El próximo martes 11 de marzo se cumplirán diez años del mayor atentado sufrido por España en toda su historia. Diez años que no han sido capaces de borrar la imagen de una masacre que sacudió todo un país y que llevó a la Policía a detener en los meses siguientes nada menos que a 120 personas por su presunta relación con aquellos hechos. Sin embargo, una década después las consecuencias penales de aquellos dramáticos hechos han ido difuminándose hasta que hoy sólo 14 de las 29 personas que finalmente se sentaron en el banquillo de los acusados permanecen aún en prisión. Alguno, como Rafá Zouhier, el marroquí exconfidente de la Guardia Civil que puso en contacto a la célula terrorista con los exmineros asturianos que comerciaban como Goma 2, quedará libre en los próximos días. Otro, como Mohamed Larbi Ben Sellah, han estado a punto, aunque finalmente permanece recluido para ser extraditado a Marruecos, donde la justicia le reclama. De los otros 12, cinco serán excarcelados en los próximos dos años y uno más, Antonio Toro, no lo ha sido ya porque le resta por cumplir penas por otras causas. Sólo a tres de los autores del 11-M les queda aún por cumplir 30 años de prisión.
Uno de los cuatro acusados que fueron absueltos por el Tribunal Supremo murió el pasado octubre en Siria tiroteado por las tropas del régimen de Bashar al-Asad
De hecho, en estos diez años las salidas de la cárcel han sido un goteo que ha pasado en gran medida inadvertido. Así, de las 29 personas que en su día fueron finalmente procesadas y se sentaron en el banquillo de los acusados, ocho fueron absueltas en la sentencia que emitió la Audiencia Nacional en 2007. Del resto, otros cuatro fueron exculpados un año después por el Tribunal Supremo. Fueron Basel Ghalyoun y Muhannad Almallah Dabas, ambos sirios, y que habían sido condenados a 12 años cada uno por pertenencia a banda armada; además de Abdelillah el Fadoula el Akil, amigo de Jamal Ahmidan ‘El Chino’, y que había recibido un pena de 9 años, y del español Raúl González, condenado en primera instancia a 5 años. De ellos, Ghalyon fue expulsado de España inmediatamente y Almallah Dabas murió el pasado mes de octubre en Siria tiroteado por las tropas del régimen de Bashar al-Asad.
El fallo del Supremo, que además de exculpar a estos cuatro condenados rebajo las penas a otros seis, impuso una pena de cuatro años a uno de los que había sido absueltos, el español Antonio Toro. Pese al tiempo transcurrido desde entonces, Toro, que era cuñado del principal suministrador de explosivo de la célula yihadista, Emilio Suárez Trashorras, permanece aún en prisión después de que en 2009 la Audiencia Nacional acordara acumular las condenas que ya le habían impuesto otros tribunales, principalmente por tráfico de drogas. No está previsto que salga de la cárcel hasta finales de marzo de 2022. Más suerte han tenido, sin embargo, otros dos ciudadanos españoles condenados. Se trata de Antonio Iván Reis Palacio y Sergio Álvarez, condenados a 3 años de cárcel por servir de correo de los terroristas y llevar desde Asturias a Madrid mochilas repletas de explosivo, ya están en libertad. Junto a ellos, también han cumplido ya sus penas el argelino Nasreddine Bousbaa y el libanés Mamoud Slimane. A cada uno de ellos el Tribunal Supremo les condenó a dos años de cárcel por haber falsificado los documentos que manejaron los miembros de la 'célula' islamista.
Un excarcelación frustrada 'in extremis'
A todos ellos se les debía de haber unido el pasado 7 de febrero Mohamed Larbi Ben Sellam, a quien el alto tribunal rebajó la pena de los 12 años a los 9 en 2008. Sin embargo, la orden de extradición que cursó Marruecos, donde se le acusa de reclutar a radicales islamistas para enviarlos a Irak a cometer atentados, le mantienen en una cárcel madrileña a la espera de que se ejecute su entrega al país magrebí. Quién sí conseguirá recuperar la libertad en los próximos días, en concreto el 16 de marzo, es Rafá Zouhier. No es reclamado por ningún otro país, pero tanto la Fiscalía como una de las víctimas de aquellos atentados han pedido a la Audiencia Nacional su expulsión al considerar que durante su estancia en prisión se ha radicalizado y, por tanto, continúa siendo un peligro para la sociedad. El delincuente marroquí, que recientemente ha contraído matrimonio en prisión con una ciudadana española en lo que para las víctimas de los atentados ven un intento por permanecer en España, pide que se le conceda el permiso de residencia que perdió mientras estuvo en prisión. La Audiencia Nacional aún no ha tomado la decisión de si le permitirá permanecer en nuestro país u ordena su repatriación.
