El caso que salió a la luz el miércoles de presuntos abusos sexuales contra una alumna de un colegio de Granada podría no ser un hecho aislado. El periódico granadino Ideal ha adelantado que los presuntos autores de la agresión sexual, niños que cursan quinto o sexto de primaria, podrían haber realizado una segunda violación.
Ambos hechos habrían tenido lugar en un centro de infantil y primaria. La Policía Nacional confirma a Voz Pópuli que hay una investigación abierta sobre estos hechos, pero no aporta más datos por protección del menor.
También la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada confirma la apertura de un expediente a los menores que ya han sido cambiados de centro, cada uno a un colegio diferente. El fiscal de menores estudia el caso y el caso está ya en la mesa del juzgado de Menores de la capital.
Los presuntos agresores tienen menos de 14 años y de confirmarse los abusos serían inimputables; es decir, que están eximidos de responsabilidad penal. El diario nazarí avanza que las agresiones habrían tenido lugar en el recreo. El caso guarda similitud con la primera denuncia detectada.
En ambos casos, ante molestias en la zona vaginal de las niñas, las madres acudieron a centros sanitarios donde las menores fueron exploradas para denunciar posteriormente al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional. Ambas víctimas están en los primeros cursos del Colegio, mientras que los posibles abusadores en la etapa final.
Mentes infantiles alteradas
Este suceso viene a poner de relieve los alarmantes datos que arrojó la memoria de septiembre de la Fiscalía Superior de Andalucía, donde se apuntaba en un capítulo aparte el aumento de delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores en el último año.
La fiscal superior andaluza, Ana Tárrago ha señalado en reiteradas ocasiones los peligros que implican en estas etapas de madurez el acceso a redes sociales y a contenidos pornográficos a través de smartphones y lejos del control parental, lo que se traduce en que, cada vez, los menores llegan a la Fiscalía con menos edad, en concreto menos de 14 años, lo que marca una tendencia alarmante que debe ser remediada.
Tarrago recalca que la Fiscalía actúa en última instancia, cuando ya han fallado todos los recursos anteriores, por lo que apela a la labor de prevención y atención a los riesgos que suponen las redes y a la necesidad de regular el acceso de menores a contenidos pornográficos de una manera más efectiva. La Fiscal apunta incluso a la responsabilidad penal de las empresas que no controlen el acceso a estos contenidos.
