Sindicatos y rectores están unidos en contra del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. Los principales sindicatos, CSIF, UGT y CCO se han manifestado exigiendo que la Junta cumpla con los acuerdos firmados sobre presupuestos.
Las entidades asociativas recuerdan que la Junta incumple el acuerdo andaluz firmado el pasado 25 de junio con las Universidades, la Ley de Función Pública de Andalucía y el modelo de financiación para las universidades públicas de Andalucía de manera continuada y “flagrante”.
Los sindicatos exigen que se garanticen fondos suficientes para poder pagar los salarios y recuerdan que, a día de hoy, no se han pagado aún los trienios de antigüedad de las plantillas. Desde UGT, Emilio Javier Gómez reclama “un total de 24,3 millones de euros” los que están pendientes de pago.
La situación, alertan los manifestantes, pone en riesgo el mantenimiento del empleo y el buen funcionamiento del tejido universitario. En respuesta a estas denuncias, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos niega estas cuentas y no entiende el motivo de las manifestaciones.
"Hoy hay reunión con los sindicatos para informarles”, ha dicho el consejero que si se prolongan las protestas, “tampoco entendemos por qué”. Ese “tampoco” del consejero apunta al comunicado que los rectores de las universidades públicas andaluzas (AUPA) han hecho publicado previamente.
A los rectores no les salen las cuentas
El consejero de Universidades descarta la existencia de deuda por el compromiso de transferencia de Fondos de la Junta de Andalucía. Sin embargo, todos los rectores reunidos en Cádiz a través de la AUPA han emitido un comunicado conjunto en el que alertan de que los presupuestos del año 2025 "no son nada halagüeños si no se pone una solución a los 87 millones que faltan, simple y llanamente, para pagar las nóminas".
Pero el problema de los rectores que se palpan los bolsillos no corresponde solo a la solvencia de 2025, sino que tiene que ver con 2024. El presidente de AUPA, Paco Oliva ha detallado que, tras sus denuncias de malestar, "ya está gestionando con Hacienda el pago que se le adeuda a las universidades públicas correspondiente a este ejercicio 2024", detalla aliviado.
Los rectores enfatizan que simplemente estaban pidiendo el dinero acordado en los acuerdos de financiación para 2024, "nos preocupa mucho que a estas alturas del año no nos haya llegado toda la financiación que nos corresponde", lo que se traduce en estos momentos en “consecuencias directas, como la paralización de la ejecución presupuestaria como medida de precaución".
Las universidades públicas insisten en la necesidad de una solución "urgente y definitiva", según las explicaciones de la Junta, el agujero presupuestario debería solucionarse "en una semana”, admite Oliva, quien también es rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Con Málaga como desencadenante
No es la primera vez que sindicatos y rectores alertan sobre su precaria situación económica en las universidades públicas. El pasado 27 de noviembre se emitió un comunicado en el que se informaba de que "la Junta de Andalucía todavía no había transferido” los fondos pactados en junio.
Un desglose presupuestario que debía pagar los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del Personal Técnico y de Administración (PTGAS), aún faltan 25 millones de euros en este apartado.
Antes estas cuentas, el consejero sí asume la existencia de retrasos en la transferencia de este último trimestre en el que se hacen las “aportaciones excepcionales”. Villamando asume que “es verdad que este año vamos un poco más tarde porque hemos tenido otras urgencias presupuestarias como es el caso de la Universidad de Málaga”.
Eso sí, el consejero asegura que “no hay deuda” por parte de la Junta y recalca que “hay un presupuesto comprometido de 1.685 millones, que se ha transferido totalmente a las universidades en los plazos en los que hay que transferirlo. Así que de deuda en ningún momento se puede hablar", llegando a afirmar que Andalucía es la comunidad que más invierte en sus universidades, según el Ministerio de Universidades y la AIReF.
Retraso en el pago provocado por la Universidad de Málaga
El rescate que la Junta de Andalucía ha ejecutado en la Universidad de Málaga (UMA) emerge como la razón del agujero negro que compromete el presupuesto del resto de universidades. Villamando asegura que la situación en la UMA es el resultado de la gestión "de equipos anteriores” de la entidad, lo que desemboca en un rescate de la Junta con un préstamo de 46 millones de euros que el consejero define como "prioridad de gestión, tanto para nosotros, como para Hacienda".
La UMA afronta un escenario futuro marcado por la “contención de gastos” y la contención en el “crecimiento de personal” para poder finalizar y pagar las obras de sus facultades de Turismo y Filosofía. La universidad deberá devolver el préstamos de la Junta en 21 años, al 1% y con una carencia de tres años
La Universidad, que no ha formado parte de las protestas que los sindicatos protagonizaban en la mañana del miércoles, ha anunciado que deberá realizar ajustes presupuestarios para responder a este rescate. En total, reducirá en gasto unos 20 millones de euros hasta 2028 para responder al préstamo de urgencia de los casi 50 millones de euros con los que ha sido rescatada por la Junta.
Por lo pronto, el rector de la UMA acaba de anunciar que recortará 12 millones de euros en gastos de personal reduciendo la tasa de reposición tanto del personal docente como de los servicios de gestión y administración. Además, se contemplan nuevos ingresos económicos con la explotación como aparcamiento de un suelo propiedad de la Universidad en las proximidades del aeropuerto y la construcción de una nueva residencia de estudiantes que ya está en fase de licitación, que “será una inyección importante de fondos.
Las universidades públicas andaluzas se ven acosadas por las cuentas toda vez que, más allá de las casuísticas como en Málaga. Hace un lustro, cuando el PP llegó al gobierno, Andalucía solo tenía una universidad privada, la jesuita Loyola. Ahora hay 6 centros privados aprobados merced a la mayoría del PP en el Parlamento, a pesar de carecer de los avales de calidad universitaria que sí deben cumplir los centros públicos.
