"Esperamos que Vox se sume a nuestra iniciativa y no quede en saco roto tanto trabajo". El portavoz parlamentario del Partido Popular en Andalucía, Toni Martín, ha hecho este llamamiento a la formación opositora para que apoye su propuesta de retomar la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Se trata de uno de los grandes casos de corrupción que salpicaron a anteriores gobiernos del PSOE en la Junta.
El objetivo prioritario del PP es conseguir que el dictamen que salió de dicho órgano, a modo de conclusiones en abril de 2022, pueda ser aprobado en el Pleno de la Cámara autonómica. Fue un trámite frustrado por la disolución del Parlamento, a raíz del adelanto electoral decretado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para celebrar los comicios del 19 de junio.
El dictamen parlamentario declaraba "responsables políticos" de las irregularidades cometidas en Faffe a tres expresidentes socialistas: Manuel Chaves, Pepe Griñán y Susana Díaz.
Lo más llamativo y escandaloso fue el pago de prostíbulos con dinero público y enchufismo en esta extinta fundación pública de la Junta. Allí fue contratada Carmen Ibanco, la mujer de Juan Espadas, exconsejero del Ejecutivo andaluz con Manuel Chaves y actual líder del socialismo regional, como sucesor de Susana Díaz.
La magnitud del 'caso Faffe' propició que Moreno Bonilla decidiera arrancar su campaña electoral de 2018 a las puertas del prostíbulo donde tuvieron lugar las juergas pagadas con dinero público.
Ibanco, psicóloga de formación, es actualmente técnico de la Consejería de Empleo. La esposa del actual secretario general del PSOE-A formaba parte de la plantilla de 1.300 empleados de Faffe recolocados luego en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Hay 84 de dichos contratos, incluido el de Ibanco, que se investigan de forma paralela en la vía penal por parte de un juez sevillano.
En el documento de conclusiones presentado por el presidente de la comisión, en abril de 2022, se señalaba, entre otras muchas irregularidades, que la Faffe "se gastó durante su existencia 10,7 millones de euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas", una "cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén", afirmó Enrique Moreno, entonces diputado de Cs. El fraude cuantificado en la Faffe –por parte de la comisión que ahora se pretende retomar– se elevó a los 115 millones. Muy por encima de los 50 millones estimados por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
"Llevamos desde julio planteando esto", ha recordado Toni Martín este miércoles. Así se ha pronunciado para negar, en rueda de prensa, que las intenciones de los populares para retomar esta comisión guardan relación con las inminentes elecciones municipales del 28 de mayo. El PP pretende buscar "un encaje" para la reanudación de esta comisión, mediante el informe correspondiente de los letrados del Parlamento.
Ya el pasado mes de diciembre, cuando más arreciaba el escándalo político que salpica a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), con su marido e hijastro procesados por blanqueo y narcotráfico en la Audiencia Nacional, los socialistas interpretaron que los populares pretendían retomar la comisión Faffe como contraofensiva contra Espadas –por el caso de su mujer– tras sus críticas en el Parlamento por el mantenimiento en su cargo de la también senadora conservadora.
El parlamentario del PP por Sevilla argumenta que el único afán de su grupo político es intentar que "se respete el trabajo ya realizado" por una comisión que salió adelante con el apoyo de su partido, Ciudadanos (socio de gobierno que presidió el órgano) y Vox, aliado parlamentario de la coalición de centroderecha que rigió la Junta desde enero de 2019 hasta después de los comicios del 19-J en los que Juanma Moreno logró su holgada mayoría absoluta de 58 escaños.
El informe jurídico de los letrados de la Cámara es "oral" y no escrito, según ha reconocido el propio Martín. Asimismo, ha situado como "precedente" para rescatar una comisión de investigación de una legislatura anterior un caso ocurrido "en el Congreso de los Diputados" que no ha concretado.
Lo que dejan claro desde el PP-A es que no se pretende "retomar comparecencias" de un total de 58 personas que desfilaron por la extinta comisión, entre ellas los tres expresidentes autonómicos socialistas mencionados, sino de "aportar novedades" que hayan podido acontecer desde que se cerró el dictamen, para así ampliarlo y "llevarlo al Pleno", ha matizado Martín.
Este próximo viernes termina el plazo de posicionamiento de los grupos sobre la comisión, que se crearía de forma automática si no hay ninguna negativa al respecto. No parece probable, si se da por descontado el más que posible rechazo del PSOE-A. En tal caso se llevaría el asunto a la Mesa del Parlamento, para que su aprobación se decida en el Pleno.
A falta de conocer si Vox se sumará a la solicitud del PP sobre la Faffe su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha recordado este miércoles que ellos ya presentaron su propia iniciativa, similar a la del grupo político gobernante. A este respecto, Martín ha destacado que la propuesta del PP "es más completa" que la del partido a su derecha.
De forma paralela al ámbito parlamentario el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, José Ignacio Villaplana, rechazó el pasado mes de junio que la esposa de Espadas, Carmen Ibanco, declarara por el momento como investigada. Ella es una de las 84 personas investigadas (extrabajadores de Faffe) en esta causa penal sobre la fundación Faffe. Es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la que se encarga de las pesquisas policiales y elaboración de los correspondientes atestados que envía al magistrado instructor del caso.
Cs reprochó al PP que rechazara investigar un millar de posibles 'enchufes' en la Faffe
La comisión parlamentaria de investigación sobre la Faffe, celebrada durante la pasada legislatura, no estuvo exenta de polémicas incluso entre los propio socios del gobierno que presidió Juanma Moreno, PP y Ciudadanos.
Los liberales reprocharon a los conservadores que rechazaran investigar un millar de posibles 'enchufes' en el extinto ente instrumental. La formación naranja criticó abiertamente a sus socios por querer acotar la investigación judicial –paralela a la parlamentaria– a tan sólo 85 de los 1.000 supuestos 'enchufes' que se produjeron, entre 2003 y 2011, en este ente instrumental durante los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
