El Parlamento andaluz se ha convertido en las últimas semanas en la caja de resonancia de la precampaña electoral para las municipales del 28 de mayo. El PSOE-A ha visto la posibilidad de erosionar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y no la va a desaprovechar. De ahí que haya lanzado una triple ofensiva de iniciativas en la Cámara autonómica para fiscalizar al Ejecutivo del PP. Los socialistas reclaman información sobre contratos de emergencia en la sanidad pública, algo que extienden al resto de consejerías; también de obras en centros hospitalarios, así como de adjudicaciones de carreteras a "empresas fantasma".
La portavoz parlamentaria del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha sido la encargada de anunciar, este miércoles, "una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar información sobre contratos de emergencia, en todas y cada una de las consejerías de la Junta y en sus entes instrumentales", ha precisado.
El grupo que lidera la oposición, encabezado por Juan Espadas –que ha llegado anunciar acciones ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas– partía inicialmente de la reclamación de todo lo relativo a adjudicaciones de emergencia con la sanidad privada, por parte de la Consejería de Salud, por importe de 243 millones de euros, entre enero de 2021 y junio de 2023, a través de diversas prórrogas.
Los socialistas, que aprovechan a la vez el debate abierto sobre la atención primaria y las movilizaciones sindicales en las calles, se escudan en que el decreto estatal que regulaba tal situación extrema (la de emergencia) ya no estaba en vigor. A lo anterior se suma que la Consejería de Hacienda había emitido ya una instrucción, dirigida a todas las consejerías, en la que se limitaba el uso de esta fórmula contractual en todos los entes de la Junta de Andalucía.
Al PSOE se le ha sumado como aliado –en su ofensiva sobre los contratos de emergencia– el grupo de Adelante Andalucía (AA) creado por la exdirigente de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez. Los anticapitalistas han llegado a pedir, incluso, una comisión de investigación al respecto. Ya han recibido la negativa del PP, a través de su portavoz parlamentario, Toni Martín. El Reglamento del Parlamento exige para su creación la petición de una décima parte de los parlamentarios, una decena de los 109 integrantes de la Cámara autonómica.
No obstante, tras registrarse la iniciativa de AA, los grupos parlamentarios tienen siete días para presentar sus escritos de oposición. Se cuenta ya con el rechazo de los populares, por lo que la petición se sometería al Pleno del Parlamento para ser considerada, o rechazada, por mayoría simple. Dicho debate plenario se produciría, previsiblemente, a pocas semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo. Un elemento más de desgaste, por parte de la izquierda, hacia Moreno Bonilla.
El tercer eje sobre el que pivota la ofensiva del PSOE se centra en dos adjudicaciones de reparación de carreteras, por parte de la Consejería de Fomento, "asignadas por 4 y casi 3 millones de euros" a lo que Férriz ha denominado "empresas fantasma". La reacción de la dirigente socialista, se produce después de una información adelantada por la cadena Ser. En la noticia se daba a conocer que las dos compañías, en manos de padre e hija, eran ajenas al sector, no tenían sede social ni trabajadores, y llevaron a cabo diversas subcontratas, algo que no autorizaban los pliegos de contratación.
Ya el pasado 23 de marzo, durante la sesión de control a la que se somete, el presidente Moreno, que enmarca toda esta ofensiva del PSOE contra él en el marco de "la campaña electoral" y la "desesperación de los socialistas" ante un mal resultado, le respondió a Espadas que una de estas empresas había concurrido "en una UTE junto a otras ocho", por lo que defendió la legalidad de la adjdudicación de las obras en carreteras, sin ir más allá.
Este jueves está prevista la comparecencia, en comisión parlamentaria, a petición del PSOE, de la hasta ahora consejera de Fomento, Marifrán Carazo, candidata a la Alcaldía de Granada que se dispone ya a dejar su cargo público. Está previsto que la parlamentaria socialista Isabel Ambrosio, exalcaldesa de Córdoba, pregunte a la gobernante del PP sobre los polémicos contratos en la provincia de Cádiz.
La pregunta de Ambrosio a Carazo está formulada de forma genérica, acerca de los contratos de la Consejería de Fomento en relación con la conservación y mantenimiento de la red de carreteras autonómicas.
El director de la Oficina Antifraude defiende los contratos de emergencia
"Los contratos de emergencia son contratos legales, no son ilegales". Así se ha pronunciado este miércoles el director de la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF), Ricardo Puyol, al ser preguntado sobre esta polémica que protagoniza parte de la actividad parlamentaria. Este magistrado en excedencia, cuya labor se desarrolla en dependencias de la Cámara autonómica, ha dicho que "todavía" no tiene "constancia" de que se haya cometido "ninguna irregularidad", en relación con los conciertos con clínicas privadas por importe de 243 millones de euros.
Puyol, cuya oficina también se encarga de investigar casos de corrupción en Andalucía, asegura que a su organismo no ha llegado, "de momento", ninguna denuncia, considera que "como criterio general sancionar públicamente una contratación de emergencia es un error como axioma".
Quien fuera juez instructor de sonados casos de corrupción municipal en Marbella, como 'Goldfinger', en el que llegó a imputar al actor Sean Connery –lo que desencadenó protestas del embajador británico–, así como 'Minutas', que acarreó elevadas penas de cárcel para el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido y el exalcalde Julián Muñoz, cree que "se pueden introducir elementos de corrección" en los contratos de emergencia, "para que la excepción no sea la regla".
Puyol ha insistido en que durante la época en que la Junta llevó a cabo tales contratos, en el marco de la pandemia del coronavirus, "todas las administraciones del Estado tenían elementos de justificación suficiente". Al no tener un "criterio establecido", asegura no poderse pronunciar sobre que se empleara una normativa derogada para contratar en tal contexto. Sus declaraciones a los periodistas se han producido durante la II jornada Anticorrupción en el Parlamento de Andalucía, inaugurada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.
El PP denuncia el "chantaje" de Adelante Andalucía tras la comisión de la Faffe
El portavoz parlamentario del Partido Popular en Andalucía, Toni Martín, ha denunciado este miércoles lo que considera "un chantaje" del grupo Adelante Andalucía (AA), tras haber retirado su participación en la recién creada comisión de la Faffe, por condicionarla –según ha dicho– a que se abriera una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia en la sanidad pública.
"Mi partido no admite chantajes", ha advertido Martín en rueda de prensa al portavoz de AA, José Ignacio García, a quien ha animado a "no hacer el trabajo sucio al PSOE". Los anticapitalistas eran el único grupo de izquierdas que iba a participar en la comisión de Faffe, reabierta de nuevo en el Parlamento por PP y Vox. Se trata de la fundación de la Junta que empleó dinero público, a través de las llamadas 'tarjetas black', en pago a prostitutas y fiestas en burdeles.
De forma paralela está previsto el juicio oral, con jurado popular, sobre este escándalo de corrupción socialista en la administración autonómica, para unos días antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. La vista será presidida en la Audiencia de Sevilla por la famosa juez Mercedes Alaya, instructora del 'caso ERE'.
Martín ha hablado del PSOE andaluz como "la mayor fábrica de bulos", en relación con la ofensiva parlamentaria de los socialistas por los contratos de emergencia y las adjudicaciones de arreglos en carreteras, "de manera absolutamente legal", ha incidido. A su juicio, los socialistas "sólo persiguen sembrar dudas ante unas elecciones que no tienen ninguna posibilidad de ganar, ha denunciado el parlamentario del PP en alusión al 28-M.
