El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, prevé presentar una querella en las "próximas semanas" por el caso del supuesto espionaje político a través del sistema Pegasus, respecto al que ha avisado al Gobierno de que "la estabilidad parlamentaria es muy difícil si no se asumen responsabilidades".
En una entrevista con elDiario.es, Aragonès ha explicado que los equipos jurídicos están "estudiando las vías judiciales que se podría abrir para llegar hasta el fondo del asunto", ya que se trata de un caso "complejo", pero ha confirmado que él llevará su caso ante la justicia, en la línea de otros dirigentes independentistas.
"Estamos trabajando para presentarlas (las querellas) en las próximas semanas", ha señalado el presidente catalán. "Vamos a llegar hasta el final, a usar todos los medios de defensa legal a nuestro alcance, porque se han vulnerado derechos básicos", ha aseverado Aragonés, que denuncia: "Nos están diciendo que los derechos fundamentales son incompatibles con la unidad de España".
El también coordinador general de ERC ha advertido al Ejecutivo central de que "la estabilidad parlamentaria es muy difícil que pueda continuar si no se asumen responsabilidades" por parte de Moncloa.
"Lo más importante es la asunción de responsabilidades y que se lleve a cabo una comisión de investigación con todas las garantías en el Congreso. A partir de ahí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demostrado su incapacidad para gestionar una situación de este tipo", ha señalado Aragonès.
El mandatario catalán ha considerado que se deben "restaurar las condiciones mínimas de confianza para llegar a acuerdos", también en la mesa de diálogo Estado-Generalitat, ahora congelada: "Nosotros no nos vamos a levantar nunca de la mesa, pero es imprescindible, si se quiere que la mesa avance, que se den unas condiciones, que no dependen ahora del Govern de Cataluña, sino del Gobierno".
Sevilla
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He leído que no hay forma de saber el origen desde donde se instaló el Pegasus, así que como la carga de la prueba le corresponde al que acusa, no hay caso. Lo mismo se les puede acusar a los golpistas separatistas catalanes de acusación falsa. José Javier Olivas Osuna, doctor, ha publicado en El Mundo: Campo no tenía experiencia como investigador o título universitario que lo acreditase para coordinar un trabajo de esta envergadura en un centro de prestigio. Campo había antes participado como voluntario en la organización del referéndum ilegal de 2017, habiendo colaborado a difundir páginas web alternativas para evitar el bloqueo legal impuesto por la Guardia Civil. Tampoco oculta en redes sociales su implicación en el movimiento independentista y admiración personal por los líderes fugados y presos. Resulta asombroso que Citizen Lab haya aceptado entregar la coordinación de una investigación sobre un tema tan sensible a alguien que no tenía experiencia en investigación social y cuya neutralidad estaba en entredicho al ser víctima del espionaje. Telegram, emitió un comunicado negando que Campo hubiese sido empleado de esa empresa y menos directivo, como él pretendía. Más extraño aún es que el informe de Citizen Lab no revele ningún conflicto de intereses, ni las fuentes de financiación para el laborioso estudio, ni se detalle el procedimiento de muestreo, ni dónde se llevó a cabo la confirmación forense, ni el porcentaje de afectados en relación con el número de análisis, ni cómo se distribuyó el trabajo entre los autores. Tampoco parece claro en qué calidad trabajaba Elies, ya que no tuvo ninguna afiliación con Citizen Lab hasta enero de 2022. Existen dudas más que razonables sobre la calidad y rigor de este informe, e incluso sobre su verdadera autoría, ya que no parece atenerse a los estándares básicos de investigación académica.