Suenan las campanas en la Junta de Andalucía. Tras más de tres meses de un conflicto escefinicado entre los rectores y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, finalmente se ha alcanzado un acuerdo. Con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, se ha logrado garantizar la financiación de las universidades públicas andaluzas.
El pacto establece una financiación extraordinaria para el sistema universitario en 2025, con el compromiso de cumplir lo acordado en junio de 2024 en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas. Además, en los ejercicios de 2026 y 2027 se incorporará la financiación necesaria para cubrir los importes derivados de dicho pactos.
Pero, ¿qué se acordó exactamente? Entre los principales compromisos destaca la financiación extraordinaria de 25 millones de euros correspondiente al curso 2023-2024 y el pago de otros 25 millones para cubrir los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y los compromisos adquiridos con el Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS). En diciembre, el Ejecutivo había entregado 22,5 millones
Además, ambas partes han acordado la creación de una comisión técnica de trabajo para abordar asuntos pendientes dentro del sistema universitario. Esta comisión tendrá la tarea de alcanzar nuevos acuerdos y elaborar una propuesta que será supervisada y auditada por la Consejería de Hacienda y la Consejería de Universidad, con el objetivo de dotar de "credibilidad" al proceso.
21 millones de euros sobre la mesa
"Estamos de enhorabuena", ha declarado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, tras la confirmación del acuerdo. La Junta ha asegurado que se destinarán 21 millones de euros adicionales para las universidades públicas en 2025, aunque los rectores habían solicitado 25 millones. En febrero, el consejero aseguró que "este año estaría todo resuelto". Con algo de demora, pero ha cumplido.
El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha valorado el acuerdo de manera "positiva", destacando que soluciona un "problema que preocupaba". Sin embargo, ha insistido en que "queda mucho trabajo por hacer" y ha instado a continuar con las negociaciones para resolver cuestiones como la determinación de la cláusula de salvaguarda, el pago de trienios y sexenios, o la consolidación de la financiación extraordinaria que se recibió a finales de 2024.
Desde AUPA han resaltado la importancia de que este acuerdo permita avanzar hacia una mayor estabilidad del sistema universitario andaluz, garantizando los recursos necesarios para mejorar las condiciones laborales del personal universitario.
Algo de estabilidad
El acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y las universidades públicas supone un paso importante para solventar uno de los retos del Gobierno de Juanma Moreno. De hecho, el propio presidente tuvo que intervenir en este asunto para evitar que los rectores llevaran el caso a los tribunales, tal como advirtieron el pasado mes de diciembre.
El compromiso adquirido con las universidades y su personal es una señal de estabilidad para el sector, que en los últimos años ha expresado reiteradas preocupaciones sobre la suficiencia financiera del sistema, mientras que las universidades privadas gozan de buena salud.
Desde el año 2018, cuatro nuevas universidades privadas han radicado en Andalucía: Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, Universidad Europea de Andalucía, Universidad CEU Fernando III, Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea y Universidad de las Artes y Tecnologías de Andalucía. Cinco en total, las dos últimas han contado con la oposición de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, (AUPA) que ha advertido en numerosas ocasiones que el crecimiento en paralelo a su situación negativa que sufren. Algo que vaticinan, puede derivar en un modelo menos accesible para los estudiantes.
En los próximos meses, las universidades y la Junta seguirán negociando dentro de la Mesa General de Negociación, con la vista puesta en consolidar esta financiación y abordar nuevas mejoras para el sistema universitario andaluz.
