Unidas Podemos exige a Pedro Sánchez que desoiga las recomendaciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, por temor al voto cazador en las inminentes elecciones en Andalucía y Castilla y León, y dé luz verde ya para que el Consejo de Ministros apruebe la Ley de protección animal tras varias semanas de retraso, según ha sabido Vozpópuli de fuentes gubernamentales. La ley es consecuencia, dicen, de una moción aprobada por el Congreso en mayo con los votos de todos los grupos, excepto Vox, que pretende “acabar, no con la caza, sino con la lacra que supone el abandono de entre 150.000 y 300.000 mascotas y perros de caza en España cada año”.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, saben que el PSOE quiere aplazarla hasta bien enterado 2022, por temor a que aumente el voto rural a Vox y al PP de Juan Manuel Moreno Bonilla frente al candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas; temor que se hace extensivo a Castilla y León, región cinegética por excelencia, donde su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, sopesa adelantar los comicios regionales al 27 de marzo.
No es ningún secreto que, tras tumbar Vox los presupuestos este jueves, el fin de la legislatura en Andalucía es algo más que una posibilidad y que a Pablo Casado le gustaría hacer coincidir ambas citas con las urnas para desgastar aún más a Sánchez. Que Moreno Bonilla haga coincidir sus elecciones con las castellano-leonesas -ambos parlamentos se disolverían la semana del 2 de febrero- o decida aguantar hasta junio, es algo que no debería afectar al calendario legislativo, opina el sector morado del gabinete de coalición.
Díaz y Belarra no van a aceptar que Vox y el PP condicionen una de las medidas estrella de su agenda, la denominada coloquialmente ley de bienestar animal, cuyo anteproyecto presentó el director general de derechos de los animales, Sergio G. Torres, y se abrió el 6 de octubre a exposición pública para alegaciones ante el ministerio de Belarra. En teoría, debería ser incluido como proyecto de ley en alguno de los próximos Consejos de Ministros, pero Podemos ve “cero interés” del PSOE en este momento preelectoral, lo cual hará inviable la entrada en vigor de la nueva ley a uno de enero 2023.
En España hay 713.139 cazadores con licencia que gastan 10.000 euros de media y con los 6.500 millones que generan cada año mantienen alrededor de 187.000 empleos en un mundo rural muy movilizado ya contra el Gobierno por el alza del gasóleo
En España hay 713.139 cazadores con licencia que gastan 10.000 euros de media y con los 6.500 millones que generan cada año mantienen alrededor de 187.000 puestos de trabajo, cifra que supone el 80% de los empleados de la automoción, la primera industria del país, por ejemplo. Y la inmensa mayoría de esos empleos están en un mundo rural muy de uñas y movilizado contra éste Gobierno de izquierda tras el alza del gasóleo en el último año y las ventas a pérdida de los agricultores.
Por eso, a La Moncloa no paran de llegar mensajes, no sólo desde el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas o el PSOE andaluz de Juan Espadas, también de los presidentes socialistas de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o Aragón, Javier Lambán, sobre el malestar que hay en el campo español y que el debate sobre la ley de bienestar animal ahora podría hacer prender como una chispa en beneficio de Vox, sobre todo, y PP.
Los tres han recibido al sector para escuchar su voz de alarma contra la mala imagen de los cazadores en redes sociales y, en general, en el debate político. La última vez, este mismo jueves Page recibió en Toledo al sector, que le entregó un estudio realizado por GAD3 en la región, según el cual el 63,9% de los castellano-manchegos considera la caza una actividad “necesaria”, diez puntos por encima de la media nacional:
Desde Unidas Podemos se insiste a Vozpópuli en que “ningún cazador va a ver restringida su actividad con esta ley de bienestar animal, solo se va a garantizar que los galgos o los animales que participen reciben un trato humano, que no se les maltrata y no se les abandona”. Y es que, según datos de asociaciones animalistas, en España se abandonan al año 50.000 galgos -5.000 solo en Sevilla provincia- de los 200.000 que participan en caza y carreras, alguno de los cuales acaba siendo protagonista de episodios de crueldad extrema denunciados por el Seprona de la Guardia Civil.
A partir de la entrada en vigor de la ley, un particular no podrá tener más de cinco crías para cazar o vender mascotas y si las tiene ya no podrá comprar más; su sacrificio siempre deberá estar justificado por lesiones incurables y correr a cargo de un veterinario colegiado que lo realice “en condiciones humanitarias” -para evitar el espectáculo de perros ahorcados o muertos por disparos-.
Se prohibirá dejar a los animales de forma permanente en terrazas, trasteros, sótanos o vehículos (remolques-jaula tampoco) y sin supervisión durante tres días. En el caso de los perros, ese plazo no podrá superar las 24 horas consecutivas. En el caso de pérdida, deberá comunicarse en el plazo máximo de 48 horas para que no sea considerado como abandono, práctica multada hasta con 100.000 euros.
Tanto Yolanda Díaz como Belarra han argumentado a Planas y al sector socialista del gobierno opuesto a esa ley que lo único que va a hacer el gobierno es equiparar a España con el resto de socios europeos en materia de trato civilizado hacia los animales y evitar el “sacrificio indiscriminado” de miles de canes abandonados en perreras.
Francia ha prohibido tener delfines y orcas en cautividad, y las granjas de visones para fabricar pieles; el Reino Unido la importación de foie-gras o aleta de tiburón; Alemania sacrificar pollos recién nacidos; y en Holanda puede ir uno a la cárcel hasta tres años por maltrato animal
En Francia, por ejemplo, se acaba de aprobar la semana pasada una ley que prohíba la venta de crías de perros y gatos en las tiendas de animales y la presencia de animales salvajes en circos, como el proyecto del gobierno del Ejecutivo español. Los futuros dueños de los animales deberán obtener un "certificado de compromiso y de conocimiento”. Los delfinarios franceses, que cuentan con 21 delfines y cuatro orcas, ya no podrán poseer estos cetáceos en el plazo de cinco años. También se prohibirán de forma inmediata las granjas de visones criados para aprovechar sus pieles.
En el Reino Unido se creó la Ley Lucy, en honor a una perra de aguas que murió en 2016 después de obligarla a quedarse preñada y a parir una camada tras otra sin descanso en un criadero de Gales. El gobierno británico presentó en mayo un amplio plan de defensa de los derechos de los animales, que prohíbe la venta del foie gras, la importación de trofeos de caza y los criaderos de perros y gatos; pasando por la restricción de la caza de aves con substancias adhesivas o la prohibición de la venta de marfil y la importación de aletas de tiburón.
Holanda, que es precursor de políticas de protección animal, introdujo en la primera década de este siglo la Ley de Protección Animal y se aprobó la Ley de Salud y Bienestar Animal, que prohíbe a los dueños no brindarles los cuidados pertinentes o abusar de los mismos. Si se vulnera la Ley es penado con tres años de prisión y multada con 16.750 euros; “de ahí que en Holanda antes de tener un perro y abandonarlo, se lo piensen dos veces”, dicen fuentes del ministerio de Ione Belarra. La norma holandesa establece castraciones masivas, obligatorias y gratuitas, así como medidas fiscales impositivas a la compra de animales de raza.
Y en Alemania la protección de los animales acaba de adquirir rango constitucional. Con 543 votos a favor, 19 en contra y 15 abstenciones, el Bundestag (Cámara Baja) aprobó modificar en este sentido el artículo 20 de la Carta Magna de Bonn referido a la Protección de los fundamentos naturales de la vida. Por ejemplo, a partir del próximo uno de enero de 2022, estará prohibido el sacrificio de pollos recién nacidos.
