Han pasado cuatro años desde que el temporero senegalés Ibrahima Diouf (33 años) desapareciera en extrañas circunstancias en Villacarrillo (Jaén). La Noche de Reyes de 2021, sus amigos y familiares pusieron en conocimiento de las autoridades el caso, después de que manifestara su intención de dejar el trabajo tras no conseguir una mejora salarial. Esta semana, la Guardia Civil ha logrado reunir pruebas suficientes para detener al empresario agrícola Ginés Valiente, responsable de la finca en la que trabajaba el jornalero.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha liderado la investigación, realizando búsquedas en distintas zonas con perros rastreadores, drones y equipos especializados, sin obtener resultados. En 2023, se pidió la colaboración ciudadana para obtener material gráfico, pero hasta el momento no ha habido éxito.
Sin embargo, el misterio no se remonta solo a 2021. Este empresario ya fue investigado por la desaparición de otro temporero en su finca La Moratilla (Villanueva del Arzobispo) en 2013: Tidiany Coulibaly, un maliense de 22 años. Valiente fue absuelto por falta de pruebas, aunque en 2016 fue condenado a **dos años y medio de prisión** por explotación laboral y obstrucción a la justicia, además de multas por fraude eléctrico.
En conversación con Vozpópuli, el delegado episcopal de Migraciones de la Diócesis de Jaén, Jesús Castro, explica que apoyó a la familia del primer desaparecido. Para su sorpresa, la situación se repitió ocho años después: “Cuando leímos en la prensa lo ocurrido con Ibrahima, pensé que estaban recordando a Tidiany. En el momento en que entendí lo que estaba pasando, se nos removió todo el dolor. Parecía una situación calcada”.
La precariedad de los temporeros en Andalucía
Ginés Valiente es solo la punta de un iceberg que recorre Andalucía. La situación sociolaboral de los jornaleros evidencia la extrema precariedad en la que viven miles de trabajadores migrantes en los campos agrícolas.
En Huelva y Almería, no son inusuales los asentamientos de chabolas de cartón y plástico, sin acceso a servicios básicos. En Jaén, aunque sí tienen acceso a viviendas, muchos residen hacinados. Castro señala que los prejuicios racistas dificultan aún más el acceso a un hogar y que muchos empresarios no ofrecen alojamiento.
La red de albergues para temporeros de la provincia de Jaén atendió durante la campaña 2023-2024 a 3.036 personas, con 9.699 estancias en 520 plazas. Solo en Jaén capital, el Ayuntamiento reveló que asistió a 2.016 personas. Sin embargo, la gestión ha sido criticada por su improvisación y mala planificación. Cáritas denunció que muchos jornaleros durmieron en la calle al comienzo de la cosecha.
Aunque no hay estudios oficiales sobre el número total de temporeros en Jaén, la APDHA sí ha documentado la situación en otros territorios. En Almería, unas 7.000 personas viven en asentamientos, mientras que en Huelva, donde se trabaja en la cosecha de la fresa, la cifra asciende a 5.000.
Sin luz, agua ni sanidad
Los asentamientos de Almería y Huelva reflejan no solo la precariedad laboral, sino también el abandono institucional. No hay acceso a agua potable ni aseos adecuados, y muchas de las duchas están al aire libre. Además, la acumulación de residuos y vertederos agrava la falta de higiene.
Para tener electricidad, muchos recurren a enganches ilegales, lo que aumenta el riesgo de incendios. El pasado 28 de diciembre, un fuego arrasó 120 chabolas en Lucena del Puerto (Huelva), dejando a un centenar de personas durmiendo a la intemperie en vísperas de Año Nuevo.
No existen programas de sanidad pública para los temporeros, ni transporte público para desplazarse a centros médicos. En emergencias, son las ONG las que brindan asistencia.
Obstáculos para la regularización y el arraigo
El empadronamiento es el primer paso para acceder a derechos básicos. Sin embargo, numerosos ayuntamientos bloquean estas solicitudes, lo que ha generado múltiples quejas ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
La Ley de Extranjería establece que un inmigrante sin papeles debe esperar al menos tres años para acogerse al arraigo social. Si tiene permiso de residencia, debe esperar un año para trabajar legalmente. Existen programas de contratación en origen, pero estos no son la norma.
En la práctica, los empresarios recurren a indocumentados, alimentando la economía sumergida y la precariedad laboral. Estos trabajadores aceptan jornadas sin contrato y salarios por debajo del mínimo legal, quedando expuestos a abusos.
“No manejan el idioma, no conocen el lugar, que puede ser más o menos acogedor, y no tienen papeles. Todo ello se suma y crea un problema que pasa desapercibido. Se habla poco de esto, incluso cuando ocurren tragedias como la de Ibrahima o Tidiany”, lamenta Jesús Castro.
El delegado episcopal señala soledad en esta lucha contra el abandono de los más vulnerables, mientras las administraciones siguen sin ofrecer soluciones estructurales.
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