El Parlamento Europeo (PE) aprobará el jueves previsiblemente una nueva normativa que obligará a los países a reciclar cada vez más residuos electrónicos para recuperar los materiales que contienen y que busca reforzar la lucha contra las exportaciones ilegales de estos fuera de la Unión Europea.
"En una tonelada de residuos electrónicos hay 50 veces más contenido de oro que en mucho de lo que se saca en las minas europeas", ha destacado este miércoles en rueda de prensa el eurodiputado alemán (Partido Popular Europeo) Karl-Heinz Florenz, ponente del texto.
Bruselas pretende fomentar la recuperación de materias primas -oro, plata, cobre y otros materiales- que se hallan presentes en este tipo de basura, una práctica que considera que a la larga puede ser muy beneficiosa desde el punto de vista económico.
"Cada vez más compañías se dan cuenta de que es más barato reutilizar los recursos de los residuos que extraer nuevas materias primas", ha señalado la eurodiputada belga (Grupo Socialista) Kathleen Van Brempt en un comunicado.
Florenz ha anunciado que los grupos políticos han alcanzado un acuerdo previo, por lo que no se esperan sorpresas en la votación en segunda lectura de mañana.
Acuerdo provisional de los 27
Tras recibir luz verde en el Parlamento Europeo, el texto deberá ser aprobado formalmente por los gobiernos de los Veintisiete, que ya sellaron un acuerdo provisional con la Eurocámara el pasado 21 de diciembre.
El texto establece que a partir del presente año cada país debe recuperar 4 kilos por habitante de la media de residuos electrónicos que produjo durante los pasados tres años.
Desde 2016, deberán reciclar una cantidad de basura electrónica igual al 45 % del total de los equipos que se vendieron los tres años anteriores, un porcentaje que en 2019 tendrá que aumentar hasta el 65 % o hasta el 85 % de los residuos electrónicos generados, independientemente de las ventas de nuevos aparatos.
El grupo socialista del PE expresó su satisfacción con el texto y recalcó uno de sus puntos más decisivos: la lucha contra las exportaciones ilegales de estos residuos fuera de la Unión Europea.
"Debemos parar de enviar nuestra basura a países que no pueden procesarla, a partir de ahora las compañías tendrán que probar que cada cosa que envían fuera puede utilizarse aún", denunció la vicepresidenta socialista Marita Ulvskog.