Los días de incertidumbre política en Cataluña podrían tener en este domingo de diciembre su punto y final. La CUP tiene en su mano dar el arreón definitivo al proceso independentista con la aprobación por parte de sus bases del documento acordado con Junts pel Sí hacia la independencia. El problema, Artur Mas. La formación que lidera Antonio Baños en la Cámara catalana no quiere que el presidente en funciones revalide como jefe del Ejecutivo catalán, pero la negativa por activa y por pasiva de los socios de lista de Mas al Parlament a proponer otro nombre han llevado a la negociación hasta las últimas consecuencias: 3.577 militantes de la CUP eligen en Sabadell bajo voto secreto si aceptan el acuerdo hacia la independencia con Mas como president.
Pese a que entre los militantes de la CUP la idea de volver a tener a Mas como presidente de la Generalitat pueda resultad hasta grotesca, los resultados de las elecciones generales, el hartazgo de parte de la ciudadanía por la falta de acuerdo y el plan de gobierno firmado por Junts pel Sí y la CUP pueden llevar a los cuperos a decidirse por convertir al líder de CDC de nuevo en la cabeza del proceso de independencia otra vez. Este acuerdo, que supone una renuncia muy significativa de las líneas políticas de CDC en favor de políticas sociales y un completo guiño a la CUP, incluye además el plan detallado de cara a la 'desconexión con España', según ha recogido en un documento la plataforma Societat Civil Catalana -que denuncia que Mas utiliza los poderes públicos para la "destrucción" del Estado-, y que aúna en un texto al que ha tenido acceso Vozpópuli las propuestas más drásticas de cara a la constitución de una República Catalana independiente.
La hoja de ruta
"El Gobierno de la Generalitat asumirá como líneas directrices de su acción de gobierno las que se establecen en la Hoja de Ruta acordada en la Declaración de Inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales". De esta forma, asumiendo la declaración aprobada por el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional, se da inicio en el documento a la serie de medidas repartidas a lo largo del texto que forman la hoja de ruta que llevarían a cabo Junts pel Sí y la CUP para la independencia catalana. Con el fin de llevar adelante este propósito el documento expone que consta de dos fases:
- "Una primera fase que comienza después del 27S con una declaración de inicio del proceso de independencia con la creación de las estructuras de Estado necesarias desde un gobierno de concentración y el inicio de un proceso constituyente de base social y popular"
- "Una segunda fase de carácter institucionalmente constituyente, que comprende la celebración de unas elecciones constituyentes, la culminación del proceso de creación del Estado independiente con la aprobación de la Constitución y su ratificación mediante un referéndum".
Una vez llevado a término este punto, el documento firmado por Junts pel Sí y la CUP sometido a votación de las bases asume que una vez "culminada la primera etapa, se procederá a la proclamación de la independencia, a partir de la desconexión con el respecto al ordenamiento jurídico español vigente". Esta separación tendría lugar a través de dos leyes: la Ley de transitoriedad jurídica, "que debe regular de manera provisional los elementos estructurales del nuevo Estado y las cláusulas generales dirigidas a garantizar, desde el primer momento, la completitud del ordenamiento jurídico del nuevo Estado y la continuidad y sucesión ordenada de administraciones", y que indican que supondría la continuidad, salvo excepciones, "de la aplicación del derecho autonómico catalán, del derecho español, del derecho de la Unión Europea y del derecho internacional"; y la Ley de proceso constituyente, "que regulará la fase parlamentaria y referendaria del proceso de elaboración y aprobación de la Constitución".
Respecto a los acuerdos de reparto de bienes, el texto asegura que se neogicarán los bienes materiales en Cataluña, los bienes que España tiene en el extrajero y son compartidos, así como los bienes económicos y financieros
El documento explica respecto a la negociación con el resto de España que "acordar la subrogación de convenios, la gestión de las fronteras con el Estado, los traspasos de funcionamiento y organismos" y aspectos clave en cuanto al sector energético, el Ebro, el espacio radioeléctrico, entre otros. Respecto a los acuerdos de reparto de bienes, el documento asume que "habría que negociar todos los bienes materiales que España administra actualmente en Cataluña, así como los bienes que España tiene en el extranjero y que son compartidos y los bienes económicos y financieros, que incluyen los activos (fondos de la Seguridad Social, fondos de compensación, etc.) y los pasivos (deudas de Cataluña avaladas por España y deudas de España que podrían corresponder a Cataluña), entre otros".
En relación a la agenda exterior del presidente, los miembros del Gobierno y el Parlamento, el texto apunta a que el conjunto de esta acción "se dirigirá al ámbito de las instituciones que configuran el marco legal internacional (ONU, Consejo de Europa, Corte Internacional) e incidirá en los actores internacionales relevantes en las materias propias del derecho a decidir".
