La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) se han pronunciado contra la vicepresidenta Teresa Ribera por sus polémicas críticas al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye el caso del 'Tsunami Democràtic'. La también ministra de Transición Ecológica ha espetado al magistrado su "querencia" al pronunciarse en "momentos políticos sensibles".
En concreto, la APM, mayoritaria de la carrera judicial, ha sostenido que "no es de recibo" en un Estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo "acuse veladamente a un juez de prevaricar". Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al Gobierno que respete la labor de los jueces, y han recordado que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces.
Así han reaccionado tres de las cuatro asociaciones judiciales después de que este viernes la vicepresidenta Ribera afeara la actuación del juez a cargo de la instrucción de la causa de 'Tsunami Democrátic', que ha ratificado su decisión de enviar el procedimiento al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.
"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en el marco de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE que pretende amnistiar una década del 'procés'.
La APM, en un comunicado recogido por Europa Press, ha trasladado además que le produce "una enorme tristeza que desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de 'lawfare' y de judicialización de la política".
Añade que, en una democracia plena, "las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales".
"Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país", apunta.
Las resoluciones no aparecen por "arte de magia"
Por su parte, Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, ha incidido en que "los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política". En este sentido, ha explicado en declaraciones a esta agencia de noticias que los pronunciamientos de un juez en una resolución judicial obedecen a actuaciones procesales de las partes y "no surgen por arte de magia", sino que "España es un Estado de Derecho y las resoluciones judiciales se recurren".
Oliva ha asegurado que los comentarios de la vicepresidenta Ribera "están desprestigiando al país" al entender que "señalar a los jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía", por lo que ha pedido "respeto" al Poder Ejecutivo.
En la misma línea, Fernando Portillo, de FJI, ha afeado la "querencia" de los políticos a "protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas".
Asimismo, ha recordado que "los tiempos de los procesos judiciales no dependen de los jueces". En el caso del procedimiento relativo a 'Tsunami Democràtic', ha recalcado que lleva años investigándose y que "lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido y acelerándose cuando convenga a otros".
Sobre el reciente auto de García Castellón, ha explicado que "si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, este no se habría tenido que pronunciar justo en este momento". "Lo que no pretenderá nadie es que el juez no resuelva un recurso de la Fiscalía a la espera de que termine la tramitación de la ley de amnistía", ha apuntado Portillo en declaraciones a Europa Press.
En todo caso, para el portavoz de FJI "sobran" los "señalamientos públicos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas".
