El dinero público que se destinará al rescate de las siete entidades intervenidas hasta ahora por Banco de España se aproximará a los 42.000 millones de euros, superior al 4% de nuestro PIB, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) al que ha tenido acceso este diario. Dicha cuantía engloba ayudas directas en capital y la cobertura de las pérdidas.

La ayuda pública que finalmente se comprometerá en el rescate de los bancos intervenidos triplica el ajuste presupuestario de 2010, que conllevó, entre otras cosas, recortes salariales a los funcionarios, congelación de pensiones, y un retraso de la edad de jubilación.

Adicionalmente, se han concedido garantías de liquidez que solamente en las tres entidades ya adjudicadas (CCM, CAM, Y Cajasur) alcanzan los 23.000 millones de euros.

El Fondo de Garantía de Depósitos, a pesar de la reciente ampliación, y una vez que se tengan en cuenta las pérdidas relacionadas con la adjudicación de la CAM y las que podrían derivarse de las cuatro entidades aún no adjudicadas (Unim, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, y Banco de Valencia), necesitará fondos por valor de 32.000 millones de euros.

Banco CAM, CCM, y Cajasur

Banco de España ha intervenido siete entidades desde 2009, cuyo volumen de activos agregados representa aproximadamente el 10% del sistema bancario. De estas siete entidades sólo se han adjudicado CCM (2009), Cajasur (2010) y Banco CAM (2011). Según cálculos de AFI, “el importe de los apoyos públicos comprometidos en estas tres operaciones se cifra en 16.120 millones de euros, de los que el 60% se han realizado mediante esquemas de protección de activos”.

Estos tres procesos, según detalla el informe de Analistas Financieros Internacionales, se han realizado bajo esquemas muy diferentes. El Banco CAM recibirá ayudas, tanto en forma directa como bajo un esquema de protección de activos, por el 17% de su activo (12.001 millones de euros), similar al 14% recibido por CCM (3.775 millones de euros). Por el contrario, Cajasur sólo recibió ayudas por un 2% del activo (353 millones de euros).

En estas intervenciones, además, se han concedido garantías de liquidez. En el caso de Banco CAM, se ha asegurado el mantenimiento de 7.700 millones de euros frente a BCE y se ha comprometido la renovación de los 4.800 millones de emisiones avaladas por el Estado, que representa un 43% de su financiación en mercados mayoristas. En el proceso de Cajasur, el FROB le concedió una línea de liquidez de 1.500 millones de euros (en torno a un 22% del total de financiación en mercados mayoristas) al tipo de la facilidad marginal de crédito del eurosistema más un 1%. Por su parte, en el de CCM si bien estas ayudas fueron más significativas, hasta 9.000 millones de euros con aval del estado (aproximadamente el 60% de la financiación mayoristas), los costes de utilizar esta línea eran muy elevados.

Unnim, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia

Todavía queda pendiente por dilucidar la venta de la participación pública en Unnim, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, y Banco de Valencia. En el informe de AFI se realiza un análisis de las posibles perdidas potenciales de estos cuatro procesos de adjudicación y se contrasta con la capacidad financiera del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG).

Según AFI, “si se aplicaran criterios similares a los considerados en la última adjudicación de CAM, además de las aportaciones de capital ya comprometidas por 8.500 millones de euros, se generarían futuros Esquemas de Protección de Activos (EPAs) que podrían sumar 18.200 millones de euros”. Por lo tanto, las ayudas públicas para estas cuatro entidades pendientes de adjudicación “se elevarían a 26.700 millones de Euros”.

Fondo de Garantía de Depósitos insuficiente

El patrimonio del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a octubre ascendía a unos 6.700 millones de euros. Si se consideran los 12.050 millones de euros de pérdidas derivadas de la operación del Banco CAM, el patrimonio del FGD sería insuficiente y requeriría 5.350 millones de euros adicionales.

Si a esa cifra se le suman los 26.700 millones de pérdidas estimadas por AFI para los cuatro procesos previstos, las necesidades de fondos se elevarían a 32.000 millones de euros. Las aportaciones previstas que van a realizar las entidades al FDG se sitúan en torno a los 2.400 millones de euros anuales. Con lo cual, bajo este ejercicio de simulación teórica, AFI considera que “serían necesarios 12-15 años de aportaciones al FGD para cubrir las necesidades de capital estimadas para abordar estos posibles procesos de adjudicación”.