Medidas concretas para la independencia en el acuerdo
En el primer bloque (aquellas que han de hacerse efectivas antes de la desconexión):
- Inicio del debate y tramitación de las leyes de la Agencia de protección social, la de la Agencia tributaria y la del proceso constituyente en la fase institucional.
- La creación del Departamento de Exteriores.
- La creación de 15 delegaciones exteriores de la Generalitat.
En el segundo bloque (obligatorias pero no se exige su implantación antes de la desconexión):
- Crear un Servicio de inteligencia catalán.
- Autoridades reguladoras y de la competencia propias.
- Crear una hacienda catalana propia.
- Establecer una Seguridad social catalana.
- Formar funcionarios y demás personal al servicio de las administraciones catalanas.
- Tomar la gestión de los residuos nucleares.
- Crear un DNI catalán o Tarjeta ciudadana de servicios.
En el cuarto bloque (acciones que se deben iniciar inmediatamente después de la constitución del Gobierno, aunque prevén que en algunos tendrán que dejar pasar por delante las actuaciones de los dos primeros bloques) el documento destaca que habrá que validar los anteproyectos normativos ya redactados, que también podrán reformar como son:
- la Ley fundacional y de la normativa que la desarrolla (Ley de adaptación del poder judicial y la Administración de Justicia; el Decreto ley de incorporación del personal a la Administración del nuevo Estado y el Decreto ley de sucesión de contratos)
- la Ley de Aguas
- la Ley de comunicaciones
Por otro lado, las medidas del bloque cuarto dedicadas a aspectos de la independencia son las siguientes:
- Crear el pasaporte y visados para los ciudadanos catalanes
- Delimitar el territorio y preparar acuerdos con estados limítrofes.
- Preparar el procedimiento de incorporación de personal en la Administración del nuevo estado; crear los cuerpos nuevos y decidir sobre la integración del personal de los cuerpos de seguridad del Estado español que presta sus servicios en el territorio de Cataluña.
- Disponer desde el primer momento del Registro Civil, el Registro de la propiedad y mercantil; el Registro de la propiedad; los datos del catastro, el Registro de actos de última voluntad, y los Registros de penados, menores, violencia doméstica, de los aplicativos sobre cuentas de consignaciones de los juzgados, del sistema de productividad de los secretarios judiciales y de la gestión de subastas.
- Preparar la implementación o aplicación de la Ley que crea el Banco Central y la integración en la zona única de pago (SEPA), en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en el Comité de Supervisión Bancaria y en el Consejo de estabilidad Financiera.
- Establecer procedimientos de recaudación ejecutiva. Diseño y actuaciones de implementación.
- Obtener datos con trascendencia tributaria.
- Establecer una estrategia de implementación del sistema aduanero.
- Crear una regulación completa en el ámbito del gas y la electricidad, incluyendo leyes sectoriales, de operadores, de mercado, de la autoridad reguladora, de garantía de prestación de servicios, y de participación en organismos internacionales.
El primer principio del Proceso Constituyente recoge que "el titular del Poder Constituyente en la República Catalana será el conjunto del pueblo de Cataluña como soberano"
Además, al acuerdo se adjunta un documento de principios marco del proceso constituyente, que sirve de base para elaborar la Ley de Proceso Constituyente. Entre los quince principios que recoge este apartado, cabe destacar el primero, en el que se asegura que "el titular del Poder Constituyente en la República Catalana será el conjunto del pueblo de Cataluña como soberano", el segundo, que asume la Asamblea Constituyente (AC) como organo central a través del que Cataluña "ejercerá el Poder Constituyente" y los poderes de esta Asamblea, recogidos en el principio séptimo, y que recoge que ésta "tendrá jurisdicción sobre todo el territorio y sobre todos los ciudadanos de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña. Entre otras funciones, el AC asumirá las atribuciones que hoy en día ejercen las Cortes españolas y el Parlament de Catalunya. Las que tienen que ver con nombrar un jefe del ejecutivo se referirán a la elección del presidente del gobierno provisional de la República Catalana, que ejercerá de jefe de Estado y de gobierno hasta que la adopción de la Constitución precise la forma de gobierno de la República y se convoquen las primeras elecciones ordinarias".
De esta forma, el documento sienta las bases para iniciar y culminar la desconexión territorial de Cataluña con el resto de España. La palabra ahora la tendrán 3.577 militantes de la CUP, que decidirán si asumir este acuerdo con Mas a los mandos de la nave independentista.
