La ONG Save the Children ha publicado esta semana un informe sobre los abusos a menores de edad en España. Según los datos que manejan, entre el 10 y el 20% de la población española ha sufrido algún tipo de abuso sexual a lo largo de su infancia y/o adolescencia. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial apunta que en 7 de cada 10 casos de violencia sexual revisados por el Supremo las víctimas son niños.
La organización, aparte de denunciar los datos, pretende sacar a la luz que los procesos judiciales a los que tienen que hacer frente tras atreverse a realizar la denuncia suponen una "nueva victimización y una experiencia traumática", porque los juicios "no están especializados a las necesidades y situaciones de los menores".
Marta Pellón Pérez, Abogada Penalista y Licenciada en Criminología, del despacho Palladino Pellón & Asociados, explica a Vozpópuli que, aunque se haga todo lo posible por que no exista una victimización secundaria de los menores a lo largo de los procesos, "lo cierto es que al ser delitos donde la pena
solicitada puede ser muy elevada, es indispensable que la víctima tenga un grado de participación suficiente en el proceso". Pese a la obvia protección que se le debe dar a los menores en este tipo de casos, la realidad es que los procesos judiciales son exactamente igual que los de cualquier adulto que denuncie algún tipo de abuso sexual.
Es precisamente este uno de los objetivos que buscan en el informe de Save the Children: visibilizar los actuales fallos del sistema judicial en la atención de estos casos y plantear la necesidad de la especialización del sistema judicial. Para ello, han llevado a cabo la revisión de 394 sentencias judiciales de casos de abusos sexuales cometidos hacia la infancia entre 2019 y 2020, correspondientes a 432 víctimas.
Preparación del sistema respecto a los abusos a menores
Bajo el punto de vista la organización Save the Children, es urgente el "establecimiento de estructuras judiciales y fiscales especializadas en violencia contra la infancia que se encarguen de las causas penales por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes". También defienden en el informe que todavía no existe la necesaria preparación de los profesionales de la justicia en este tipo de casos que afectan a niños y adolescentes.
El argumento al que acuden para defender esta falta de preparación es que los procesos judiciales son demasiado largos para los menores. Según los datos derivados de la revisión de las 394 sentencias, el 63% de los casos duraron un período de dos años, aunque el informe de 2017 de la misma ONG reflejaba que la media era de tres años. Se trata de una mejora respecto a años anteriores, aunque todavía queda mucho por mejorar, ya que "sigue habiendo procesos que duran cinco años". Esta situación provoca que los menores encuentren dificultades para olvidar una experiencia traumática y que tengan que recordarla con frecuencia.
Otro motivo que bajo su perspectiva justifica la necesidad de especialización para evitar el daño a los menores es que tienen que declarar hasta cuatro veces: "Esto significa que cuentan su historia a diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones". Este punto lo refuta Pellón, pues explica que en España la víctima declara normalmente solo dos veces: una vez en el Juzgado de Instrucción y otra en el propio juicio oral, que en estos casos es ante la Audiencia Provincial.
Además, la abogada explica a Vozpópuli que en cualquier caso, a los menores se les trata con el mayor de los cuidados para evitar que los procesos judiciales les pongan en peligro o agranden el daño. Por un lado, en cuanto se realiza la denuncia, se dicta una orden de alejamiento entre el supuesto agresor y la víctima, para evitar males mayores. Además, los menores tienen asistencia psicológica siempre que lo necesiten y en las declaraciones, denominadas exploraciones en sede judicial, se hacen asistidas por psicólogos adjuntos al Juzgado.
La punta del Iceberg
Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, tal y como publican en el informe de Save the Children, a lo largo del año 2020, el último del que se tienen datos, se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, destacan que es "solo la punta del iceberg", ya que se estima que esas denuncias representan tan solo el 15% de los casos de abusos, pues el resto no llega a denunciarse.
Para reducir ese porcentaje de menores que no llegan a interponer una denuncia, la abogada Pellón apunta a que la solución no se encuentra tanto en el plano jurídico, punto en el que "el sistema funciona correctamente", sino en una fase anterior: "Se debería impartir en todos los centros educativos charlas donde se expliquen a los menores este tipo de conductas, ya que muchos de ellos llegan a interiorizar como normales conductas que no lo son". También apunta que se debería tener más control por parte de los centros educativos hacer más seguimiento con el pediatra, ya que la mayoría de las víctimas de este tipo de delitos suelen tener con frecuencia infecciones en la parte genital.
Perfil de la víctima
Tras los pertinentes estudios, se puede establecer un perfil recurrente de las víctimas de este tipo de delitos. Alrededor del 44,7% de los abusos se producen entre los 13 y los 16 años y en un 78,9% de los casos las víctimas son niñas o chicas adolescentes. Un dato preocupante es que la edad media en la que los menores comienzan a sufrir abusos es muy temprana, a los 11 años y medio.
Además de un perfil de las víctimas, se puede establecer unas características habituales del agresor. Aproximadamente el 84% de los abusadores son conocidos en mayor o menor medida de los menores. Concretamente, en un 49,5% el agresor pertenecía al entorno familiar, ya sea padre, madre, u otro familiar; en un 9,7% se trata de una amistad o compañero de la víctima; en un 8,6% de los casos son conocidos de la familia y en un 6% se trata del educador.
