Las tres asociaciones de fiscales son partidarias de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la instrucción de las causas las asuman los fiscales. Se trata de una propuesta que lleva décadas sobre la mesa pero que este Ejecutivo, con Félix Bolaños al frente del Ministerio de Justicia, está agilizando. El movimiento ha sido bien acogido por la carrera, aunque desde algunas asociaciones se mira con recelo al apuntar a una apariencia de dependencia del órgano que dirige Álvaro García Ortiz con el Ejecutivo.
Desde la Asociación de Fiscales consideran que la reforma de la LECrim, que las asociaciones abordaron en reunión con Bolaños la semana pasada, se impulsa en un momento "no idóneo". "Lo primero que habría que hacer es recuperar el prestigio de la Fiscalía General, que está en un momento de mínimos", explica en declaraciones a Vozpópuli Cristina Dexeus, presidenta de la asociación mayoritaria.
Al igual que la Unión Profesional de Fiscales (UPF) y que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), consideran que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debe ir acompañada ya no de una modificación en paralelo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sino de la redacción de un nuevo que dé al fiscal una nueva independencia económica de gestión y reglamentación.
Los fiscales y la dependencia del Gobierno
Precisamente, uno de los principales reclamos en la institución es que se otorgue un presupuesto propio y singularizado dependiente del Ministerio de Justicia. Este reclamo se ha recogido reiteradamente en las memorias de la Fiscalía General del Estado y también en advertencias provenientes de entes como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
La Asociación de Fiscales plantea una reforma en aras a garantizar independencia económica de gestión y a evitar las puertas giratorias para que fiscales que asumen un cargo político no puedan retornar a su plaza inmediatamente después de abandonar el cargo
Así pues, las asociaciones consideran que la reforma planteada en su día por el exministro de Justicia Juan Carlos Campo debe ir aparejada a la redacción de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal que garantice una independencia del Ejecutivo y una autonomía real de actuación. Al hilo, Dexeus considera que el actual se ha quedado obsoleto, limitado y que no regula.
Desde la Asociación de Fiscales se propone una reforma dirigida a una doble vía: por un lado conseguir una mayor independencia de actuación de los fiscales y, por otro, terminar con las puertas giratorias en la Fiscalía General del Estado. Lo que se pretende es evitar que un fiscal asuma un cargo político y, al término de esta etapa, vuelva de manera inmediata a su plaza como fiscal.
Se trata de supuestos que se han dado en el caso, por ejemplo, de Dolores Delgado, quien fue designada fiscal general del Estado tras cesar como ministra de Justicia. Por ello, esta asociación pide que se prohíban estos movimientos en un plazo de, al menos, cinco años.
Urgencia de Bolaños
Por su parte, desde la UPF aplauden la reforma, pero también avalan la redacción de un nuevo Estatuto, máxime después de que en 2022 se aprobara un nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal. En declaraciones a este medio, el presidente de la UPF, Jesús Arteaga, apunta en esta dirección y destaca, además, que el ministro de Justicia acogió de manera positiva la reivindicación de autonomía presupuestaria en la que se incide también desde Europa.
La UPF incide en la independencia presupuestaria de la Fiscalía General no solo para garantizar la instrucción en las causas sino porque el calibre de esta institución así lo exige
Cabe destacar que Bolaños ha impreso celeridad en lo que respecta a la reforma de la LECrim, hasta el punto de que pretende que pase por el Congreso de los Diputados a más tardar en septiembre. De esta forma, el proyecto que se redactó bajo el mandato de Juan Carlos Campo tendría que recabar informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este mes de abril y, tras ello, haría lo propio en el Consejo de Estado; institución cuya presidencia acaba de asumir la hasta ahora vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo. Tras ello, se espera que la reforma pase al Consejo de Ministros para su posterior aprobación en la cámara baja.
Blindar a los fiscales de la dependencia jerárquica
Por su parte, la APIF matiza que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además, debe garantizar que no se pueda remover a los fiscales adjudicados a un determinado caso. El texto, que data de 1981, determina en su artículo 23 que "en cualquier momento" el superior jerárquico de un fiscal puede mediante resolución motivada, apartarle de un caso y designar a otro miembro de la carrera
Al respecto, el presidente de la APIF, Miguel Pallarés, solicita un cambio para que los fiscales que lleven las causas sean "inamovibles" de la instrucción. El objetivo sería blindarles de la propia dependencia jerárquica, de manera que lograrían ser independientes de su propia institución. Para la asociación es un asunto crucial, especialmente cuando se instruyan causas que afecten a la propia Fiscalía o al Ejecutivo de turno, puesto que se evitaría que removieran de la investigación a fiscales por cuestiones que no fueran de índole laboral.
Tras la reunión de la pasada semana con Bolaños, las tres asociaciones se citan este miércoles con el fiscal general. Desde la Asociación de Fiscales y desde la APIF se ha pedido su dimisión en reiteradas ocasiones por los polémicos nombramientos de Dolores Delgado o el caso Stampa entre otros. La última de ellas la efectuó la AF hace apenas unas semanas a tenor de la polémica por la filtración de los correos del abogado de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien la Justicia acaba de abrir causa por presunto fraude fiscal.
