El casó ático ya tiene fecha clave. Será el próximo 26 de septiembre cuando la Audiencia Provincial de Málaga resolverá si se puede seguir investigando al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su polémica adquisición de una casa en la localidad malagueña de Estepona, según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
La Sección Novena del citado tribunal decidirá sobre un recurso presentado por una de las acusaciones -que representa a extrabajadores de Telemadrid- contra el deseo de los acusados de poner fin al caso apelando a la Ley de plazos en la instrucción impulsada en su día por el exministro de Justicia Rafael Catalá. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigado en esta causa junto a González, presentó un recurso recordando que había expirado la última prórroga que se había dado el Juzgado para investigarlos.
Se trata de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promovida en 2015 por Catalá, quien se convirtió en empleado de la fundación del Atlético de Madrid cuando dejó su cargo en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Establece unos límites de tiempo para investigar y las partes tienen que justificar la posibilidad de una prórroga en caso de que necesiten pedir más actuaciones. Son muchos los presuntos corruptos que se están viendo beneficiados por esta medida. En el marco del caso Lezo.
La Audiencia Provincial de Málaga puede ordenar al Juzgado que siga investigando o atender a la Ley Catalá. En este último caso, el juez tendría que preguntar a las partes si, con las pruebas que hay encima de la mesa y después de siete años de investigación, mantienen su acusación o la retiran. En caso de no persistir, el caso se archivará sin más.
Desde el inicio, la Policía trabaja con la intención de conocer el destino de los 770.000 euros que el matrimonio González pagó en 2012 a la sociedad opaca Coast Investors, cuyo dueño real se desconoce. En su recurso, los extrabajadores de Telemadrid defienden que los plazos que establece esa ley deben ser referenciales para evitar dilaciones indebidas, pero no pueden ser más restrictivos que el propio margen de la prescripción del delito que se está investigando.
En caso de que la Audiencia Provincial atienda este argumento, la acusación pide que se impute a una persona llamada Rudy Valner directivo de Coast Investors. Esta persona trabajaba para Cerezo -productor de cine- en la firma Vídeo Mercury y dijo que el verdadero propietario era un señor argentino llamado Luis Osvaldo Repetto, también dedicado al negocio del cine.
Según informó El Español, se trata de un anciano en quiebra desde 2002. No cumple con el perfil de haber adquirido el ático de 2008 sin haberlo visto siquiera, después habérselo alquilado al matrimonio de Ignacio González y Lourdes Cavero, luego haberle rebajado ese arrendamiento para más tarde recibir 770.000 euros en 2012. Los trabajadores de Telemadrid también quieren que se analice el patrimonio de esta persona.
