Miguel Ángel Rodríguez Arias es una pesadilla para los antiguos jefes de ETA. Este experto abogado lleva desde el 2012 trabajando codo con codo con Daniel Portero para la asociación Dignidad y Justicia. En ese momento ya sabía qué figura jurídica se debía utilizar para conseguir sentar en los banquillos a los líderes de la banda. Su objetivo: que respondan por los 379 asesinatos sin resolver de la organización terrorista.
"Daniel Portero me contactó porque buscaba enfoques nuevos contra la impunidad de ETA. Tenía claro que se debía utilizar la autoría mediata por dominio de la organización", explica a Vozpópuli este letrado, que trabaja de forma conjunta con Vanesa Santiago Ramírez. Esta abogada penalista se encarga de denunciar los 'ongi etorri' y los delitos de enaltecimiento del terrorismo.
Su amplia trayectoria internacional, se ha formado en cuatro universidades europeas y tiene varios premios por sus investigaciones, le dio otro punto de vista para afrontar la lucha contra ETA. "Hay que enfocar las acciones en la responsabilidad de los jefes", determina.
Un abogado que no levanta las críticas de Bildu. Su anterior labor, investigando los crímenes del franquismo, hace que el partido abertzale no tenga argumentos para calificarle de extrema derecha. Este letrado se muestra interesado "en los derechos humanos" y el "interés general del país".
Limpieza étnica de ETA
Ya se han dictado condenas a jefes terroristas por crímenes de sus subordinados. La más importante fue en Perú donde fue juzgado Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Guzmán murió en la cárcel donde cumplía cadena perpetua por sus crímenes.
Rodríguez Arias hace una metáfora sobre los años judiciales de lucha contra la banda. "En esta lucha el Estado ha sido como un boxeador que teniendo dos armas contra la impunidad, el derecho penal nacional y el internacional, decide afrontar el combate con uno de los dos guantes atado a la espalda, porque sí, arbitrariamente. España hasta ahora sólo ha utilizado la óptica e instrumentos del derecho penal nacional y ha venido renunciando por completo al derecho penal internacional y todos sus aportes útiles, ¿por qué?", se pregunta.
"El terrorismo ha expulsado a 200.000 personas y eso no son coacciones o amenazas. Es limpieza étnica", lamenta al tiempo que dice que estos delitos superan los ámbitos españoles.
Su arma jurídica para combatir estos crímenes es el artículo 28 del Código Penal, que está basado en una normativa igual alemana. Esta herramienta jurídica se refiere a la autoría inmediata por dominio. Con ello se podría responsabilizar a los líderes de la banda de los 379 asesinatos (44% del total) que aún no tiene a personas implicadas. "Fue una puerta abierta que estaba ahí y no se había visto", afirma.
Respaldo de la UE
Con esta fórmula ha conseguido que la Audiencia Nacional investigue a la cúpula de ETA en siete procedimientos. Son los del asesinato del juez Querol, del concejal del PP Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco y de los atentados de la T4, de la comisaría de Ondarroa, de Santa Pola y de Sangüesa. En total ya hay 26 etarras distintos que siguen bajo el foco de la justicia.
Una de las grandes noticias que Miguel Ángel ha tenido en los últimos días es el informe del Parlamento Europeo en el que se insta a considerar como crímenes de lesa humanidad los crímenes de la banda terrorista. Una petición que partió de Dignidad y Justicia y de su propio abogado. "Nos ha dado la razón en todo. Punto por punto", celebra.
Un texto, que "tiene que ser leído con calma en España", que respalda la vía que tiene abierta contra los jefes. Para este abogado significa un apoyo importante de que es el camino correcto para dar respuesta a los crímenes sin resolver. "Son nuevas vías para el beneficio de las víctimas del terrorismo", reconoce.
Porque el trabajo de Miguel Ángel es seguir adelante con estos procedimientos sin pensar en presiones o distracciones externas. "Estoy focalizado en las querellas y la estrategia jurídica. Habitualmente no tengo un contacto directo con las víctimas, eso lo lleva la asociación, pero lucho por ellas. Intento dar los mejores argumentos con perspectivas nuevas nuevas para dar respuesta a su injusta situación de impunidad y sufrimiento", concluye.
de Larra
Lo cierto es, que según el Eustat y el Ine, en el País Vasco, faltan aproximadamente 581.692 ciudadanos, si consideramos su crecimiento demográfico y lo comparamos con el del resto de España. El País Vasco creció demográficamente en el periodo 1.981 - 2021, un 1.79 % y el resto de España un 27.19 % en el mismo periodo. De ese total, 104.962 se pueden considerar consecuencia de una menor natalidad; entre 150.000 y 200.000 se dice que por el terrorismo y el resto, entre 276.000 y 327.000 por su nefasta gestión económicosocial a lo largo de la democracia, que ha hecho que todos los años, ahora también, miles de nuestros hijos se hayan tenido que ir a buscar la vida a Madrid, Valencia, Londres, Zúrich o Frankfurt cuando no mas lejos y nosotros detrás para poder ver a nuestros nietos. Esta es la única realidad, que ha dejado el terrorismo en el País Vasco. MUERTE Y MISERIA. ¿Qué empresa va a invertir allí?, ninguna, que inviertan ELA y los herederos de ........
juanpedro
Donde hay que poner dinero para que siga hasta aclarar todo lo posible
2019Abulacia
Estupidez total. La limpieza etnica sehace con armas, muerte y fosas comunes. los que abandonaron Euzkadi lo hicieron por propia determinación, sin deportaciones como hacían los nazis. Nada, no cuela por ningún lado