalejas, a una postura de diálogo: todo se hablará, todo se debatirá, todo se estudiará…
"Nuestras empresas están prácticamente paradas porque desconocen el horizonte", dice una patronal
Pero nueve meses después, los bloqueos se imponen claramente a las luces verdes. La postura oficial ha pasado a ser “tal y como está planteado, no”. El Ayuntamiento propone así una operación Chamartín más pequeña a costa de reducir notablemente el desarrollo de infraestructuras en el entorno de los terrenos afectados; también está por reducir la edificabilidad en el caso de los terrenos ocupados actualmente por el estadio Vicente Calderón y la antigua fábrica de la cervecera Mahou, con lo que las cuentas de la operación, conectada directamente con la construcción del estadio de La Peineta para que sea sede del Club Atlético de Madrid se transforman en un sudoku de complicada resolución.
Mientras, la transformación del Edificio España, asociada al cambio de cara de la emblemática Plaza de España a la que se asoma el imponente rascacielos, está tan parada que Wanda, el holding chino propietario del inmueble, está dispuesto a escuchar ofertas por él. El Ayuntamiento bloquea la reforma del edificio para su transformación en hotel y zona comercial que pretende Wanda porque supone derribar la fachada. De nuevo, un caso de imposibilidad de cuadrar cuentas: sin tirar la fachada, la obra se alarga, los plazos se extienden, los gastos se disparan y los números no salen.
El papel de la Comunidad
En este último caso, la Comunidad de Madrid también ha tenido algo que decir y, aunque su gobierno es de signo completamente distinto (PP con el apoyo de Ciudadanos), el mensaje ha sido el mismo. La Comisión de Patrimonio ha avalado la protección de la fachada del Edificio España. No se toca.
Porque, en este escenario de parálisis en lo que se refiere a Urbanismo e Infraestructuras, el nuevo Gobierno regional también es un destacado actor. La primera decisión de Cristina Cifuentes como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid fue paralizar la reactivación del proyecto de la Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto había sido ya adjudicado por el anterior Ejecutivo a un consorcio formado por Acciona y OHL. La decisión del Gobierno autonómico se llevó a los tribunales que, por el momento, se han pronunciado en contra de la revocación.
La Comunidad de Madrid ha dejado aparcados también otros proyectos planteados con anterioridad como un nuevo aeropuerto en la zona de El Álamo. ¿Qué supone todo esto? Que las perspectivas de reactivación de la construcción que existían a comienzos del pasado año se han venido estrepitosamente abajo. El escenario actual ha dejado a los pies de los caballos a cientos de empresas dedicadas al transporte, el movimiento de tierras y otras industrias auxiliares de la construcción.
Amaexco, una de las patronales del sector, ha encendido todas las alarmas ante el escenario planteado en Madrid. “Nuestras empresas están prácticamente paradas porque desconocen el horizonte que tenemos por delante. En este negocio hay que hacer inversiones iniciales en maquinaria muy costosas y las decisiones no pueden tomarse en un entorno de incertidumbre como éste”, apunta su secretario general, Manuel Lyón.
En la actualidad sobreviven apenas un 30% de las empresas que había antes de la crisis
La patronal se reunió recientemente con responsables de la Consejería de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para que conocieran de primera mano su situación. “Confirmaron que en la actualidad la situación económica es delicada. Y el dinero que hay está destinado a políticas sociales”. Para más inri, entre los pocos proyectos que tiene la Comunidad en mente en esta materia se encuentran algunos relacionados con la operación Chamartín. “Si este proyecto no se desbloquea, la Comunidad no se moverá”.
Un paro para llamar la atención
Las empresas también han solicitado en numerosas ocasiones reuniones con el Ayuntamiento de Madrid pero, hasta ahora, no han recibido respuesta al respecto. “Una de las opciones es parar la actividad para llamar la atención aunque, si lo hacemos, perjudicaremos sobre todo a las empresas privadas que sí nos están dando algo de trabajo”.
El principal problema es que el sector salió muy tocado de la crisis. En la actualidad sobreviven apenas un 30% de las empresas que había antes de la crisis, así como de los cerca de 3.000 autónomos relacionados con la industria auxiliar de la construcción. “Un segundo batacazo sería imposible de aguantar, hay muchos puestos de trabajo en juego como para ignorar esta cuestión”.
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