La Abogacía General del Estado ha solicitado una batería de diligencias a la Audiencia Nacional para esclarecer la verdadera relación entre las licitaciones a empresarios afines al PP con las donaciones que en aquel entonces canalizó el partido y que Luis Bárcenas anotó en sus famosos papeles. Por ello ha solicitado, entre otras medidas, que se recaben las agendas oficiales de los ministros de Fomento bajo el Gobierno de José María Aznar, pese a que el magistrado Santiago Pedraz insiste en dar por terminada esta investigación.
El pasado mes de julio el juez decidía no prorrogar más esta causa que se reabrió en 2017 tras las confesiones de Francisco Correa en uno de los juicios de la trama Gürtel. Sin embargo, los servicios jurídicos del Gobierno insisten en que todavía se pueden practicar más diligencias en aras a esclarecer si estas donaciones eran o no finalistas. Así, en un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 5 y al que ha tenido acceso Vozpópuli, la abogada del Estado Rosa María Seoane explica que el último informe de la UDEF (relativo a 23 contratos bajo sospecha) convierte en "necesarias" una serie de diligencias sobre estas licitaciones.
En primer lugar, reclama el registro de entrada en las sedes de Fomento y la Secretaría de Estado de Infraestructuras de las empresas cuyos expedientes fueron analizados por la Policía. Igualmente pide el registro de una de las principales firmas asociadas a la caja B del PP. Se trata de Constructora Hispánica, de la que fue presidente Alfonso García-Pozuelo, y que, según la Policía, resultó especialmente beneficiaria de licitaciones. De acuerdo con la documental recogida por este diario, recibió un total de 480 contratos de la administración pública en los años que están bajo la lupa de los investigadores.
Del mismo modo reclama la agenda oficial de los ministros de Fomento y secretarios de Estado de Infraestructuras, así como del director general de Carreteras y de los presidentes de las distintas empresas beneficiadas en el periodo señalado por Bárcenas, esto es, entre 1996 y 2004. El extesorero del PP puso el foco en los ministros de Fomento bajo el Gobierno de José María Aznar. Dichos cargos los ostentaron Rafael Arias Salgado en la primera legislatura (1996-2000) y Francisco Álvarez-Cascos en la segunda (2000-2004).
Constructora Hispánica
En tercer y último lugar, Seoane (que defendió a la Abogacía General del Estado en el juicio del procés) solicita a Pedraz que requiera a la Agencia Tributaria los expedientes sancionadores posteriores al año 2003 en relación al riesgo fiscal, así como operaciones de movimientos de efectivo efectuadas tanto por Constructora Hispánica -en calidad de persona jurídica- como por García Pozuelo. La UDEF apuntó que en la cuenta analítica del partido se registraron nueve entradas con un montante total de 258.161 euros entre los años 1998 y 2006.
La petición de los servicios jurídicos del Gobierno se produjo después de la última declaración en sede judicial de Luis Bárcenas a medidos de juicio. El extesorero del PP, que se comprometió a comienzos de año a colaborar con la Justicia, implicó a los entonces ministros de Fomento y de Medio Ambiente en la supuesta caja B de la formación. Según expuso, todos ellos fueron conocedores del circuito de pagos encubiertos a cambio de la adjudicación de faraónicas obras de la Administración pública.
Bárcenas, que matizó que no puede aportar pruebas de calado porque se las sustrajeron en el marco de la trama Kitchen, precisó que en un primer eslabón en la recepción de estos fondos se encontraban tanto él (en calidad de gerente) como Álvaro Lapuerta en su condición de tesorero. Tras ellos actuarían los ministros de Fomento así como los de Medio Ambiente; cargos estos últimos que ocuparon Jaume Matas (2000-2003) y Elvira Rodríguez (2003-2004). Con todo, Bárcenas señaló especialmente a Álvarez-Cascos, el cual antes de llegar a este Ministerio ostentó la vicepresidencia del Ejecutivo.
23 contratos bajo sospecha
Pese a ello, el magistrado Pedraz alegó en una escueta providencia que estas peticiones de la Abogacía no tenían lugar al haberse presentado una vez concluido el plazo de investigación. Se trata de una respuesta rebatida por algunas de las acusaciones que se han adherido a la petición del Ejecutivo para que se practiquen estas últimas pruebas antes de decidir si la causa se envía a juicio o, por el contrario, se archiva. Las diligencias se reabrieron en 2017 tras las confesiones del cabecilla de la Gürtel en uno de los juicios de la red.
En su declaración ante el tribunal Correa confesó que supuestos donantes del PP como OHL acudieron a él para que, a su vez, mediara ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, que son los que gestionaban las adjudicaciones (en su mayoría relacionadas con la construcción de tramos de carretera y del AVE). Además apuntó que Bárcenas se llevó comisiones por su implicación en estas licitaciones, lo que provocó que De la Mata reabriera la causa al considerar que había indicios relevantes para seguir indagando.
En este tiempo, el juzgado ha desgranado los famosos papeles de Bárcenas y los ha ido cotejando con las licitaciones públicas. Además, la causa ha ido incorporando documental clave requerida a Fomento, Medio Ambiente y Defensa, así como a Adif y Aena. El objetivo era esclarecer el origen de un total de 23 contratos bajo sospecha, que se firmaron entre los años 2000 y 2004 y entre los que se encuentran la construcción de diversos tramos de autovía (Castilla, Córdoba y Levante), la urbanización del parador turístico de Lorca, la reconstrucción de un túnel artificial entre Córdoba y Málaga o el expediente relativo a la plataforma de uno de los diques del aeropuerto de Barajas.
La suma total de los proyectos ascendió a 664 millones de euros. Así lo recogió el informe de la UDEF del pasado mes de noviembre, que también se hizo eco de las confesiones de García Pozuelo, el cual llegó un acuerdo de reconocimiento de los hechos con la Fiscalía Anticorrupción. "Sus declaraciones aportan la metodología puesta en marcha o modo de obrar para la consecución de contratos públicos (...) y el reparto de comisiones en caso de obtener la licitación", concluyó el oficio policial.
