Una inmensa interrogación. Una fundada esperanza para unos, una amenaza inquietante para otros. Desde los tiempos de la Transición, con el cadáver del dictador un caliente, no arrancábamos un año con esta sensación de territorio inexplorado con el que España inicia este 2020 que ya camina. Sabemos el punto de partida: la investidura de la primera coalición pata negra de izquierdas de esta democracia española. Llega bien entrado el siglo XXI, y sus efectos son imposibles de prever incluso para sus propios protagonistas principales: el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias.
El primer punto importante del nuevo año será mañana, en el Consejo de ERC que debe dar el empujón definitivo al Gobierno de PSOE y Podemos para la investidura de este Frankenstein recauchutado. Lo cual supone, para nostalgia de algunos, el adiós definitivo al vetusto eje bipartidista: desembarcan como miembros complementarios de la coalición los hijos del 15-M. Podemos, redivivas las sospechas sobre su financiación, entra en el Ejecutivo después de olvidar aquella fe en la luz y los taquígrafos, rubricando un pacto cocinado en la oscuridad, que vio la luz el pasado lunes 30 en un acto en el que, de nuevo, no se permitieron ni la entrada de los periodistas ni sus incómodas preguntas. La primera de ellas: ¿qué esperan del Gobierno Sánchez e Iglesias los nacionalismos y secesionismos -PNV, Bildu, BNG, Esquerra- cuyo único oxígeno político es reventar las costuras de España?
Sillones apetecibles
La sesión de investidura del Gobierno Sánchez, que ha tomado un aire clandestino, dará paso al reparto de ministerios, secretarías, gabinetes y otros sillones apetecibles (tambores de cambio en RTVE, el CIS, el Defensor del Pueblo...) que habrá que seguir con atención, tal y como haremos puntualmente en Vozpópuli. E inmediatamente habrá que fijar la lupa en la letra pequeña de la decena de acuerdos paralelos con fuerzas más o menos minoritarias sobre los que se ha edificado la nueva "normalidad institucional". Será, dicen, la "legislatura del diálogo": en todo caso es la legislatura de las promesas y de las voluntades políticas comprometidas bien tirando de chequera bien poniendo en juego el territorio de lo común.
El Congreso de los Diputados se prepara para una encarnizada batalla entre Gobierno, oposición, oposición a la oposición y apóstoles del "qué hay de lo mío". La atomización del Parlamento resultante de las elecciones del 10-N, en las que la moderación fue la gran perdedora, garantiza horas de titulares, ruido y memes en redes. La pregunta es pertinente. ¿Puede funcionar, e incluso ser eficaz, un parlamento como éste, sin apenas centro político, una derecha radical muy fuerte, con Podemos defendiendo su "gobierno paralelo" y un independentismo hondamente jaleado desde el mismo centro de poder? Son razonables las dudas. Los primeros presupuestos de la era Sánchez-Iglesias están a la vuelta de la esquina.
Siempre Cataluña
Es probable que el aspecto menos confesable de este acuerdo de Gobierno sea el pacto alcanzado para la abstención más que probable de Esquerra en la investidura de Sánchez. Lo pasado es ya historia. La bendición del condenado por sedición Oriol Junqueras, devenido inmune por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para el acuerdo con el PSOE no deja de provocar recelos. Ni PSOE ni ERC explicaron claramente qué se ha negociado en la mesa de negociación y hasta dónde se forzarán las costuras del Estado para contentar al secesionismo catalán.
Sin mayor información que las escuetas líneas tras cada reunión entre los equipos encabezados por Adriana Lastra y Gabriel Rufián, todo son conjeturas. Toda vez que el horizonte político Junqueras quedó bastante aclarado por obra y gracia de la Abogacía del Estado, al año 2020 le corresponde despejar las otras incógnitas que depara esta negociación subterránea: ¿hasta dónde cederá competencias el Estado en favor del separatismo? ¿Habrá mesa de negociación entre gobiernos o meras mesas de trabajo sin contenido? ¿Se rehabilitará a Torra como interlocutor de la Generalitat? ¿Están protegidos los derechos del más del 50% de catalanes que se declaran no independentistas?
Puigdemont, Torra, ¿Mas?
Sobre Cataluña planearán de igual manera otros dos asuntos. El primero, de carácter político, no es otro que la posibilidad del adelanto electoral. La disolución del Parlament y la convocatoria de comicios será automática en cuanto más convenga a los intereses de Carles Puigdemont -cuyo estatus político será otro de los hitos de 2020- y su partido, en esa guerra cruel que mantiene con ERC por la supremacía en el independentismo catalán. Con el inhabilitado Torra a la espera de sentencia firme, y con el hombre de Waterloo buscando su lugar en el mundo -no olvidemos a Artur Mas dejándose querer-, la inestabilidad política es una severa amenaza para Cataluña en los próximos meses.