Una orden de extradición de Marruecos frenó el 7 de febrero la excarcelación de Larbi Ben Sellam. Zouhier, que se ha casado con una española, alega este matrimonio para no ser expulsado cuando sea liberado el 16 de marzo
Tras Zouhier, pasarán otros dos años más antes de que se vuelvan a producir excarcelaciones. En concreto, las de los cinco islamistas que fueron condenados a 12 años de prisión por pertenencia a banda armada. Se trata de Saed el Harrak, Fouad El Morabit, Youssef Belhadj, Hamid Ahmidan y Mohamed Bouharrat. De todos ellos se probó su relación con la célula que cometió los atentados, pero no se les pudo relacionar directamente con la preparación y comisión de la masacre. Todo indica que cuando sean puestos en libertad serán expulsados de España hacia sus países de origen. Dos años después de la excarcelación de todos ellos le tocaría el turno a Hassam El Haski, considerado uno de los cabecillas del Grupo Combatiente Islámico Marroquí (GICM) en nuestro país, aunque de su relación con la masacre sólo se le pudo probar que estaba al corriente de los preparativos. Fue trasladado en 2008 a Marruecos, su país de origen, para cumplir allí el resto de la condena. Además, en el país magrebí ha sido condenado a otros diez años por terrorismo.
Más condena les espera a Rachid Aglif, alias 'El Conejo', y Abdemaljid Bouchar, a quien la Policía bautizó como ‘el Gamo’ después de que consiguiera escapar a la carrera del cerco policial al piso de Leganés donde terminaron suicidándose siete de los autores de la masacre. Aglif y Bouchar recibieron sendas penas de 18 años de cárcel por su relación directa con la trama. El primero acompañó a Jamal Ahmidan, ‘El Chino’, a una de las reuniones con el minero Suárez Trashorras en las que se negoció el intercambio de explosivos por hachís. El segundo, que finalmente fue detenido en Serbia en julio de 2005 y extraditado a España, llegó a ser acusado durante la vista de ser uno de los presuntos autores materiales de los atentados, pero el testigo que en un primer momento le identificó como una de las personas que depositó una de las mochilas con explosivos en los trenes terminó por retractarse. Su salida de prisión está prevista, por tanto, para el verano de 2023.
Treinta años de prisión por delante
Sólo tres personas les superan a ambos en años de condena aún por cumplir. Se trata de los que recibieron las mayores penas, todas ellas de miles de años, aunque la ley sólo permite que cumplan 40 efectivos de prisión. Uno de ellos es José Emilio Suárez Trashorras, el exminero asturiano que facilitó el explosivo a la 'célula'. Fue condena a 34.715 años como colaborador necesario en los 192 asesinatos por suministrar a los terroristas la Goma 2. Los otros dos son Jamal Zougam y Otman Gnaoui, considerados autores materiales y que por ello se les impuso 42.917 años de cárcel a cada uno, las mayores impuestas jamás por la Justicia española. Tras llevar cada uno de ellos cerca de 10 años encarcelados, aún les queda por cumplir 30 años para conseguir la libertad. Será en el año 2044.
La excarcelación del exminero Suárez Trashorras y los yihadistas Jamal Zougam y Otman Gnaoui, condenados a miles de años cada uno, no está prevista hasta el año 2034
Para el resto de los implicados en el 11-M que evitaron el banquillo y la cárcel, la suerte ha sido dispar. Siete de ellos se inmolaron en abril de 2004 cuando la Policía los había localizado y los tenía rodeados en un piso de Leganés. Eran Jamal Ahmidan, ‘El Chino’; Serhane Ben Abdelmajid, 'El Tunecino'; Allekema Lamari, los hermanos Mohamed y Rachid Oulad Akcha, Rifaat Anouar Asrih y Abdennabi Kounjaa 'Abdallah'. Entre ellos se encontraban varios de los autores materiales de los atentados y los cabecillas de la célula islamista. Otros seis, además de Bouchar, consiguieron escapar. De ellos, tres –Mohamed Belhadj, hermano de Youssef, Hicham Ahmidan, primo de ‘El Chino’, y Abdelilah Hriz- permanecen hoy presos en Marruecos con penas que van desde los 8 a los 20 años, mientras que a los otros tres se les da por muertos. Uno de ellos, Mohamed Afalah, quien falleció al cometer un atentado suicida en Irak en mayo de 2005. Similar destino tuvo el argelino Daoud Ouhnane, cuya huella dactilar fue hallada en la célebre Reanult Kangoo localizada en Alcalá de Henares que fue la primera pista que llevó a la desarticulación de la trama. Se cree que Ouhnane murió en un enfrentamiento con tropas de la coalición internacional también Irak. El último es Othman el Mouhib, a quien en un auto de febrero de 2007 el propio juez Juan del Olmo, instructor del 11-M, dio por muerto en un atentado terrorista cometido en el mismo país de Oriente Próximo.
También se da por muertos a Said Berraj, 'El Mensajero', y a Amer el Azizi. El primero, considerado un experto en explosivos que había recibido entrenamiento militar en los campamentos de Al Qaeda en Afganistan, se le da por muerto desde 2006. Al segundo, considerado el verdadero instigador de los atentados del 11-M y al que se le relaciona también con los autores de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, se le situó durante años en Waziristan del Norte, una región pakistaní dominada por los talibanes, junto a su mujer española, Raquel Burgos. En diciembre de 2005, un misil lanzado por EEUU acabó con su vida en su refugio. Entonces era considerado el segundo del jefe de operaciones externas de Al Qaeda. Ninguno de ellos se llegó a sentar en el banquillo de los acusados.
