Alberto Casero, el diputado extremeño más mediático del Congreso, ha vuelto a tener un mal día. El político, que pertenece al Partido Popular, se ha equivocado de nuevo con los botones de votación y ha votado a favor de investigar a Mariano Rajoy por la policía política, según el registro del voto de la sesión. No es la primera vez que el diputado vota en sentido contrario a los intereses y las directrices de su formación. El pasado mes de febrero el voto de Casero fue el que permitió la aprobación por la mínima de la reforma laboral que había propuesto el Gobierno de coalición, formado por el Partido Socialista y Podemos.

El PP mantiene un expediente informativo abierto contra su diputado Alberto Casero y no endurecerá las medidas en su contra por los indicios de prevaricación y malversación en su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres) mientras no se le abra juicio oral.

Así lo ha explicado en rueda de prensa Cuca Gamarra, secretaria general del PP, cuando el Congreso está pendiente de que el Tribunal Supremo pida un suplicatorio para proceder penalmente contra Casero, como ha propuesto el magistrado Andrés Palomo en un trámite que aún puede demorarse.

"Aplicamos los estatutos", ha afirmado la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que recalca que no ha cambiado la situación procesal de Casero, quien no ha logrado que prospere su petición para que el juez instructor archivase la causa en su contra.

Los estatutos del PP prevén en su artículo 22.A que un expediente informativo se transforme en disciplinario cuando se tenga conocimiento de la apertura de juicio oral y que éste resuelva en el momento en el que se dicte la sentencia, no firme, o el auto de sobreseimiento.

Además, el artículo 7.B contempla la suspensión "provisional de afiliación" acordada de forma "automática" por el Comité Nacional de Derechos y Garantías "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción".

Juicio en el Supremo

Casero está cada vez más cerca del banquillo del Supremo. El juez que le investiga por presunta malversación y prevaricación mientras fue alcalde de Trujillo ha propuesto que se envíe suplicatorio al Congreso de los Diputados -por su condición de parlamentario- para así poder procesarle por estos dos delitos.

Andrés Palomo, el magistrado del alto tribunal que ha investigado a Casero, ha elevado una exposición razonada a la Sala de lo Penal (por ser la competente en materia de aforamientos) en la que propone que se dirija este suplicatorio al Congreso para poder proceder contra él. Se trata de un trámite que exige la Ley ya que se requiere de la autorización de la cámara baja antes de poder procesarle.

Casero, especialmente conocido por permitir con su voto erróneo la aprobación de la reforma laboral del Gobierno, enfila de esta forma su camino al banquillo de los acusados por su etapa como alcalde de Trujillo. Según explica en el juez instructor en su exposición razonada, entre marzo de 2017 y diciembre de 2018 concertó con terceros servicios de patrocinio y convenios que se firmaron, según explica, al margen de la Ley.

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