El Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ha reclamado, este martes, "diálogo" al Ejecutivo central para tratar de solucionar la problemática de los regadíos en el parque natural de Doñana. La petición ha sido formulada por el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, tras la oposición frontal del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a una Proposición de Ley (PL) suscrita por PP y Vox en la Cámara autonómica la pasada semana. Ambas formaciones plantean el cambio de uso de cerca de 1.000 hectáreas, para pasar a ser de regadío, siempre con aguas superficiales, no provenientes del acuífero existente.
Fernández-Pacheco, que es a su vez consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha explicado en rueda de prensa que el último contacto con el citado secretario de Estado se produjo el 28 de diciembre. Se trató de una reunión "de forma telemática", entre ambos, y desde entonces "nunca nos volvió a llamar". Asegura el gobernante del PP que habían acordado, incluso, la creación de una comisión técnica, además de conversar acerca de las alegaciones que presentaría Andalucía ante "el plan del Gobierno sobre Doñana", ha dicho para referirse a la actuación estatal sorbe el parque natural.
"Doñana no necesita que nos sigamos tirando Doñana a la cabeza", ha enfatizado el consejero andaluz sobre la actual confrontación existente entre las dos administraciones. Esta situación se produce a pesar de haber modificado el Grupo Popular en el Parlamento andaluz su Proposición de Ley inicial, diferente a la que presentaron en la anterior legislatura –con una gran polémica de por medio– y que ha aceptado la formación que preside Santiago Abascal al suscribirla.
Sin "amnistía para ningún infractor"
En la anterior legislatura presidida por Juanma Moreno, entre 2019 y 2022, el Gobierno central y Bruselas alertaron acerca de que se pudieran ampliar los regadíos en la corona norte de Doñana, una zona ya de por sí muy castigada por la sequía.
Fernández-Pacheco ha dejado claro este martes que la PL de PP y Vox "no declara derechos de agua para nadie, sino que se declaran suelos regables con aguas superficiales, no subterráneas, sin permitir el uso del acuífero" existente. Todo ello, ha añadido el consejero andaluz, en caso de que "se construyan infraestructuras para que el agua llegue" hasta los campos de "650 familias afectadas que viven una situación injusta".
El Gobierno andaluz, cuya estrategia ha sido dejar siempre en manos de su grupo parlamentario (PP) este asunto, para ser negociado con otro partidos como Vox, argumenta que "no hacer nada no puede ser la solución". Pacheco insiste en que la Proposición de Ley "no supone ninguna amnistía para ningún infractor", en alusión a los numerosos expedientes abiertos por riegos ilegales, que –ha advertido– "van a seguir abiertos y no se van a archivar".
A juicio del citado gobernante popular "defender a los agricultores no es ir en contra de Doñana, y la postura responsable es cómo ayudarles sin perjudicar" al emblemático parque natural andaluz, ha expuesto sobre las 650 familias afectadas.
"Si todos estamos de acuerdo en que el acuífero de Doñana está sobreexplotado la línea roja infranqueable es que el acuífero no se toca. La lluvia que caiga tiene que ser para el parque nacional". De esta forma ha insistido Fernández-Pacheco sobre un asunto, la PL, que el Consejo de Gobierno no ha tratado este martes, pero por el que ha sido preguntado –de forma reiterada– el portavoz de la Junta durante su comparecencia ante los periodistas en el palacio de San Telmo.
El Ministerio habló de "atropello" y anunció acciones ante el Constitucional
El pasado 3 de marzo, nada más ser presentada la nueva PL por parte de PP y Vox ante el registro del Parlamento andaluz, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, expresó su enérgico rechazo a la misma. Habló de “atropello” y anunció, incluso, que el Ministerio que dirige Teresa Ribera llevará al Constitucional “toda actuación que ponga en riesgo a Doñana”.
A juicio Morán la PL “debe ser consensuada con el Consejo de Participación de Doñana”. Asimismo, considera que se trata de una iniciativa que debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como “proyecto de ley”. El representante del Ejecutivo central sostiene tal argumentación “para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes”.
El Ministerio para la Transición Ecológica quiso dejar claro, a través de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que "no ha negociado ni, mucho menos, ha llegado a ningún acuerdo con PP y Vox para aumentar los regadíos en Doñana, tal y como pretenden hacer" en dicha proposición de ley registrada en el Parlamento.
