El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, nombró el pasado lunes a Manuel Rodríguez Jiménez nuevo jefe superior de Policía en Cataluña. El comisario principal da un salto hacia una de las jefaturas más incómodas de España, después de su desempeño al frente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid.
El nombramiento de Rodríguez llega con cierta polémica después de que haya salido a la luz que un juzgado madrileño le investiga por un presunto delito de acoso laboral, prevaricación administrativa y lesiones psíquicas a raíz de una querella interpuesta por un subinspector de Policía en 2022.
El agente presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 34 de Madrid un escrito en el que manifestaba las secuelas psíquicas que presuntamente le había causado su "cese", ejecutado a decisión de Manuel Rodríguez. El juzgado madrileño inadmitió en un primer momento la querella, pero tras un recurso de apelación presentado por la acusación, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la investigación contra los dos cargos policiales.
Relegado a la "unidad de castigo"
Vozpópuli ha accedido en primicia al audio en el que el comisario reconoce la responsabilidad de relegar a este agente a las Unidades de Seguridad y Protección, un puesto considerado entre los compañeros del Cuerpo como una unidad de "castigo". La grabación, que ya forma parte de las diligencias recogidas por el juzgado de instrucción, muestra como el nuevo fichaje de Marlaska reúne alrededor de 60 agentes para explicar, extraoficialmente, los últimos movimientos ejecutados dentro de su unidad policial.
En dicha reunión el comisario habla abiertamente del traslado del querellante y de su situación personal que este atravesaba en ese momento, el cual se encontraba de baja laboral por un trastorno de ansiedad generalizada. Delante de más de medio centenar de agentes, Rodríguez anuncia que han llegado al menos 67 minutas de solidaridad (a raíz de la reubicación del querellante) de policías y oficiales al mando.
Según denuncia el subinspector relegado en la querella interpuesta contra este y otro de sus superiores que el comisario, a sabiendas de que sus compañeros habían manifestado por escrito su apoyo, aprovechó para "amenazarles".
En el audio puede comprobarse el siguiente discurso: "Tengan un poquito de cuidado cuando reflejen algunas ideas, que son libres de hacerlo como consideren oportuno pero… podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutas de apoyo al subinspector se conviertan en una queja colectiva, las quejas colectivas, hasta donde creo saber, están prohibidas y hasta donde yo sé también en esta Brigada, no hace tanto tiempo, se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad, no de la Brigada, de esta jefatura, por una queja concertada y fue una falta grave con 5 días de suspensión de empleo y sueldo, que eso acarrea algunas consecuencias de cara a su futuro profesional”.
El querellante considera estas declaraciones constitutivas de un delito de amenaza, criterio que no fue compartido en primera instancia en instrucción y rechazado, el pasado mes de febrero, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal se une a lo expuesto por la jueza instructora y considera que respecto a este delito procede el sobreseimiento provisional. No obstante, el auto se matiza que dicha resolución "no obsta para que, si a tenor de las diligencias que se practiquen, concurrieran otros indicios acerca de la perpetración de un delito de amenazas, la causa pueda proseguir respecto de tal delito".
El comisario de Policía asume como suya la decisión del traslado
Las grabaciones desvelan también el motivo por el que Manuel Rodríguez habría decidido relegar al querellante a otra unidad. A diferencia de lo que aparece firmado en la resolución oficial, en la que se justifica la orden por la "prioridad en la cobertura del nuevo servicio policial encomendado y optimización de los recursos humanos de la Plantilla", el comisario afirma que se traslada al agente por su conducta al frente de una intervención policial en un hecho de violencia de género.
"La situación del subinspector se le remueve porque considero que la actuación del día de San Blas, desde mi punto de vista, es mejorable. Yo sinceramente no hubiera realizado la entrada en el domicilio. Como jefe de la Brigada considero que no se han cumplido unas órdenes verbales que se habían impartido, específicamente, por el jefe de la unidad y el jefe de la Brigada", confiesa.
La destitución del querellante se perpetró después de que su nombre saltara a los medios, como el subinspector que ordenó derribar con un ariete la puerta de un piso en la calle Lagasca de Madrid. La causa, conocida como el 'caso ariete', llegó hasta la Audiencia Provincial de Madrid, donde el agente consiguió la absolución. El tribunal vio justificada la actuación de los agentes y condenó en costas a la acusación por su "temeridad".
'Caso ariete'
Al foco mediático y judicial al que ha estado sometido este agente, se une la presunta presión interna que denuncia haber sufrido en el año 2022. El subinspector alega haberse sentido maltratado por su superior inmediato, José David Molano Margallo, inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid, y por el por entonces comisario de su unidad. La acusación insiste en que los hechos denunciados son consecutivos de un delito de acoso laboral, prevaricación administrativa, lesiones psíquicas y amenazas.
En auto emitido por la Audiencia Nacional, la magistrada ordena al juzgado de instrucción incoar las diligencias necesarias para "esclarecer en qué medida la resolución de 11 de febrero de 2022 esconde un cambio de destino como sanción, así como en qué medida lo acordado por tal resolución era contraria a Derecho, que ocasiones un resultado materialmente injusto y que fuera dictada 'a sabiendas' de la injusticia".
En este momento, la causa continúa en fase de instrucción a la espera de que se presenten los escritos de conclusión de las partes. Fuentes jurídicas explican que Manuel Rodríguez y el otro inspector ya han declarado como investigados en los juzgados de Plaza de Castilla. El siguiente paso, será que la jueza decida archivar la causa o, por el contrario, sentar en el banquillo al inspector de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y al actual jefe de Policía en Cataluña, recién nombrado por Fernando Grande-Marlaska.
