"El comisario de Medio Ambiente se ha comprometido, con nosotros, a evaluar todos los argumentos que hemos tenido la oportunidad de ofrecerle hoy". Así se ha expresado el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ante los periodistas, tras su reunión de este martes Bruselas con Virginijus Sinkevicius, sobre la Proposición de Ley (PL) que promueven PP y Vox. Se trata del proyecto para la ampliación de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
El también portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado, asimismo, que le ha mostrado al comisario su voluntad de "colaborar, como no puede ser de otra manera, para el cumplimiento de las directivas que hoy rigen en Doñana, de la normativa europea, leyes estatales y autonómicas"; además de la conservación y cuidado del citado espacio protegido que es, ha recordado Fernández-Pacheco, "una obligación legal, pero sobre todo moral, para los que tenemos una responsabilidad pública".
Pacheco ha defendido ante la Comisión Europea que la Junta de Andalucía cumple con lo que le corresponde en el marco de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana. El gobernante autonómico ha enfatizado que la PL no perjudica al acuífero existente, ni al emblemático humedal, en contra de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a las autoridades europeas.
“El comisario me ha expresado la preocupación que tiene por el cumplimiento de la sentencia que desde el año 2021 recae sobre el reino de España en lo concerniente a Doñana, una preocupación que nosotros compartimos y que en apenas el 10% que corresponde a la Junta sobre su cumplimiento estamos siendo extremadamente diligentes para cumplirlo y para notificarlo puntualmente", tanto al Gobierno de España como a la Comisión Europea.
Pacheco ha reiterado que se trata de una ley que "en absoluto perjudica al acuífero de Doñana" porque habla de aguas que "vendrían siempre en superficie a través de un trasvase que el Gobierno de España prometió por ley en 2018 y cuya infraestructura ni siquiera ha comenzado" por lo que, según ha incidido, "el agua de Doñana es para el Parque Natural".
La cita bilateral de Bruselas se ha celebrado a petición de la Junta de Andalucía, tras adelantarse el encuentro a este lunes, inicialmente previsto para el próximo 3 de mayo: "Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como única arma con el que defendernos frente a este ataque contínuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España", ha denunciado el consejero.
Desde el Ejecutivo que preside Juanma Moreno, quien se abrió durante el pasado fin de semana a introducir modificaciones en su iniciativa legislativa, insisten en que la cuestionada Proposición de Ley "no amnistía a ninguno de los infractores", en alusión a los regantes ilegales sujetos a sanciones por 'pinchar' el acuífero existente.
De hecho, Fernández-Pacheco ha ido más lejos al asegurar desde la capital comunitaria que "los procesos sancionadores se han multiplicado por cuatro desde la llegada de Juanma Moreno" a la presidencia de esta comunidad autónoma: "Cualquiera que atente contra Doñana va a tener enfrente a la Junta", ha anunciado el portavoz.
La reunión en Bruselas ha sido también aprovechada para trasladarle al comisario de Medio Ambiente la preocupante situación de sequía por la que atraviesa Andalucía. Este martes se aprueba el tercer decreto de sequía, con una dotación de 160 millones de euros.
Fernández-Pacheco ha vuelto a reclamar "diálogo" al Gobierno central, tras la batalla dialéctica desatada. Ha recordado que "desde noviembre desde 2022" desde Andalucía han solicitado una reunión con el Ejecutivo de Sánchez. De ahí que el consejero de Sostenibilidad se haya preguntado, en voz, alta que "si son ciertas todas sus afirmaciones, por qué no convoca la Mesa Bilateral", entre las dos administraciones.
El portavoz gubernamental andaluza se ha mostrado convencido de que "si en otra comunidad autónoma como Cataluña se presentara una proposición de ley cuya toma de consideración es el único paso que ha dado en el Parlamento" –como ha ocurrido en este caso de Doñana– "no estaríamos asistiendo al torbellino de declaraciones, descalificaciones e insultos que está profiriendo el Gobierno", ha lamentado.