Todo, salpimentado por los permisos penitenciarios que empezarán a obtener ya mismo algunos de los condenados por sedición en la sentencia del procés. Los Jordis, Sànchez y Cuixart, serán los primeros en obtener los permisos vinculados por el momento al segundo grado. Y en cuestión de semanas, el Departamento de Justicia de la Generalitat, que maneja ERC, debe ratificar o enmendar el segundo grado propuesto por los técnicos, factor que puede envenenar las relaciones entre los socios de Govern. Cuando la conselleria establezca la clasificación definitiva (tiene de plazo hasta febrero), será el Supremo el que tenga la última palabra si alguien recurre el grado.
El año del separatismo, por cierto, volverá a ser un vía crucis judicial. Ante los distintos tribunales desfilarán el ex major Josep Lluis Trapero -acusado de rebelión-, Junqueras y Puigdemont acusados de malversación por el 1-O, los miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las llamadas leyes de "desconexión", los CDR acusados de terrorismo recientemente puestos en libertad tras un giro de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la portavoz de JxCat Laura Borràs acusada de corrupción... Un no parar judicial que también pondrá a prueba a los adalides de la "legislatura del dialogo".
Feijóo, entre Galicia y Génova
Más allá de Cataluña, 2020 será esencial en Galicia y País Vasco, que vuelven a convocar a sus ciudadanos a las urnas autonómicas. Habrá morbo en el terreno gallego, y no poco precisamente. Nueva reválida para Alberto Núñez Feijoo, que puede optar -probablemente en otoño, sin descartarse el adelanto a primavera- su cuarta mayoría absoluta al frente de la Xunta, las mismas que obtuvo Manuel Fraga Iribarne.
En este 1 de enero que abre el año aún no se puede dar por seguro el concurso de Feijóo en los comicios, pues aún no ha anunciado oficialmente si tiene intención de concurrir. Tras sus declaraciones contundentes en 2016 y 2017 e incluso en una parte de 2018 -cuando renunció a intentar liderar el PP tras la renuncia de Mariano Rajoy- en las que aseguraba que su 'contrato', como lo denominaba, con Galicia concluía a finales de 2020, Núñez Feijóo ha pasado a señalar que será en la próxima primavera cuando el partido elija a su candidato.
Cada movimiento del líder gallego se sigue con extraordinaria atención también desde Madrid. Siempre llamado a dar el salto a Génova, siempre de perfil en los momentos decisivos, el líder de los populares gallegos ha mostrado sus distancias con Pablo Casado en público en algunos aspectos sensibles, sin ir más lejos sobre la posibilidad de establecer acuerdos con el PSOE para evitar un Gobierno que cayera en manos de Podemos o dependiera de los separatistas.
Casado mira de reojo a Feijóo, y viceversa, aunque las circunstancias que concurren en esta cita electoral complican la mayoría absoluta del actual presidente de la Xunta. Al desgaste de los últimos 10 años de Gobierno se une la división en el voto de la derecha como consecuencia de la pujanza de Vox, que sumó 100.000 papeletas en las últimas generales y ya cuenta con tener entrada en el parlamento autonómico. En cualquier caso, serán las gallegas unas elecciones con más que probables consecuencias a medio plazo en la política nacional.
¿Otro paseo para el PNV?
Los votantes del País Vasco también están llamados a las urnas a lo largo de este año, probablemente en otoño aunque con opciones de ser finalmente adelantadas a la primavera. Unas elecciones en las que no hay secreto: ganará el Partido Nacionalista Vasco y, si no hay contratiempo, Íñigo Urkullu volverá a ser lehendakari. Sólo falta saber por cuánto.
No lo decimos por decir: el sondeo del propio gobierno vasco del pasado noviembre reflejaba que el 84% de los vascos estaba convencido de que el PNV sería la fuerza más votada. Urkullu ya salió reforzado de las generales del pasado 10-N y sólo parece Bildu en condiciones de rascarle algun voto congregando al electorado más radical.
En términos del PP, no digamos ya de Cs, las autonómicas de Euskadi se configuran en términos de pura supervivencia, mientras que al igual que sucede en Galicia, Vox tiene esperanzas de entrar en el parlamento vasco.
